Piélagos y Fadesa dilucidan en los tribunales la responsabilidad patrimonial por el derribo del Alto del Cuco

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander ha celebrado este lunes la prueba pericial por la reclamación patrimonial de casi 70 millones que la promotora Martinsa-Fadesa hace al Ayuntamiento de Piélagos, por la construcción de 214 viviendas en el Alto del Cuco declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y el Supremo (TS) y que han sido derribadas.

En la sesión han comparecido peritos de ambas partes, a propósito de los respectivos informes encargados, y que a preguntas aclaratorias de los abogados han evidenciado la existencia de “divergencias” entre las cifras expuestas de uno y otro lado.

Tras la declaración de los peritos, se da por concluida la prueba pericial, que da paso a la presentación -por escrito- de las conclusiones y a que la jueza dicte directamente sentencia en caso de que no se celebre juicio oral.

El representante legal de la promotora, José Ignacio Vega, ha explicado que la cuantía que Martinsa-Fadesa reclama al Consistorio -y que fue desestimada en la vía administrativa- por los chalets levantados en una de las laderas del Monte de la Picota se corresponde con el “importante daño” que la anulación del plan parcial aprobado en 2004 y declarado nulo en 2007 causó a la promotora.

En este sentido, ha detallado que esos 70 millones de euros, desglosados en los informes periciales, se corresponden con el daño emergente, esto es, el que la empresa ha sufrido de manera efectiva o real (compra de terrenos, gastos del proyecto, de personal, etc); y el lucro cesante, es decir, el beneficio que esperaba obtener y que no ha logrado.

El abogado ha recordado que Martinsa-Fadesa está en fase de liquidación tras el concurso de acreedores al que se vio “arrastrada” la empresa tras la construcción de las 214 viviendas “amparadas” e incluso “patrocinadas” por el Ayuntamiento, al ser la administración que concedió las correspondientes licencias que permitieron la edificación.

Sin embargo, Vega ha lamentado que “con posterioridad” fueron declaradas ilegales, de ahí el “importante daño” causado a la sociedad que representa, que en 2012 inició la correspondiente reclamación tras la paralización de las negociaciones iniciadas entre ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo, y que terminaron con “ningún avance en ningún sentido”.

Dudas sobre el coste real

Durante la prueba practicada este lunes, ha declarado un perito economista que realizó un informe hace un año. En relación a las facturas presentadas por la empresa, ha apuntado que algunas podrían corresponder a otras promociones, incluso de fuera de Cantabria. Y ha añadido sobre las relacionadas con el Alto del Cuco que no siempre se justifica el abono.

En este sentido, ha advertido de que a pesar de la quita establecida en el concurso es del 70%, Martinsa-Fadesa reclama el 100% de unas facturas “que no acredita que ha pagado”, ha insistido.

Sobre la memoria informativa de las cuentas anuales de la empresa, a este experto le ha llamado la atención que no se informara de “antecedentes preocupantes” como el “riesgo” derivado de la paralización de unas obras por sentencia judicial, algo que es “de primero de contabilidad”.

También ha expresado “serias dudas” sobre el coste del proyecto, basado en estimaciones indirectas y no en cifras “reales”, según ha asegurado. “La diferencia es grandísima”, ha agregado, antes de señalar que el lucro cesante está calculado en función del beneficio bruto cuando a su juicio debe realizarse tomando como referencia el beneficio neto.

Otro perito ha concluido en cambio que la indemnización reclamada es una estimación “razonable” y se correspondería con el “coste real del daño” causado a la empresa, y ha defendido que la documentación contable sobre la que se ha calculado es “fiable”.

Finalmente, un experto en medio ambiente ha manifestado que si se tienen en cuenta la afección paisajística, el proyecto no tendría “posibilidad” alguna de llevarse a cabo. Pero ha matizado al respecto que el Ayuntamiento actuó conforme a la normativa y a la ley, que permitía a esta administración aprobarlo, agregando que la regional debería haber ampliado el informe.