Transparencia estima dos reclamaciones del PRC y sostiene que el Ayuntamiento “incumple los plazos” de acceso a la información
El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno ha estimado dos reclamaciones presentadas por el portavoz del Grupo municipal regionalista, José María Fuentes-Pila, el pasado mes de febrero, por entender que el “Ayuntamiento de Santander ha incumplido los plazos” previstos en las Ley de Transparencia en la puesta a disposición del PRC de la información que había solicitado.
Así lo ha explicado Fuentes-Pila, después de recibir la notificación esta misma mañana, en la que se estima la reclamación y, paralelamente, se insta al Ayuntamiento a proporcionar la información pública solicitada. En concreto, se trata de dos solicitudes de documentación relativas al aparcamiento de Mendicouague y una batería de cuestiones relacionadas con los efectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Para el regionalista, el reproche del Consejo de la Transparencia “deja claro el oscurantismo” de la gestión del Partido Popular en Santander, que “torpedea sistemáticamente la labor del resto de partidos” de la Corporación municipal. “Alguien que respeta a los santanderinos no pone estas trabas al trabajo de sus legítimos representantes”, sostiene el regionalista, para quien la resolución constata algo “muy grave, que el PP incumple tanto la Ley como la Ordenanza municipal de Transparencia”.
Según ha explicado Fuentes-Pila, se vio “forzado a dar este paso” después de que algunas solicitudes de información presentadas acumulasen retrasos de “hasta siete meses”, extremo, sostiene, que hacía “imposible la labor de oposición que nos han encomendado los ciudadanos”. “Pedíamos información y nos llegaba pasados seis meses, nos daban cita para ver expedientes de los que no podíamos ni hacer una copia y así mes tras mes”, ha indicado el regionalista, al tiempo que ha deseado que este “reproche público consiga cambiar por fin una dinámica de opacidad contra la que llevamos clamando años” y “fuerce” al PP a “de una vez respetar y tomarse en serio la labor de la oposición”.
“Lo que se demuestra ahora es que teníamos razón todos los grupos de la oposición que llevábamos años quejándonos de la manera de proceder del equipo de Gobierno, que sólo cree en la transparencia como eslogan, pero no como manera de hacer política”, ha afirmado.
Además, ha indicado que el PRC seguirá “velando por el interés de los santanderinos” y, por lo tanto, continuará “reclamando donde haya que reclamar que no se vulneren sus derechos”. “La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es clara y el PP de Santander no puede actuar al margen de ella”, ha enfatizado.
“Podían haber sido más”
Según ha detallado Fuentes-Pila, su formación presentó un total de nueve reclamaciones. Seis de ellas no han sido estimadas por un defecto de forma, puesto que todas las reclamaciones las presentó él, en calidad de portavoz del Grupo, mientras que las solicitudes de información no respondidas a las que hacían referencia las habían cursado en su día otros concejales del Grupo. En concreto, la resolución sostiene que “no consta en el expediente que el ahora reclamante –sr. Fuentes-Pila Estrada- haya acreditado que actúa en representación de quien suscribió la originaria solicitud de acceso a la información”.
Por esa razón, ha continuado el portavoz, son dos las estimadas -en las que coincide que Fuentes-Pila había solicitado la información y presentado la reclamación- pero “podían haber sido más, decenas en realidad, porque es algo que lleva pasando años y pasa todos los días”.
Por otra parte, sostiene que desde que el equipo de Gobierno “tuvo constancia” como parte implicada del proceso de la reclamación se ha generado “un cambio”, que desea que sea “sostenido”.
Así, ha detallado que las dos solicitudes de documentación sobre las que se pronuncia hora el Consejo se presentaron el 12 y 13 de enero. “El 15 de febrero cuando presentamos la reclamación no teníamos ni fecha para ver un expediente ni un papel, que nos llegaron el 22 y el 28 de marzo”, ha explicado regionalista, para quien “está claro que cuando el Consejo se puso en contacto con ellos, vieron las orejas al lobo y corrieron a facilitarnos la información, aunque fuese fuera del plazo de un mes que marca la Ley”.
