El PP de Güímar exige que el alcalde y otros tres concejales devuelvan los sueldos anulados en sentencia firme
La portavoz del Partido Popular y exalcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, ha anunciado que su partido exigirá este viernes durante la celebración de un pleno extraordinario la devolución del dinero cobrado ilícitamente, según sentencia firme, por el acalde de Güímar, Gustavo Pérez (CC); el primer teniente de alcalde Airam Puerta (PSOE); y los concejales Juan Delgado (CC) y Cándido Gómez (PSOE).
El Partido Popular, denunciante en este litigio afirma haber “forzado” la celebración del pleno municipal de este viernes para exigir “el reintegro del dinero desde 2021 e insta a los cuatro concejales a abstenerse en la votación por su interés personal en este asunto”.
La sentencia
La sentencia que declaró la nulidad de los sueldos la dictó en 2022 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife y afecta a Airam Puerta, desde el 24.06.2021; Gustavo Pérez, desde el 1.07.2021; Cándido Gómez, desde el 12.07.2021, y Juan Delgado, desde el 12.07.2021. El Ayuntamiento presentó un recurso de apelación, que no fue admitido a trámite por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), decisión esta que, al no ser recurrida, ha supuesto que la sentencia adquiera ya firmeza.
Los hechos enjuiciados se remontan a 2021, cuanto tuvo lugar la alternancia en la alcaldía (CC cedió el puesto de alcalde al PSOE), y no aprobó en un pleno un nuevo y obligatorio acuerdo sobre dedicación parcial y exclusiva y retribuciones, por lo que las retribuciones desde entonces quedaron deslegitimadas.
Al respecto, la líder del PP deja claro que “ni los cuatro concejales ni la secretaria municipal pueden alegar que no les advertí desde el primer momento de que se estaba cometiendo una ilegalidad, pero nunca llevaron a pleno el acuerdo que diera cobertura a esos sueldos”. Carmen Luisa Castro sostiene que sus abogados en este caso y la jurisprudencia indican que el dinero indebidamente percibido debe ser devuelto a las arcas públicas.
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