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Cantabria impulsa una bolsa de alquiler social para movilizar vivienda vacía

Un calle del centro de la ciudad de Santander.

Rubén Alonso

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Cantabria pondrá en marcha una bolsa pública de alquiler para movilizar vivienda vacía. Así lo ha anunciado este martes la nueva consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), en una comparecencia parlamentaria a petición propia.

Tras su reciente toma de posesión provocada por los cambios producidos al frente de las consejerías socialistas del bipartito, la exdirectora general de Vivienda ha querido dar a conocer las principales líneas de trabajo del departamento que dirigirá hasta final de legislatura, abordando asuntos relacionados con el mercado laboral o los servicios sociales.

En este sentido, Gómez de Diego también ha subrayado que se encuentra trabajando con el sector de la Dependencia en medidas para paliar el aumento de costes en las residencias motivado por la guerra en Ucrania y, además, ha manifestado su “total disposición” a un tercer acuerdo del Diálogo Social en la comunidad.

Respecto a vivienda, una materia que ha sido su competencia durante esta legislatura, la consejera ha dejado claro que “cumple una función social indiscutible” . El objetivo de la bolsa pública de alquiler, según ha dicho, es que “las personas no tengan que destinar más de un 30% de sus ingresos al pago de la vivienda”. “Si la vivienda cumple una labor social, la vivienda vacía no vale nada”, ha resaltado la consejera, manifestando que “tenemos que ser capaces de ponerlas al servicio de la sociedad”.

Con ello, pretende “seguir ampliando el parque público y captar viviendas vacías para ponerlas a disposición de la gente”. “Que todo el mundo que viva en esta tierra pueda desarrollar una vida plena y pueda acceder a una vivienda como derecho social”, ha incidido.

Gómez de Diego también ha defendido “mejorar los hogares de Cantabria con el impulso a la rehabilitación del parque edificado”, a través de los fondos europeos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un presupuesto de 61,9 millones de euros.

“Es una política de primer orden, con un impulso presupuestario sin precedentes”, ha reivindicado, recalcando la “gran apuesta de contar con edificios energéticamente eficientes que contribuyan también a la activación del sector de la construcción y a la generación de actividad y empleo a corto plazo, a la mejora de la calidad, el confort de las personas y el ahorro energético”.

La consejera de Políticas Sociales ha asegurado también que trabaja con el sector de la Dependencia, que considera “fundamental” para el Gobierno, en medidas de choque para paliar la subida de los costes derivada del incremento de precios por la guerra de Ucrania.

Gómez de Diego considera que la universalización de los servicios sociales es “un reto irrenunciable”, por lo que seguirá trabajando lo que resta de legislatura en “el desarrollo y consolidación del Sistema Público de Servicios Sociales inspirado en los principios de universalidad, responsabilidad pública, equidad y accesibilidad”. 

El objetivo prioritario, según ha dicho, “es cuidar a las que nos cuidan”, lo que supondrá “abundar en mejores condiciones salariales y profundizar en la prevención de riesgos laborales y de enfermedades profesionales derivadas del trabajo”. “Vamos a focalizar, más si cabe, los esfuerzos de mejora de la calidad del Sistema Público de Servicios Sociales en las personas trabajadoras en los cuidados”, ha apostado.

De esta manera, la consejera socialista ha recordado que Cantabria es la primera comunidad autónoma de España en garantizar por ley la actualización de los precios de concertación conforme a los incrementos salariales derivados de la negociación colectiva del sector de la Dependencia, la Discapacidad y la Infancia.

En este sentido, Gómez de Diego ha recalcado que es “una medida justa y necesaria para apoyar a las más de 6.000 personas que trabajan en el sector en la región”, al tiempo que ha expresado su deseo de que el VII Convenio Marco Estatal “se desatasque y pueda firmarse en breve”.

En definitiva, la titular de Empleo y Políticas Sociales ha defendido el “empleo estable y de calidad”, unos servicios sociales “equitativos que lleguen a las personas más vulnerables” y unas “condiciones de trabajo dignas para las personas que cuidan, en su mayoría cuidadoras del sistema de la dependencia y la discapacidad”.

Así, ha defendido “el buen trabajo” de la Consejería sobre los “tres principios” que guían las actuaciones: “el empleo como bien social; la universalización de los servicios sociales como derecho de ciudadanía y no por caridad, y la vivienda como derecho y no como elemento de especulación o enriquecimiento”. 

Asimismo, ha agradecido el trabajo de su equipo y de los empleados que forman parte de servicios públicos “indispensables”, que “han sacado adelante ayudas y trabajo durante los tres años de pandemia”, como han sido “los miles de expedientes de los ERTES” y “el escudo social que ha salvado nuestro sistema productivo”.

“Ni que decir tiene de las personas trabajadoras en los servicios sociales, las personas que trabajan en las residencias, con un compromiso en muchísimos casos fuera del cumplimiento del deber”, ha ensalzado la consejera.

Diálogo Social 

Tras su primera toma de contacto con los agentes económicos y sociales, Gómez de Diego ha agradecido el “talante negociador” que han demostrado las partes del Diálogo Social durante “estos años tan difíciles de la pandemia y también ahora con la guerra de Ucrania”. 

Una actitud, según ha destacado, que ha permitido alcanzar dos acuerdos y desarrollar iniciativas en materia de empleo para “beneficiar al tejido productivo de nuestra región y a las personas trabajadoras”.

“El diálogo social ha sido fundamental para sobrellevar la situación de crisis”, ha enfatizado, por lo que ha mostrado su “total disposición” para alcanzar un tercer acuerdo, para lo que convocará la Comisión Permanente del Diálogo Social “en próximas fechas”.

Tal y como ha defendido, el impulso económico y la creación de empleo es “una prioridad absoluta”. “Un empleo digno y de calidad es clave para garantizar la inclusión social y el desarrollo vital de las personas”, ha sentenciado. 

Tras los datos de abril, Gómez de Diego ha recordado que el mercado de trabajo en Cantabria está “en la senda del crecimiento, con una tendencia continua de descenso del paro”. “Somos la segunda comunidad con más altas en la Seguridad Social y la cuarta donde más descendió el paro y creció el número de ocupados”, ha destacado.

Además, ha incidido en el “importante” aumento de la contratación indefinida, casi un 70%, durante el mes de abril, con un incremento del 300% de los contratos indefinidos con relación al mismo periodo del año anterior. “La reforma laboral está dando sus frutos”, ha aseverado.

En este sentido, la consejera ha prometido “especial atención a aquellas personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo”, como las personas jóvenes, en desempleo de larga duración y mujeres mayores de 45 años, todo ello con el fin de “avanzar hacia un mercado de trabajo más inclusivo y sostenible”.

Y ha destacado programas en marcha para la prospección de empleo como ‘Espacio Empresas’, del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN); el primer ‘Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven’, del que forman parte las ‘Escuelas de Talento Joven’ (dotado con 12 millones) o ‘Jóvenes con Talento’ (más de cinco millones de euros).

Además, Gómez de Diego ha calificado como “prioritarios” los programas que potencien la “recualificación” de las personas desempleadas y ha anunciado nuevas líneas de mejora de las capacidades digitales, el impulso del emprendimiento, el desarrollo rural y la reducción de la brecha de género, con cargo a los fondos europeos. “Queremos un mercado de trabajo más inclusivo”, ha remarcado.

Finalmente, la consejera ha trasladado su “firme intención de seguir impulsando la implantación de los planes de igualdad en las empresas, tanto en aquellas de más de 50 empleados en las que ya es obligatorio por ley, como en aquellas que voluntariamente los apliquen como una oportunidad para garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en su organización”.

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