PP y VOX impiden que comparezcan expertos en el Parlamento para analizar la ley del Consejo LGTBI
Los grupos parlamentarios del PP y de VOX han vetado las comparecencias de expertos para analizar la futura Ley de creación del Consejo LGTBI de Cantabria. Los diputados de ambas formaciones han unido sus votos en la Comisión parlamentaria que tramita la norma para impedir que se escuche al presidente presidente de ALEGA (Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria), del presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria y de la coordinadora de ACCAS-Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida y presidenta de CESIDA-Coordinadora estatal de VIH y sida.
Estas comparecencias han sido solicitadas por el PSOE, mientras que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) no propuso ningún nombre.
En la misma sesión, la Comisión si aprobó comparecencias de expertos para otro proyecto de ley para modificar la Ley de Derechos y Servicios Sociales. Los diputados dieron el visto bueno a citar en el Parlamento a ocho profesionales para debatir el asunto. Al PRC solo le aprobaron uno de los ocho nombres que propuso y al PSOE cinco de 35.
La tramitación de cualquier ley en el Parlamento de Cantabria incluye la participación de expertos sobre el tema. Se conoce como comparecencias. Los grupos parlamentarios proponen nombres de personas relacionadas con la cuestión a debatir, se negocian en la Comisión y se hace un calendario para que expliquen su parecer sobre la futura normativa y respondan a las preguntas de los diputados.
“No tiene sentido aprobar una ley para dar voz al colectivo y, al mismo tiempo, silenciar durante su tramitación parlamentaria a personas que pueden aportar conocimiento, experiencia y propuestas”, reprochan los socialistas en un comunicado.
La iniciativa de crear este Consejo LGBTI partió del propio Gobierno autonómico del Partido Popular que lo anunció como “una iniciativa que refuerza el compromiso del Ejecutivo con la igualdad, la no discriminación y la participación social”. No obstante, según los socialistas, ya parte “de una tramitación que no escucha a sectores relevantes”.
Pero, en realidad, era una obligación que ya llevaba tres años de retraso cuando se planteó. Una cuestión legal que estaba pendiente para completar el desarrollo efectivo de la Ley de Cantabria de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, en vigor desde diciembre de 2020. Ese texto ya preveía la creación de este instrumento de participación y consulta.
La ley LGTBI de Cantabria establecía que el proyecto de ley de creación del Consejo se debía remitir al Parlamento en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la norma. Es decir, debía haber llegado a la Cámara en diciembre de 2022 como plazo máximo.
El Consejo nace con la voluntad de ser “un órgano estable de representación, consulta y colaboración entre la Administración y la sociedad civil en todas aquellas políticas que afectan a los derechos del colectivo LGTBI” -apuntan desde el Gobierno de la presidenta Buruaga- “consolidando un marco institucional más inclusivo”.
Miembros de la Comisión parlamentaria
La Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento de Cantabria está formada por cuatro diputados del Partido Popular -Álvaro Aguirre (presidente), Alejandro Liz, Yolanda García y Alfonso García-, los regionalistas Teresa Noceda y Ana Obregón, los socialistas Joaquín Gómez y Nórak Cruz; Armando Blanco, en representación de Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio que también en origen fue elegido diputado por ese mismo grupo parlamentario.
Lo que ha sucedido ayer en el Parlamento de Cantabria no es -según el PSOE- una situación aislada. Los socialistas sostienen que el PP ha actuado de la misma forma durante la tramitación de la Ley de Vivienda, la Ley de Juventud o la Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar, “bloqueando la mayoría de las comparecencias propuestas por la oposición de la mano de Vox”.