Profesionales de la abogacía de Canarias firman un manifiesto de apoyo a la huelga general

Un grupo de 25 profesionales de la abogacía de Canarias ha firmado un manifiesto en el que anuncian su apoyo y su participación en la huelga general del próximo miércoles, 11 de noviembre. Diecinueve de los firmantes pertenecen al Colegio de la Abogacía de Santa Cruz de Tenerife, tres al de Las Palmas, dos al de Lanzarote y uno al de La Palma. Entre ellos figuran un abogado no ejerciente y una exabogada.

La huelga general fue convocada a principios de octubre por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, UGT, CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera y Co.bas. Los convocantes reclaman medidas para facilitar el acceso a la vivienda, subidas salariales y la reducción de la jornada laboral. La convocatoria se produjo después de que el Congreso rechazara dos decretos ley en materia de vivienda y de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

Trabajo y vivienda

Los firmantes sostienen que el trabajo y la vivienda son “condiciones esenciales para disfrutar de una vida digna” y que deben entenderse como “derechos no sometidos a las reglas del mercado”.

El manifiesto recuerda la reforma laboral de 2012, aprobada mediante el Real Decreto-ley 3/2012, que según los firmantes supuso la “pérdida de protección frente al despido”, el aumento del poder empresarial sobre las condiciones de trabajo y el debilitamiento de los derechos colectivos. Aunque reconocen que algunas de esas medidas se han corregido en reformas posteriores, consideran que la situación actual obliga a defender el derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de la Constitución.

Según el texto, los precios del alquiler y de las hipotecas llevan a muchas personas a aceptar empleos precarios. El manifiesto también menciona el coste de los desplazamientos al trabajo, las dificultades para conciliar, el impacto de los desahucios sobre las familias monoparentales, la dificultad de emancipación de los jóvenes y la situación de las personas mayores, dependientes o con discapacidad.

Salarios

Los abogados y abogadas firmantes reconocen que el salario mínimo interprofesional ha subido en los últimos años. Sin embargo, sostienen que no ha seguido el ritmo del precio de la vivienda y de la cesta de la compra. A su juicio, esto obliga a los trabajadores a destinar una gran parte de sus ingresos a la vivienda y vulnera el derecho a una “remuneración suficiente” que recoge el artículo 35 de la Constitución. El manifiesto añade que el encarecimiento de la vivienda neutraliza las subidas salariales pactadas y supone un “trasvase de ingresos” de los trabajadores hacia los propietarios de inmuebles.

El texto alude también a otros asuntos que afectan al mundo laboral, como la salud mental, la regularización de las personas migrantes y el efecto de la inteligencia artificial sobre el empleo. Menciona además la situación de colectivos que, según los firmantes, no pueden ejercer estos derechos, como las personas migrantes, refugiadas o presas.

Los firmantes concluyen que respaldan la huelga como “una expresión colectiva de reivindicaciones de derechos en retroceso y que están bajo amenaza”.