La oposición responsabiliza a la concejala de Empleo por las contrataciones irregulares de Santurban
Las críticas por la gestión del equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santander como consecuencia de las presuntas contrataciones irregulares en la empresa pública Santurban, expedientada por la cesión ilegal de trabajadores, son unánimes y todas apuntan en la misma dirección: los partidos de la oposición culpan a la segunda teniente de alcalde y concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador.
Tras el último encuentro del Consejo de Administración de la sociedad municipal, celebrado a principios del mes de febrero y en el que los servicios jurídicos de Santurban explicaron que se habían iniciado los contactos para ofrecer un acuerdo económico a los afectados que habían reclamado judicialmente, reconociendo implícitamente las irregularidades, la situación se ha convertido en insostenible.
Según el concejal de Izquierda Unida en el Consistorio, Miguel Saro, la actuación del gobierno municipal en la gestión de los recursos públicos en materia de empleo es “un fiasco y un bochorno”, algo que, su juicio, se agrava con la actitud de la responsable de Empleo, que “se enroca en su postura de echar balones fuera y culpar de una práctica ilegal que ataca los derechos de los trabajadores al sindicato denunciante para vergüenza de los santanderinos”.
Para Saro, resulta “llamativo” que en el resto de municipios beneficiarios de estas ayudas cofinanciadas por el Servicio Cántabro de Empleo y el Fondo Social Europeo no existan los problemas que hay sobre la mesa en Santander por cesiones ilegales de trabajadores, siendo un Ayuntamiento con una capacidad de gestión muchas veces mayor que cualquier otro de Cantabria. “Estos hechos deberían hacer dudar a todos los vecinos sobre la competencia de la concejala Ana González Pescador”, ha valorado el edil de IU a preguntas de eldiario.es.
En su opinión, “de ahora en adelante cientos de desempleados santanderinos van a ver frustradas sus expectativas de contratación con arreglo al plan de corporaciones locales por los errores del Ayuntamiento, poniendo en riesgo el pan de muchas familias”. Por ello, desde IU reclaman al equipo de Gobierno que lidera Gema Igual (PP) que “ponga fin a sus prácticas irregulares” y “modifique sus procesos de contratación” para poder emplear a las personas previstas durante todo el ejercicio 2018, algo que a estas alturas está lejos de producirse.
De hecho, el equipo de Gobierno del PP ha paralizado la segunda ronda de contrataciones, que debería estar concluida a estas alturas y que iba a suponer la incorporación de otros 131 empleados. Dadas las circunstancias, y sin la certeza de que ese proceso pueda llevarse a cabo a tiempo por el horizonte judicial que tiene por delante el Ayuntamiento, lo más probable es que directamente se renuncie a llevarlo a la práctica para no agravar aún más la situación.
En la misma línea, el edil no adscrito Antonio Mantecón, portavoz del partido municipalista Santander Sí Puede, ha considerado que los últimos datos publicados por este periódico “son un reconocimiento implícito de las prácticas irregulares que en su momento denunciamos desde la oposición, una nueva demostración de que Santander está en manos de un grupo de ineptos sin ningún tipo de respeto por el cumplimiento de la legalidad”.
Ante este escenario, Mantecón ha lamentado que el resultado sea que el equipo de Gobierno haya puesto en peligro la continuidad de este programa, lo cual ha calificado como “un serio varapalo a la lucha contra el desempleo en Santander”. “La señora Pescador es una incompetente que debería irse sin necesidad de que pidamos su dimisión”, ha concluido el concejal de la oposición, que no descarta llevar a pleno este asunto en próximas convocatorias.
Además, el portavoz del PSOE en Santander, Pedro Casares, ha tachado de “muy grave” todo lo ocurrido en Santurban en los últimos meses. Según su interpretación, el hecho de que se inicien los trámites de negociación con los trabajadores “demuestra que los sindicatos tenían razón y la alcaldesa confirma con ello la veracidad de los hechos por los que están siendo investigados”.
“Es tan evidente la posible cesión ilegal de trabajadores que el Ayuntamiento no ha contratado a ninguno de los 131 desempleados que debieran estar ahora trabajando y el equipo de Gobierno del PP ha renunciado a contratarlos aunque no lo digan”, ha manifestado el concejal socialista.
Desfalco en Santurban
El conflicto en Santurban por las contrataciones mediante la orden de corporaciones locales no es la única polémica en la que se ha visto envuelta la empresa pública a lo largo de la presente legislatura. Previamente, la exconcejala de Empleo, Noelia Espinosa (PP), reconoció en 2016 ante la Audiencia Provincial de Cantabria haberse apropiado de 6.270 euros de la sociedad, aceptó la pena de un año de prisión por malversación de caudales públicos que le pedían tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por el propio Consistorio y tuvo que dimitir a los pocos meses de asumir el cargo.
Espinosa, que no ingresó en prisión al no tener antecedentes penales, había pactado con anterioridad la condena, y posteriormente se limitó a rubricarla en los juzgados, sin hacer uso de su derecho a la última palabra. Además, quedó inhabilitada para el cargo de edil durante tres años.
Esta empresaria vinculada al sector del turismo entró a formar parte del Ayuntamiento de la capital cántabra tras las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015. El exalcalde de la ciudad y actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), le encomendó la responsabilidad de las áreas de Empleo y Desarrollo Empresarial.
Del mismo modo, fue nombrada consejera delegada de Santurban, la empresa pública vinculada a la Agencia de Desarrollo Local y en la cual se produjo posteriormente el desfalco. Tras su salida, fue Ana González Pescador, ahora en el centro de la polémica, quien asumió esas competencias.
