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Una jueza que votó a favor de acabar con los beneficios sociales de Endesa cobró de un máster de los abogados de la compañía

En 2017 la eléctrica anunció el fin de los beneficios sociales que perciben desde hace más de 40 años sus empleados activos y los jubilados, entre ellos el derecho al suministro energético bonificado y las ayudas escolares al personal pasivo

Los sindicatos han solicitado a la empresa una prórroga para que la tarifa energética se mantenga vigente hasta finales de septiembre mientras continúan las negociaciones por un nuevo convenio colectivo

La plantilla llevó el caso a los tribunales y la demanda fue desestimada con el voto en contra de la magistrada Carolina San Martín Mazzucconi, quien, según los trabajadores, debía haberse acogido al deber de abstención por haber colaborado ocho años con el despacho Sagardoy, del que es socio el abogado de Endesa

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Imagen de archivo. EFE

La fusión de doce empresas energéticas de España en el Grupo Endesa y la posterior adquisición del 70% del capital por parte de la compañía italiana Enel marcaron el comienzo de una tensión constante entre más de 30.000 trabajadores activos y jubilados y la propia entidad. En 2017 la eléctrica anunció el fin de los beneficios sociales que perciben desde hace más de 40 años sus empleados, tanto aquellos que cuentan con un contrato en vigor como los que no. Algunas de las recompensas que la empresa pretende suprimir son el derecho al suministro energético bonificado o las ayudas escolares al personal pasivo. Sin embargo, la plantilla seguirá disfrutando de ellas hasta finales de septiembre de acuerdo con la prórroga solicitada por los sindicatos a la entidad en las últimas negociaciones. Los empleados han llevado el caso a los tribunales y, allí, el voto en contra de dos magistrados frustró la demanda. Entre ellos, el de la jueza María Carolina San Martín Mazzucconi, quien, según los trabajadores, debía haberse acogido al deber de abstención por haber sido "durante ocho años" profesora del Máster en Abogacía Laboral de la Fundación Sagardoy, de la que es socio el abogado de Endesa en este conflicto colectivo, José Luis Fraile Quinzaños, y donde la jurista "dio una charla máster dos días después" de que se celebrara el juicio en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de Madrid.

Un trabajador jubilado de Unelco (Unión Eléctrica de Canarias) ha elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una queja disciplinaria por considerar que la magistrada ha incumplido el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye como motivos de abstención tener "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes" y "haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto de litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad". Por su parte, el CGPJ ha confirmado a este periódico que no ha abierto ningún expediente a San Martín. La magistrada no ha querido contestar a las preguntas formuladas por esta redacción.

Sin nuevo convenio

El 26 de junio de 2017, el Grupo Endesa comunicó el fin del convenio vigente hasta el momento y la promoción de un nuevo proceso de negociación colectiva. Tres semanas más tarde, se conformó la comisión negociadora del V Convenio Colectivo Marco de Endesa, integrado por representantes de las distintas entidades del grupo y de las secciones sindicales de UGT, CCOO y Sindicato Independiente de la Energía (SIE). Después de más de 60 reuniones, fue imposible llegar a un acuerdo. "Querían bajar los salarios, aumentar el número de horas semanales, y eliminar beneficios sociales", señala uno de los trabajadores jubilados. Así, tras un año de idas y venidas sin ningún pacto claro, quedó suspendido el convenio anterior sin uno nuevo al que acogerse, ya que la reforma laboral del PP de 2012 impide que, cuando no se logra acordar un nuevo convenio, se pueda retornar al previo. 

El 27 de diciembre de 2018, Endesa comunicó el cierre de la mesa de negociación y las medidas que a partir de enero de 2019 comenzaría a implementar para el personal activo y el jubilado. Desde entonces, la movilización en todas las comunidades autónomas ha sido constante. Los sindicatos han pedido a la eléctrica una prórroga para que la tarifa energética permanezca vigente hasta finales de septiembre mientras continúan las negociaciones. Una propuesta a la que la eléctrica accedió. Luis Roca, secretario de comunicación de CCOO de Endesa en el ámbito nacional, subraya que mantener esta bonificación para los jubilados y sus familias es una de las prioridades para llegar a un acuerdo, mediante la que la empresa asume el gasto eléctrico de uso doméstico de los jubilados. .

"No solo afecta a quienes han mantenido una relación laboral con la empresa, sino también, en caso de fallecimiento, a sus hijos y parejas", aclara. "Si sumamos todo el dinero que la eléctrica se ahorra eliminando esta bonificación, llegamos a la cifra de más de 700 millones de euros. Creemos que quieren reservar este dinero para repartirlo entre los accionistas", valora. Además, augura que, tal y como la italiana Enel hizo con Endesa en América Latina, el propósito es "desplazar todos los beneficios a Roma". Por su parte, Endesa ha respondido a este periódico que "sigue negociando, en estos momentos, con sus representantes sindicales un nuevo convenio colectivo". 

El 18 de enero de 2019, el Gabinete Jurídico Interfederal de CCOO propuso a los trabajadores interponer una demanda colectiva para "restituir el derecho al suministro eléctrico de todos los pasivos que venían disfrutándola desde tiempo inmemorable", absteniéndose de presentar demandas individuales. Tal y como figura en la sentencia, la demanda fue desestimada: "La Sala no considera que la decisión adoptada vulnere el derecho a la negociación colectiva".

Por su parte, la presidenta de la Sala, la magistrada Emilia Ruiz-Jarabo Quemada, formuló el voto particular. "Discrepo de los razonamientos y del fallo de la sentencia de la mayoría de la Sala y entiendo que la demanda debió ser estimada declarando el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo al mantenimiento de los beneficios sociales y económicos que venían disfrutando [...] y declarar la nulidad e ilegalidad de dicha decisión empresarial y se condene también a las empresas demandadas a la restitución de los derechos económicos y sociales ilícitamente suprimidos por la decisión unilateral de la empresa". La acusación ha interpuesto un recurso de casación contra el fallo dictado para que el caso sea elevado al Tribunal Supremo.

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