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Un promotor de Baleares proyecta un establecimiento turístico sobre suelo rústico en Escalante aprovechando la liberalización del Gobierno del PP

Vivienda sobre suelo rústico que se proyecta convertir en un alojamiento turístico en Escalante.

Olga Agüero

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Un promotor de Baleares ha pedido autorización a la Dirección General de Urbanismo de Cantabria para convertir en posada rural una antigua vivienda sobre suelo agrícola protegido en el municipio de Escalante. Afecta a una parcela en Susillos de 99.000 metros cuadrados, de los cuales, 1.000 de ellos ocupará la superficie del alojamiento turístico, en la que se habilitarán también plazas de aparcamiento.

La actuación comprende tres edificaciones existentes vinculadas a usos ganaderos que, una vez rehabilitadas, constituirán un único alojamiento turístico de 9 habitaciones y 18 plazas en el medio rural con categoría de Posada de Cantabria, explica el proyecto consultado por elDiario.es.

Las edificaciones fueron construidas en 1920 y nunca han sido reformadas. La vivienda, de dos plantas, solo ocupa 800. En el terreno hay además ruinas de un edificio destinado a granero y otros anexos a la vivienda, como la cuadra, también en mal estado. El proyecto implica mantener los muros de piedra de la construcción actual y acometer una reforma integral.

La parcela se encuentra catalogada como NUPA -correspondiente al Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola y Ganadero-, categoría que establece la protección de las áreas naturales de producción agrícola y ganadera necesarias para el equilibrio productivo de la economía rural. 

La solicitud, hecha en nombre de Tomás Ribot Promociones S.L., se registró el mes pasado y presupuesta 750.000 euros para las obras de ampliación y reforma. El expediente de autorización ya ha salido a información pública, como notifica el Boletín Oficial de Cantabria.

La excepción hecha regla

Este es un proyecto más que se suma a la multitud de iniciativas que se están acumulando en el mundo rural de Cantabria a lo largo de la legislatura. La liberalización del suelo rústico que impulsó el Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) para permitir la construcción de viviendas unifamiliares y “asentar población” en núcleos rurales está generando un efecto contrario: alimentar el negocio de las viviendas turísticas en la comunidad autónoma.

Se trata de un fenómeno que se está agudizando. En los últimos meses, el Ejecutivo autonómico ha tramitado licencias para edificar en suelo rústico varios proyectos que directamente advierten de que se destinarán a levantar apartamentos turísticos en suelo rústico de municipios como Bareyo, Reocín o Liérganes, entre otros muchos.

La excepción que permitió edificar viviendas unifamiliares en terrenos no urbanizables de Cantabria se justificó en la idea de fijar población rural y de que los propietarios de parcelas rústicas pudiesen hacer una casa a sus hijos en la finca familiar de su pueblo, sin recurrir a recalificaciones urbanísticas. O, al menos, esa fue la literatura que inspiró y consolidó la medida cuando se hizo pública y se defendió en su tramitación parlamentaria.

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