Más de seis años después de que cerrara sus puertas, el Gobierno de Cantabria aún no tiene claro qué va a hacer con el edificio de la Residencia, en Santander, pero sí que quiere dar un nuevo uso a sus 38.000 metros cuadrados, propiedad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y para ello ya ha puesto la primera piedra.
De momento, va a invertir 611.000 euros en estudiar y tomar una decisión de futuro sobre las dos variables ahora sobre la mesa: reconstruir o rehabilitar. Sea lo que sea, el Ejecutivo autonómico está dispuesto a gastarse cerca de 65 millones de euros en dar una nueva vida, dentro del ámbito de la sanidad pública siempre, a un exponente de desarrollismo sanitario que tiene más valor emocional que arquitectónico para muchos cántabros que vinieron al mundo entre sus cuatro paredes.
Pablo Zuloaga, vicepresidente del Gobierno de Cantabria, ha informado este viernes de la inminente licitación del Plan Director que, a un precio de 611.000 euros, pretende obtener tres cosas: en qué estado se encuentra el edificio, más allá de la existencia de amianto en su estructura, cosa ya sabida; qué usos puede darle Cantabria dentro de sus necesidades, siempre dentro de lo sanitario no clínico; y, por último, elaborar un anteproyecto de la solución que se adopte, bien la rehabilitación del inmueble, bien la reconstrucción en el solar, con la adaptación de los espacios al fin que se pretenda.
Zuloaga ha manifestado que Cantabria necesita espacio construido por lo que el inmueble puede destinarse a albergar la Consejería de Sanidad, el propio Servicio Cántabro de Salud o algún instituto investigador como el Idivial o el Ibbtec; y puede dedicarse también a la formación facilitando espacio a la Facultad de Medicina o la Escuela de Enfermería o combinar usos. Ello lo decidirán los técnicos, pero también se habilitará una consulta pública, sobre todo a agentes especializados del ámbito sanitario.
El edificio de la Residencia Cantabria se construyó en la década de los años 60 del pasado siglo con técnicas constructivas ahora arrinconadas o prohibidas, entre ellas, el uso de amianto para reforzar su estructura metálica. El amianto es cancerígeno si el material que lo soporta se fragmenta, por lo que puede utilizarse el edificio siempre y cuando se encapsule, máxime cuando el inmueble ya no tendrá un uso clínico y sí formativo o administrativo.
Desde 2016, el inmueble está cerrado perimetralmente y con vigilancia continua. Sin embargo, aparte del uso del amianto, hay que estudiar si tiene otros elementos problemáticos desde el punto de vista normativo o relacionados con la salud. De momento, su fachada de alicatado entraña un riesgo de desprendimiento, por lo que los paramentos del edificio desaparecerán sí o sí.
Todos estos detalles, que a la postre determinarán si el edificio hay que demolerlo o no, serán determinados en el primer lote del Plan Director que sale a concurso. La demolición, en todo caso, no será fácil precisamente por la presencia de sustancias tóxicas que encarecerían sobremanera la retirada de materiales y su tratamiento en un vertedero especializado.
Paralelamente que se estudia el estado del edificio, sus patologías, se recabarán opiniones e informes (el segundo lote del Plan Director se dedica a eso) para saber qué uso se le dará y cómo habrá que reordenar y rediseñar los espacios necesarios al fin elegido. Por lo tanto, la Residencia no va a acabar siendo un hotel ni un centro clínico como el Hospital Valdecilla, sino un edificio que dará salida a necesidades de espacio de la Universidad de Cantabria, el Gobierno de Cantabria, sus institutos y fundaciones y de este modo también ahorrar gastos en alquileres para algunas dependencias del Ejecutivo.
El tercer lote ya no es de ejecución simultánea con los anteriores, pero se podrá comenzar a trabajar en él antes de que los dos primeros se entreguen: se trata del borrador del proyecto de futuro para el edificio o solar.
Terminada en el filo de 2026 la obra del Museo MUPAC y avanzado o terminado el polígono de La Pasiga, se estima que el Gobierno de Cantabria dispondrá de músculo financiero suficiente como para acometer unas obras que supondrán una inversión aproximada de 65 millones de euros.
El vicepresidente socialista ha ilustrado los hitos del cronograma del proyecto: el Plan Director se licitará el próximo mes de marzo; el estudio del inmueble concluirá en junio de 2024 (nueve meses y medio de duración tras ser adjudicado); la definición de usos y espacios, en septiembre de 2024 (11 meses y medio); y el anteproyecto del futuro edificio, en diciembre de 2024.
2025 se dedicará a redactar el proyecto definitivo de ejecución, que se espera tener terminado en agosto de 2026. Dado que todo proceso administrativo entraña posibles recursos y demoras, Zuloaga ha apuntado que la adjudicación de las obras se producirá muy probablemente ese año, fecha en la que se espera tener muy avanzados, si no terminados, el MUPAC y La Pasiega. En abril de 2027 comenzarán las obras y el Gobierno de Cantabria negociará paralelamente con la Administración central la cesión definitiva del edificio y el solar.
El vicepresidente ha expresado su convencimiento de que el futuro uso que tenga la zona se convertirá en “un generador de riqueza y actividad económica” tanto para Cantabria como para Santander.
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