Terroristas todos

Desde que ETA no mata, la derecha y la Audiencia Nacional ven terroristas por todas partes. El PP y su brazo en la justicia saben que los delitos de terrorismo son la vía más fácil para atacar a las ideologías y colectivos que más le incomodan. Meten en el mismo saco que ETA o el ISIS, a raperos, tuiteros, independentistas catalanes o jóvenes de Alsasua. Todos terroristas, sin banda ni armas ni asesinatos.

Ya denunciamos en 2015 que la reforma del Código Penal de PP y PSOE (con la abstención de CiU, recordemos) abría la puerta de la prisión para disidentes y críticos con el sistema. Puede ser terrorismo casi cualquier protesta que intente cambiar el orden establecido, desde el 15M o el 25S hasta los Comités en Defensa de la República catalana, los CDR, que son el nuevo objetivo del gobierno.

El Estado en manos del PP ha puesto en marcha una campaña mediática y judicial para hacer creer que el secesionismo es violento. Eso permite deslegitimar su lucha y encarcelar preventivamente a sus líderes como peligrosos golpistas y juzgarlos luego como rebeldes para que les caiga la pena máxima. La idea perversa es acabar con un movimiento social masivo por la vía penal, en lugar de escuchar sus demandas. La idea es exasperarles para que entren en la violencia que justifique más represión.

Por ahora el independentismo no ha caído en la provocación, salvo tumultos y amenazas aislados que no representan al colectivo. Por eso la semana pasada, el Estado puso en marcha la siguiente fase: llamarles terroristas. Dos integrantes de los CDR fueron detenidas y acusadas de terrorismo por la Fiscalía/Gobierno, aunque finalmente fueron puestas en libertad por un juez sensato que sólo apreció posibles desórdenes. Pero fue un aviso a navegantes. Todos quietos, podéis ser los siguientes.

Lo hicieron con el 15M o las Marchas de la Dignidad, compararlos con ETA. Es un insulto a las víctimas del terrorismo y a este país que lo ha sufrido, equiparar tiros en la nuca y bombas con un corte de carretera, el vandalismo con un coche patrulla o el bloqueo de un edificio para impedir que entren las fuerzas del orden.

También resulta aberrante pedir hasta 62 años de cárcel por delitos de terrorismo para los acusados de dar una paliza en Alsasua a dos guardias civiles y sus parejas. Incluso los informes policiales hablaban de delito de odio o atentado contra la autoridad. Después se ha construido una causa en la que se les acusa de formar parte de la estrategia de ETA de echar a la Guardia Civil de la zona. Aunque tuvieran esa motivación, un altercado en un bar de madrugada no es un acto premeditado de una banda organizada para infundir terror. Al revés sí está pasando, el Estado metiendo miedo a los grupos que le incordian: separatistas, comunistas, subversivos...

Después de sufrir más de 500 días de prisión preventiva, los inculpados de Alsasua serán juzgados por un tribunal que preside Concha Espejel, íntima de Cospedal, casada con un coronel de la Guardia Civil y condecorada por la Benemérita. Fue recusada porque es juez y parte pero, inexplicablemente, la recusación se denegó. A los agredidos hay que hacerles justicia, no regalarles venganza, como se está haciendo. Nadie está pidiendo impunidad para los jóvenes de Alsasua sino proporcionalidad en las penas y garantías de un juicio justo.

Pedimos ser una democracia. No es pedir tanto.

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