El reciente suicidio de una joven de catorce años en Sevilla, tal y como apuntan algunas fuentes, tras sufrir acoso escolar y con un centro educativo que no llegó a activar el protocolo de actuación/acuerdo, pone en evidencia una grieta profunda en nuestro sistema educativo y social. Aunque sucedió fuera de nuestra comunidad, el suceso resuena en todas las aulas de España, también en Castilla‑La Mancha, y nos obliga a preguntarnos qué ocurre cuando la comunidad educativa opta por mirar hacia otro lado frente a la violencia entre iguales, la agresión física, verbal o sexual, la difusión de vídeos o imágenes humillantes; Y quién está protegiendo a los menores cuando ellos mismos graban, comparten y sufren formas cada vez más normalizadas de maltrato.
La violencia entre pares no es un fenómeno nuevo, pero sí ha cambiado de modo, de escala y de visibilidad. La escuela ya no es únicamente el lugar donde se produce la agresión, sino también el lugar donde esta se difunde en redes, es vista en bucle, comentada y compartida. La adicción que muchos menores desarrollan hacia la violencia, ya sea como espectadores o emisores, y que incluso graban, transforma el conflicto en espectáculo y el aula en escenario donde se juega con el miedo y el silencio. Y mientras tanto, muchas veces, la comunidad educativa, la sociedad, optan por el camino más cómodo, no intervenir, minimizar, esperar que todo pase.
Los centros educativos tienen la obligación, legal, ética y pedagógica, de garantizar la seguridad, la convivencia y el bienestar de los alumnos. La normativa al respecto establece el marco para que los centros públicos y concertados no universitarios regulen la convivencia escolar y definan actuaciones para su promoción y mejora. Asimismo, los centros educativos de Castilla-La Mancha cuentan con el Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos no universitarios, en el que se afirma que la convivencia escolar es uno de los ejes estratégicos del proyecto educativo de Castilla-La Mancha.
En teoría, todo centro debe contar con dicho protocolo, incluirlo en sus normas de convivencia, fijar canales de detección, equipos de convivencia, plazos de actuación, medidas de protección, y seguimiento del caso. Sin embargo, la realidad es más compleja. Estudios y testimonios en la región señalan que el protocolo es una trampa y no soluciona el problema, la realidad es la siguiente, el retraso en la apertura del expediente, la falta de información a las familias, la percepción de que la medida está más orientada a proteger al centro que a la víctima. Por no decir que no existe, lo que yo denomino, corresponsabilidad entre centros educativos y sociedad.
Sumamos otro factor estructural, el hecho de que el profesorado, muchas veces, se siente desbordado, sin formación suficiente en violencia de género, acoso sexual, ciberacoso o dinámicas de poder entre iguales. El centro puede verse capturado por la urgencia del día a día, la presión de los resultados, el temor a la visibilidad mediática, y puede delegar la responsabilidad en el equipo directivo o en la inspección, en lugar de asumirla como acción colectiva de todo el claustro. Al mirar hacia otro lado, la institución reproduce el silenciamiento. Más allá, cuando la dirección tampoco toma partido.
Los jóvenes de hoy habitan una cultura de la exposición permanente y la viralización instantánea. Un golpe, una burla, un comentario ofensivo ya no se limita al instante del aula o el patio, sino que puede quedar grabado y difundido. En ese contexto, la violencia entre pares adquiere una dimensión de espectáculo en el que, quien graba se vuelve auditorio, quien sufre lo hace en el ojo público, y quien interviene o presencia se convierte en cómplice o en espectador.
La definición del acoso escolar en los protocolos de Castilla-La Mancha ya incorporaba esta realidad, entendiendo que el acoso escolar es la situación en la que alumnos y alumnas, individual o en grupo, están expuestos, de forma repetida y prolongada en el tiempo, a través de diferentes formas de hostigamiento intencionado por parte de otros alumnos y alumnas, de manera que el alumno acosado está en situación de inferioridad respecto al alumnado acosador. Las formas de hostigamiento incluyen agresiones verbales, sociales, psicológicas, sexuales y ciberacoso.
Lo que ocurre es que muchos menores internalizan que no contarlo es la única vía de escape, y esto se traduce en miedo a represalias, a que el vídeo circule aún más, a la sensación de no tener a quién acudir. En ese silencio el centro sigue su rutina, la familia continúa sin enterarse y la comunidad social observa sin intervenir activamente. Al final, la agresión deja de ser solo un problema del agredido y se convierte en un problema colectivo, una herida en la convivencia escolar que no se cura.
En muchas ocasiones, las familias están desconectadas de lo que ocurre en la vida digital de sus hijos. Confían en que en su casa eso no pasa, o asumen que el colegio ya actúa. Pero la realidad es que, cuando se nos pide observarlo, la amenaza o el chantaje entre menores ya ha generado un estado de hipervigilancia, miedo o culpa que impide hablar. Los menores esconden, cambian de cuenta, eliminan contenidos, se aíslan. Aun así, el entorno, su familia y amigos, suele tardar en percibir señales claras.
Por otra parte, la sociedad local, me refiero a ayuntamientos, asociaciones de ocio, clubes juveniles, que muchas veces no ofrecen espacios de socialización segura y acompañamiento, especialmente para adolescentes que ya no encuentran en el patio escolar su único escenario. El parque, la zona abierta, se convierte en la única oportunidad de encuentro, sin mediación, sin oferta alternativa que favorezca emociones, relaciones y aprendizaje de la convivencia. Esa falta de proyecto colectivo para jóvenes, esa dejadez adulta, refuerza la idea que los adolescentes tienen de que nadie se ocupa de ellos.
Cuando un menor graba o difunde una agresión, no solo agrede su compañero, también exige a los adultos una respuesta que muchas veces no llega. Y cuando la escuela no tiene músculo para intervenir, la familia no tiene voz, y la comunidad no tiene proyecto, lo que queda es un espacio de abandono. Esa inacción no es neutral, educa para la indiferencia, para que mirar para otro lado sea la norma.
En última instancia, el asunto no es solo un protocolo, una norma o una intervención puntual, sino que debería una mirada colectiva. Los protocolos de la región de Castilla-La Mancha señalan el camino de prevención, detección, intervención y seguimiento. Pero las leyes por sí solas no bastan. Se requieren comunidades educativas que actúen antes de que el vídeo apele al morbo, familias que pregunten antes de asumir que todo está bien, y sociedades locales que diseñen espacios de vida para jóvenes más allá del banco del parque.
La violencia entre pares es una herida abierta en la comunidad educativa y si sigue mirando hacia otro lado, no solo permite que la agresión continúe, sino que reproduce la cultura de la indiferencia.
Y esa cultura, silenciosa, es tan devastadora como la agresión misma. Tú decides.
Sobre este blog
Este blog es un espacio de colaboración entre elDiario.es de Castilla-La Mancha (elDiarioclm.es) y el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha para abordar diversas cuestiones sociales desde la reflexión, el entendimiento y el análisis.
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