Vivir dos meses sin un solo céntimo: “Si tengo que dejar de pagar las facturas para dar de comer a mis hijos, lo haré”

La Federación de Asociaciones Africanas de Canarias reparte alimentos a 200 familias sin ingresos durante la pandemia.

Natalia G. Vargas

Las Palmas de Gran Canaria —

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En más de 200 hogares de Gran Canaria no entra “ni un céntimo” desde hace dos meses. La paralización de la economía y el confinamiento han hecho desaparecer los empleos que sustentaban a cientos de familias africanas en la Isla como la limpieza o la construcción. Para las personas que no han logrado regularizar aún su situación administrativa, la realidad es aún más extrema. “Muchos vivían al día y al borde de la marginalidad vendiendo en mercadillos y ganando unos 50 euros a la semana. Ahora no se puede trabajar en la calle y se han quedado sin nada”, explica Teodoro Bondyale Oko, secretario de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC). Esta organización, con la colaboración de supermercados y hoteles, ha distribuido alimentos a estas familias en diferentes municipios. Para Farma, una mujer mauritana residente en Las Palmas de Gran Canaria, la donación ha sido un gran alivio: “Tengo dos hijos y uno con discapacidad. Cobro 258,16 euros del paro. Era barrendera, pero ahora no puedo trabajar porque me van a operar del corazón”.

Al subsidio por desempleo que recibe Farma y que le finaliza el próximo 14 de mayo se suma la prestación por discapacidad de 368,79 euros que percibe su hijo de 23 años. Antes de que se decretara el estado de alarma, ella podía obtener algún ingreso extra a través de los cuidados a menores o a mayores: “Sé que es dinero negro, pero tengo que comer. Y si tengo que dejar de pagar la luz para alimentar a mis hijos lo haré”. A los gastos del hogar se suman los de su medicación para tratar la diabetes y la de su hijo, con epilepsia. Además, para poder operarse del corazón primero tiene que someterse a intervenciones odontológicas que debe pagar para evitar cualquier infección.

Su situación le permite solicitar la ayuda de emergencia del Ayuntamiento capitalino, un ingreso que puede pedir dos veces al año pero que muchas veces se hace de rogar ante la saturación del sistema. “Es un procedimiento muy lento. Primero tienes que pedir cita y después esperar entre dos o tres meses a que la trabajadora o el trabajador social te llame para entrevistarse contigo. Una vez te la aceptan, otros tres meses más hasta que te la ingresan”. El dinero que recibe es de 700 euros para seis meses.

El dominio del español es un punto a favor de Farma, pero la barrera del idioma bloquea los trámites de muchas de sus compatriotas ante la falta de personal en la administración que sepa inglés o francés. Para sortear estos obstáculos, la Asociación de Mujeres Africanas de Canarias (AMAC) está recopilando datos sobre las personas que tienen dificultades para leer o escribir en castellano con el fin de ayudarlas en los procedimientos burocráticos. AMAC ha lanzado una campaña urgente para pedir la colaboración ciudadana con el fin de que estas familias puedan sobrellevar mejor la crisis económica y sanitaria.

También la FAAC ha contactado con la administración para encontrar vías de comunicación entre los servicios públicos y la población africana, pero aún no han obtenido respuesta. Teodoro Bondyale Oko apunta que, además, la mayoría de familias con una facturación cero durante la pandemia están “al límite de la exclusión”, por lo que no tienen ordenadores ni pueden acceder por vía telemática a las ayudas: “Hay hogares en el absoluto abandono”.

La regularización como solución

“Si para mí, que tengo toda mi documentación en regla, es difícil. Imagínate para alguien que no tiene papeles”, plantea Farma. Las dificultades que la Ley de Extranjería pone en el camino de quienes se desplazan a España en busca de oportunidades ha dejado en esta pandemia a cientos de personas con los bolsillos vacíos. “Dependen de los bonos sociales o de los alimentos que puedan darle la FAAC o Cáritas”, apunta la coordinadora de AMAC. Teodoro Bondyale Oko plantea que la solución para salvar a estas personas de la marginalidad es la regularización, que permita trabajar en condiciones dignas a esta población, convertida por el propio sistema en “ilegal”. “Se trata de transformar a la gente que no existía para la sociedad en visible”.

Como en todas las situaciones de crisis, las mujeres encuentran un panorama aún más devastador. Para poder llegar a Europa, en muchos casos caen en redes de trata con las que contraen deudas de hasta 20.000 euros que deben saldar mediante la explotación sexual. Con el estado de alarma, algunos clubes de prostitución han cesado su actividad y han expulsado a muchas mujeres de los locales. “Es un colectivo que incluso siente vergüenza por tener que pedir comida a las ONG”, apunta Teodoro. Algo similar ha sucedido en el área de la limpieza de hogares, sustentada en su mayoría por mujeres migrantes. Con la crisis sanitaria, las personas que tenían internas a trabajadoras en situación administrativa irregular las han echado “para evitar problemas”. “Se quedan en tierra de nadie, porque si la policía las para para pedirles los papeles y no tienen, no pueden expulsarlas tampoco porque las fronteras están cerradas”, explica Teodoro. Pero Farma destaca el sentido de comunidad que caracteriza a sus paisanos: “Lo que tenemos los africanos es que nos ayudamos entre nosotros. Si podemos, nadie va a estar en la calle”.

Pese a que la donación de la FAAC ha permitido comer a muchas familias, la demanda sigue creciendo mientras se prolonga la crisis sanitaria. Carlos, presidente de la Asociación del Pueblo Unido de Ciudadanos de Guinea Bissau, trabaja en la construcción y tiene tres hijos. Su pareja es empleada del hogar y trabaja seis horas al día. Sus ingresos les permiten subsistir, pero a veces se ven obligados a hacer malabares para llegar a fin de meses. Aun así, decidió rechazar la donación de la Federación para repartirla entre sus compatriotas. Pero necesitan más: “Tenemos familias vulnerables que necesitan ayuda. Algunas empresas están cerradas y ya no trabajan y no pueden percibir ningún subsidio”. “Debemos buscar una respuesta para cuando los hoteles ya no puedan darnos comida o los agricultores no tengan papas acumuladas. Estamos hablando de personas que tienen que comer”, sentencia Teodoro.

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