Las políticas públicas van dirigidas a la resolución de algún problema y conllevan la transformación de distintos tipos de recursos para la producción de bienes, servicios o regulaciones necesarias. Es el principal instrumento que tienen los gobiernos para resolver las cuestiones que se han convertido en problemas, sin que se garantice a priori un resultado favorable. Estos desafíos son cada día más complejos, principalmente por la creciente multicausalidad de los mismos y por la diversidad de los factores explicativos.
Lo que con más frecuencia preocupa a quienes tomas decisiones e implementan estas acciones es saber si lo que hacen a través de las políticas tiene el efecto esperado sobre el problema que motivó su intervención.
¿Qué medios tenemos para ir corrigiendo nuestra intervención a medida en que se va desplegando?
¿No se supone que tenemos que revisar el andar de una política (o programa) para también detectar cambios en el ambiente del problema que le dio origen?
Es aquí donde surge la necesidad de evaluar el efecto de esas acciones para conocer si se ha resuelto el problema con la intervención que se ha implementado.
La evaluación ha sido definida como una “actividad programada de reflexión sobre la acción, basada en procedimientos sistemáticos, con la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables, y formular recomendaciones” (Olga Nirenberg y otras, 2000). La evaluación implica un proceso que indaga sistemáticamente la intervención que realiza una actividad pública sobre la realidad social, con el objeto de generar un conocimiento que facilite luego la mejora de esta actividad en términos de eficacia, eficiencia y equidad.
Entre las características de la evaluación de las políticas públicas encontramos:
• Es una actividad sistemática, que apela a metodologías diversas.
• Que busca determinar el mérito, la relevancia y el valor de una política o un programa.
• Que este mérito o valor remiten al diseño, la gestión, los productos, los resultados o los impactos y la distribución de beneficios de esta política o programa.
• El propósito final es generar un conocimiento acumulado y producir un aprendizaje organizacional necesario que permita perfeccionar la calidad, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de las políticas y los programas.
Hay que tener en cuenta que cumple una función y utilidad, “... la evaluación no se hace en abstracto sino con la intención de mejorar los programas y políticas evaluadas, rendir cuentas y/o ejemplificar o ilustrar acciones futuras” (Bustelo Ruesta 2001, 32).
La evaluación de las políticas públicas es un ejercicio complejo, y no sólo se refiere a los resultados obtenidos o a la gestión eficiente del gasto público. Tiene que ver con aspectos tan variados como la planificación de las políticas, la adecuación de los objetivos, la calidad de las leyes, los análisis de impacto económico, social y medioambiental, los procedimientos de gestión, la simplificación administrativa o la coordinación entre administraciones. Y requiere de medios suficientes (la evaluación tiene un coste) que deben verse compensados por las ganancias de eficiencia; siempre que las conclusiones de la evaluación se reflejen de manera efectiva en mejoras en la gestión, en la reasignación del gasto entre los programas presupuestarios o en reformas estructurales de mayor calado.
A pesar de todos los esfuerzos y avances en esta materia, aún prevalece la opinión de que falta en nuestro país una sólida cultura de la evaluación bajo criterios y metodologías rigurosos, transparentes, objetivos e imparciales, que tenga un verdadero reflejo en una rendición de cuentas de los poderes públicos, más allá del debate partidista. Por ello todavía suenan los serios déficits de España en estas cuestiones. Se hacen muchas cosas, pero a menudo no saben si funcionan, si alcanzan sus objetivos, si llegan a quienes deben llegar.
Algunos expertos e instituciones apuntan al respecto:
“Se han producido avances significativos, pero la evaluación es aún una realidad muy heterogénea y con un margen significativo de mejora. Todavía persisten obstáculos para que sea un escenario natural dentro de la acción pública”, explica Antonio Igea, presidente de la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas.
“Aún no la hemos introducido como una parte más de las políticas públicas”, señala Hugo Cuello,
El catedrático de Ciencia Política y de la Administración Manuel Villoria se inclina por que cada ley traiga incorporados sus criterios de evaluación. “Tiene que ser parte de cualquier política pública”
La evaluación ex ante y ex post, formal o informal, debe surgir de forma natural como parte del proceso de decisión de las administraciones públicas. Su sistematización y perfeccionamiento aparecen como herramientas potencialmente importantes para la mejora de la calidad de tales decisiones y, por tanto, para la eficacia y eficiencia de la actuación pública. La evaluación de políticas es, además, precisa para que los gestores públicos rindan cuentas ante la sociedad de modo riguroso, cuantificando costes y beneficios, explicando a los ciudadanos el modo en que los recursos aportados por estos han sido utilizados.
Sería necesario elaborar una norma con rango de ley que cree un una institución autónoma, formada por profesionales cualificados, que no tuviera dependencia orgánica alguna con ningún ministerio y que cada cierto tiempo rindiese cuentas al Parlamento. Sus competencias tendrían que ser estatales, para que sus informes, preceptivos y vinculantes, abarcasen a todos los niveles de la Administración, desde los ayuntamientos a los ministerios, pasando por las diputaciones y las comunidades autónomas.
Institucionalizar la evaluación de las políticas públicas implica regularizar o normalizar su práctica, integrarla a otras acciones sustantivas de la gestión pública y asignar competencias generales o específicas a determinadas unidades.
Ya a nivel nacional, el reciente plan estratégico adoptado por la AIReF para los próximos años plantea hacer de la evaluación una función permanente y central del organismo, que atesora ya la experiencia de las revisiones de gasto (spending reviews) llevadas a cabo desde 2018. Algunas de ellas, como la relativa a las subvenciones, abarcaban diversos niveles de gobierno. Otras, como la de los beneficios fiscales, partieron de una iniciativa parlamentaria. Algunas comunidades autónomas se están dirigiendo a la AIReF para solicitar evaluaciones sobre determinadas políticas o planes autonómicos.
Esta estrategia puede marcar el camino para un refuerzo institucional de la evaluación en España que mejore la calidad del gasto y la transparencia de las políticas públicas, además de favorecer una rendición de cuentas regular y periódica de los poderes públicos ante los parlamentos y la sociedad, no sólo circunscrita a momentos de crisis o como condición para la recepción de los fondos europeos.
La Unión Europea ha puesto especial énfasis en que los proyectos que se incluyan en los planes de recuperación de los estados miembros para la asignación de las subvenciones y préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia incluyan objetivos, indicadores y plazos de cumplimiento precisos que posibiliten su evaluación, condicionando a ello la liberación de los fondos. Y contempla incluso un eventual reembolso de los mismos si, durante la ejecución de los planes, se constata que no se cumplen los objetivos planteados.
Ha quedado demostrado que la cultura de la evaluación contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de las actuaciones públicas y, lo que es más importante, a mejorar la calidad democrática a través de la rendición de cuentas.
Por todo ello evaluemos siempre las políticas públicas.
Sobre este blog
Este blog es un espacio de colaboración entre elDiario.es de Castilla-La Mancha (elDiarioclm.es) y el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha para abordar diversas cuestiones sociales desde la reflexión, el entendimiento y el análisis.
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