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La lista de Dependencia sigue atascada en 8.000 personas en Canarias pese a los pequeños logros tras 14 años de ley

Una persona mayor pasea por el sur de Gran Canaria. FOTO: ALEJANDRO RAMOS

Jennifer Jiménez

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Este mes de diciembre se cumplen 14 años de la entrada en vigor la Ley de Dependencia y Canarias sigue sin saldar su deuda con las personas que tienen el derecho reconocido. Pese a los esfuerzos realizados el último año, la pandemia, el mal punto de partida, la falta de personal para resolver las solicitudes y otros males estructurales siguen golpeando a esta área. Mientras, la crisis sociosanitaria ha recordado que es uno de los pilares del sistema que requieren de refuerzo. En el aniversario de la norma, la asociación estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha recordado algunos datos que siguen preocupando en el Archipiélago, como el tiempo medio de espera, que en las Islas es el más elevado (636 días), o el hecho de que a lo largo del año hayan fallecido 3.004 personas en las Islas, 2.080 en el llamado “limbo de la dependencia” o personas a las que aún no se les había estudiado su solicitud y 924 con la prestación ya reconocida pero aún sin percibirla.

Según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en el mes de noviembre había 8.005 personas en las Islas que ya tenían reconocido el derecho a ser atendidas con algunas de las prestaciones que ampara la ley (ayuda a domicilio, teleasistencia, residencias de mayores…) pero que aún no habían percibido ninguna de estas ayudas. Actualmente, son 25.059 las beneficiarias de esta norma en el Archipiélago, lo que supone un incremento con respecto al pasado año, cuando había una lista de espera de 9.013 personas en ese mismo mes y 23.171 eran atendidas. No obstante, realizar una comparativa no es sencillo, ya que mientras se conceden prestaciones sigue incrementándose el número de solicitudes para recibir atención en el marco de esta norma. 

El director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, explica que en enero se incorporaron 200 personas a esa lista de espera porque se les había resuelto su solicitud, lo que la colocaba de nuevo en 9.200 personas con el derecho reconocido. Este mes de noviembre hay 16.374 solicitudes aún pendientes de resolver y 38.555 que ya han sido estudiadas. Durante el estado de alarma, esta comunidad fue reconocida como una de las regiones donde había mejorado la atención a la dependencia en esos meses y solo en nueve comunidades autónomas ha crecido el número de personas beneficiarias con prestación respecto a noviembre de 2019 y así lo señala también la asociación estatal. Montero añade que se niega a considerar que el año 2020 haya supuesto un tiempo perdido, pero sí que ha trastocado las previsiones de la Consejería de Derechos Sociales y asegura que su equipo es muy consciente de que aún queda mucho por hacer. 

El director de la asociación de gerentes y servicios sociales, José Manuel Ramírez remarca que el Gobierno actual no es el culpable de los años en los que Inés Rojas (consejera de Servicios Sociales entre 2007 y 2014 con Coalición Canaria) no puso en marcha este derecho, pero sí cree que debe destinar mayores recursos para revertir la situación. En los primeros años en los que llegó la ley apenas se desarrolló en Canarias, que siempre lideró las peores cifras en atención e incorporó como ayuda a domicilio propia el servicio que en realidad facilitan algunos ayuntamientos para personas mayores (sean dependientes o no), por lo que una investigación en 2015 con esa misma Consejería a cargo del PSOE (con Patricia Hernández como consejera e Isabel Mena como viceconsejera) puso al día la lista del Archipiélago con cifras reales, sacando además de cajas expedientes que no habían sido actualizados.  

La siguiente consejera en hacerse cargo del área, tras la ruptura entre los socialistas y el partido de Fernando Clavijo, Cristina Valido (CC), llegó a ser reprobada en el Parlamento regional en 2018 porque tampoco logró bajar la lista de espera y sus cifras no coincidían con las del Ministerio, ya que anunciaba cada mes como símbolo de “buena gestión” la agilización en el estudio de las resoluciones, mientras que apenas disminuía el número de personas que aun teniendo el derecho reconocido seguía esperando. Además, excusaba la diferencia de datos en que los del IMSERSO solían estar desfasados y que contabilizaban fechas diferentes, una cuestión que fue criticada entonces por la asociación que preside José Manuel Ramírez.

¿Qué se espera del próximo año?

La asociación estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha sido muy crítica con la escasa financiación en esta área, en especial en Canarias. Sin embargo, este 24 de diciembre celebraba que finalmente los Presupuestos Generales del Estado reviertan los recortes que se produjeron en dependencia en el año 2012 con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. “Las partidas para la dependencia aumentan hasta 2.359 millones, un 34,4%, y el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales aumenta hasta 100 millones”, afirma. No obstante, advierte de que “los incrementos presupuestarios deben ir acompañados de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera. Financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías de hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura, o a seguir maquillando las listas de espera (limbo), con servicios low cost”. 

En los últimos informes de la asociación ha destacado que en Canarias la financiación es aún insuficiente. El Estado cubre apenas el 15% y la comunidad autónoma el 85%. Así mismo, subraya que se invierte una media de 95 euros por habitante, la más baja del Estado. Miguel Montero apunta que a ese cálculo faltaría añadir que el sistema se cofinancia con los cabildos en un 50%, por lo que habría que agregar las partidas de las corporaciones insulares. No obstante, apunta que en Canarias se incrementan los fondos para esta área en un 3% para 2021 y que la inyección del Estado permitirá que, en lugar de financiar el 15% actual, se coloque en un 25% al menos. Sí coincide con la asociación de directores y gerentes en Servicios Sociales en que la financiación autonómica no debería mermar por el hecho de que el Estado esté aumentando estos esfuerzos, sino remar ambos en la misma dirección para mejorar este sistema. 

Este año el área de Dependencia y Discapacidad contará con 101 personas más. Se trata de personal administrativo y terapeutas de atención temprana, entre otras personas que se suman a la plantilla y permitirán ayudar a bajar la lista de espera. Una de las preocupaciones de Canarias sigue siendo la falta de plazas en residencias. Cuando acabe el plan de infraestructuras sociosanitarias se contará con unas 5.000 y la asociación estatal ha calculado que hacen falta unas 7.200 con los datos de lista de espera actuales, que, por otro lado, siempre sigue aumentando y cada año son necesarios más recursos. 

Montero señala que el conjunto del Gobierno de Canarias no ve la necesidad de aumentar el presupuesto del plan de infraestructuras, por lo que asegura que se solicitará el dinero a Europa para acabar esas obras que en la legislatura pasada se introdujeron en el plan concertado con los cabildos con un presupuesto que no se ajustaba del todo a la realidad y que ahora resulta insuficiente. Así mismo, recuerda que se ha incrementado el número de subvenciones otorgadas a entidades (1,3 millones en ayudas directas y 4 en concurrencia competitiva) y que están enfocadas a proyectos destinados a la prevención, protección a las personas con dependencia o discapacidad, a sus familiares, proyectos de promoción de la vida autónoma e independiente o de mejora de los servicios. Con fondos europeos se pretenden financiar otros proyectos de la Consejería de Derechos Sociales, pero aún siguen perfilándose. 

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