Imputados cinco policías por detención ilegal en el caso 'timesharing'
El jefe del operativo del Grupo I de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha declarado este martes ante el juez de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana en calidad de imputado por un presunto delito de detención ilegal. La citación llegó como consecuencia de la denuncia interpuesta por quince trabajadores de un centro de atención telefónica de Arguineguín que fueron retenidos varias horas en su lugar de trabajo durante la operación policial llevada a cabo en julio de 2013 contra una supuesta banda de estafadores en masa a turistas extranjeros por medio de la modalidad de vacaciones compartidas o timesharing.
Julio Luis Wood Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé, también ha tomado declaración este martes como testigo a la subinspectora de Empleo que acompañó al dispositivo policial en el registro. Además del jefe del operativo, otros cuatro agentes han sido imputados en esta causa, aunque de momento no se ha fijado fecha para su comparecencia.
La actuación denunciada tuvo lugar el 22 de julio de 2013. La Udyco realizó, sin autorización judicial (la petición llegó al juez seis horas después de haberse ejecutado), una serie de registros en varios inmuebles del sur de Gran Canaria: el domicilio de los principales acusados, Eugen Firedriech Kaiser y Alexandra Jane Emmot; los locales del Club Voyager; el Hotel Club Puerto Atlántico, y el centro de atención telefónica de Arguineguín. La operación se saldó con 76 detenidos, pero el caso fue archivado a finales de abril al no apreciar el juez la estafa masiva a turistas denunciada por la Policía.
Según la versión que han expuesto los trabajadores en sus comparecencias ante el juez, el despliegue se activó sobre las 11.00 horas del lunes 22 de julio. En ese momento irrumpió en el local una mujer que primero pidió “que no se moviera nadie” para, minutos después, identificarse como policía. Posteriormente entró la subinspectora de Empleo, que permaneció en la oficina hasta aproximadamente las 13.00 horas, “identificando a los empleados y preguntando a cada uno su horario de trabajo”. Sin embargo, tras la salida de la inspectora, la Policía mantuvo retenidos a los trabajadores varias horas más (algunos de ellos permanecieron allí hasta la noche), siendo esta la causa de la denuncia por detención ilegal.
Los testimonios de los empleados de Eugen Kaiser coinciden en todos sus términos. En las declaraciones a las que ha tenido acceso Canarias Ahora, los empleados ratifican que el centro de atención telefónica no estaba abierto al público porque en la oficina no se atendía a ningún cliente (la denuncia pide también que se impute a los mandos policiales los delitos de allanamiento y coacciones), que en el call center se dedicaban a tramitar reclamaciones y a captar clientes y que los agentes les dijeron que era una inspección de trabajo, pero no les explicaron si habían sido detenidos ni el motivo por el que no les permitían marcharse.
Los denunciantes aseguran que los policías sacaron fotos y revisaron documentos que estaban encima de las mesas, pero que no abrieron cajones ni armarios y que tampoco se llevaron nada de las oficinas.
Los trabajadores del centro de Arguineguín se quejan de la actitud “agresiva y amenazante” de los agentes. “Nos obligaron a permanecer sentados, durante las dos o tres primeras horas no nos permitían ni siquiera ir al baño (tenían que ir acompañados de un agente) y no nos permitieron comer ni beber agua”, dice uno de los denunciantes en su declaración. Tampoco pudieron hacer uso de los teléfonos móviles ni de los ordenadores: “No nos dieron ninguna explicación, solo decían que no trabajáramos, que estuviéramos sin hablar y sin movernos”.
Siempre según la versión de los denunciantes, unas horas después de que se hubiera marchado la subinspectora de Empleo, la Policía permitió a los trabajadores salir de forma progresiva de la oficina, aunque antes les exigió que firmaran una citación para comparecer al día siguiente en la Supercomisaría de Las Palmas de Gran Canaria. “Me dijeron que si no firmaba, me detenían”, afirma uno de los empleados. A pesar de estas citaciones, el día 23 solo declararon cinco trabajadores, los de mayor antigüedad.
La operación 'timesharing'
La operación timesharing contra la presunta venta irregular de paquetes de vacaciones compartidas a turistas parte de una denuncia presentada por Mindtimehsare, una asociación que representa a empresas que compiten con la de Kaiser y que dirige Alberto García, un inspector de la Policía en excedencia.
García y la Udyco acusaban a Kaiser de estafa masiva en la comercialización de paquetes de viajes y descuentos vacacionales, así como de ofrecer y cobrar a los turistas servicios jurídicos “inútiles”, con la expectativa de resoluciones judiciales favorables en el marco del sector turístico del timesharing. Otro tipo de estafa estaría relacionada con la recompra de esos paquetes y descuentos vacacionales. Con respecto a esta última, el juez decidió incoar nuevas diligencias previas independientes para continuar la investigación, aunque sobresee el delito con respecto a los imputados en la causa., al igual que en los otros casos.
El empresario alemán Eugen Kaiser, principal encartado en el caso timesharing, denunció en febrero que todo respondía a un montaje de la Policía y la competencia y acusaba a Alberto García de fabricar una denuncia no comprobada por la Udyco.
