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La arqueología

Libisosa

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Un tema apropiado para el comienzo del curso es el tratamiento de la arqueología, una de las áreas fundamentales de la gestión cultural, tanto en su práctica sobre el yacimiento como en tareas de restauración y conservación, en la musealización de los restos in situ o los objetos extraídos, por la difusión necesaria de la labor arqueológica y de los resultados de las investigaciones, por no hablar de la política preventiva sobre la destrucción de yacimientos y material arqueológico, expolios o comercio ilícito de las piezas.

Recordamos que el documento arqueológico es un documento único, que desaparece según se lee, por lo que hay que hacer dicha lectura lo mejor posible y, si se destruye sin hacerlo, lo hemos perdido irremisiblemente para siempre. Aclarar antes de seguir nuestro discurso que todo lo que hablemos sobre arqueología incluye también la rama de la paleontología, que aunque tenga por objeto el descubrimiento y tratamiento de material paleontológico, comparte con la arqueología método y espacio de trabajo.

Nuestra región, siendo una de las más extensas de la geografía española es también una de las que más riqueza arqueológica posee. No ha redactado la Consejería de Cultura un plan marco para el sector, que recoja las medidas preventivas, planifique las intervenciones, gestione la conservación y musealización de yacimientos y piezas, promueva proyectos educativos y divulgativos o ejecute la política sancionadora a que haya lugar. La inexistencia de un servicio administrativo específico para ello facilitaría, indudablemente, la coordinación en la materia y la ejecución del citado Plan estratégico.

Las medidas preventivas deben comenzar con la introducción en el currículo de forma explícita de los contenidos en la materia que hagan valorar al alumnado de la región la necesidad de evitar la destrucción y fomentar la protección de nuestro patrimonio arqueológico, incluyendo visitas a museos, yacimientos y centros de interpretación. También se necesita desarrollar normativamente –como lo han hecho otras regiones- la Ley del patrimonio cultural, incluyendo la prohibición del uso indiscriminado de detectores de metales. Asimismo, la coordinación con los cuerpos de seguridad especializados de la Guardia Civil y Policía Nacional debe ser más habitual, así como la introducción de la política preventiva y de control en la Escuela de Protección Ciudadana para que nuestros policías locales puedan hacer cumplir la norma de una forma más eficaz. No olvidemos que el alcalde sigue siendo el garante de la protección de los bienes del patrimonio cultural en el término municipal, tanto de los bienes declarados como de aquellos que siendo de naturaleza arqueológica, están por descubrir.

Uno de los grandes escollos en la gestión arqueológica sigue siendo la práctica arqueológica, tanto la realizada en zonas urbanas como en los extensos parajes de nuestra geografía. Lo normal es coordinar y combinar las intervenciones de urgencia (aquellas provocadas por la expansión urbanizadora, la construcción de infraestructuras, la edificación y rehabilitación de inmuebles etc.), con aquellas otras que se precipitan por el peligro de expolio o destrucción del yacimiento. Y no sólo debe la administración ser subsidiaria de los proyectos de intervención suscitados desde departamentos universitarios o equipos de investigación que acuden a la convocatoria de subvenciones, sino que debe marcar prioridades donde se plantee la notoriedad de los descubrimientos arqueológicos, la necesidad de completar lagunas en el estudio de nuestra prehistoria o de periodos históricos o artísticos determinados.

En las zonas urbanas es normal que cuando se comienza la obra se realice la prospección y, si procede, la excavación arqueológica. Nunca se plantea el promotor o propietario realizarlo con suficiente antelación al inicio de las obras; con lo cual el tiempo corre en contra del buen hacer del arqueólogo y el consiguiente encarecimiento de las mismas. Por otra parte, la imbricación entre obra de construcción o rehabilitación y la excavación o estudio arqueológico se interfiere una a otra, de tal forma que se estorban y, en la mayoría de los casos se produce la destrucción del bien arqueológico.

Por otra parte, el coste de la prospección y excavación corren de cuenta de la propiedad o el promotor, no compensando suficientemente la pecata subvención, si la hay, que se concede bajo el paraguas del Consorcio o de programas específicos de ayudas a la rehabilitación. Además, la financiación privada incide en la dependencia del arqueólogo hacia la voluntad e intereses del propietario o promotor. El resultado es que el arqueólogo o arqueóloga se encuentra entre la espada (La administración, en este caso la Consejería de Cultura) y la pared (el propietario o promotor). Los informes deben así decir entre líneas las medidas que propone el profesional sobre los restos patrimoniales en cuestión, dejando a la administración que determine sobre aquellos inmuebles o restos de indudable valor que requieren un tratamiento especial. Así siempre la actuación del arqueólogo estará sometida al temor de que pasar a una “lista negra” de aquellos profesionales que no merece la pena contratar por “duros”. Por otra parte, la tibieza de la administración hace que entre medias se pierdan oportunidades –y restos- de indudable interés.

El “truco” ya es conocido entre promotores y maestros de obras. Si los elementos de interés aparecen en estructuras, el propio avance de las obras puede afectar a la estabilidad de las mismas, dándose por ruinoso en determinado momento el elemento y, por lo tanto, la necesidad de su derribo –o su simple desplome-. Se han perdido así verdaderas joyas de nuestro acervo cultural, especialmente estructuras musulmanas y bajomedievales. Otra variante consiste en esperar a que el arqueólogo dé el informe preceptivo y, posteriormente, reiniciar intervenciones ya sin la presencia del técnico, que suponen la remoción de tierras allí donde se decía no se haría nada.

Otro polémico campo es el de las intervenciones arqueológicas de urgencia. Estas excavaciones no deben limitarse a “cubrir el expediente” y solucionar los problemas planteados a la actividad constructora –sea pública o privada-, ni a llenar apresuradamente con más materiales los depósitos del Museo de Santa Cruz, sino que debe basarse en criterios científicos de investigación y divulgación del patrimonio arqueológico, garantizando la conservación, restauración y el uso social del material en condiciones adecuadas.

La Consejería debe crear un mapa de yacimientos musealizados según categorías de gestión. Los parques arqueológicos, Alarcos, Carranque, Segóbriga, el Tolmo de Minateda o Zorita de los Canes, creados por la consejera del ramo, Rubí Sanz, se consolidaron como yacimientos musealizados y son los que han mantenido un marco más estable de recursos y modelo de gestión, pese a los vaivenes por cambio de titulares de la misma durante el gobierno del Partido Popular. Los declarados B.I.C. logran una lista amplia ya que, además de los yacimientos paleontológicos y las cuevas y abrigos con pinturas rupestres, contamos con los yacimientos arqueológicos de Libisosa y El Amarejo“ en Albacete, en Ciudad Real se incluyen los de  Calatrava la Vieja, La Ontavía y Castillejo del Bonete en Terrinches, el Cerro de las Cabezas en Valdepeñas, La Bienvenida –Sisapo- en Almodóvar del Campo y la exitosa Motilla de Azuer en Daimiel. En la provincia de Cuenca está la ciudad de Ercávica, la de Valeria, la Fuente de la  Mota y el yacimiento romano de Noheda –con unos últimos descubrimientos que le anuncian más imponente aún-; mientras que en Guadalajara contamos con el dolmen de Portillo de las Cortes en Aguilar de Anguita, El de Ceremeño, en la Herrería, el conjunto de los Casares, El prao de los Judíos en Molina de Aragón o la ciudad de Recópolis en Zorita de los Canes. Por último, en Toledo, se sitúan los yacimientos del Cerro de la Mesa en Alcolea del Tajo, el Cerro del Bú, Ciudad de Vascos, Dolmen de Azután, el yacimiento de Guarrazar, el Mausoleo de las Vegas en Pueblanueva, San Pedro de la Mata o Saucedo en Talavera la Nueva, no estando declarado uno de los más espectaculares descubrimientos de los últimos años, el yacimiento de los Hitos en la pedanía de Arisgotas (Orgaz).

No, no tienen todos los yacimientos la misma importancia científica, ni artística, ni logran una atención mediática o visitas iguales. Debería la Consejería ampliar el número de “Parques Arqueológicos” o establecer medidas de gestión distintas para alguno de los yacimientos citados. Además de los yacimientos hay que cuidar la mejor instalación de las piezas y didáctica su  los centros de interpretación, museos locales y provinciales, así como de las secciones arqueológicas y paleontológicas como una parte esencial del discurso museográfico. Ciertamente las experiencias y aperturas de nuevos espacios expositivos nos hacen ver cómo de atrasada se encuentra la aplicación de la museología en este campo en nuestra región, en la que destaca, por el empeño de la administración regional por hacerlo atractivo, el museo de Paleontología de Castilla-La Mancha en Cuenca.

Se ha avanzado en los últimos años en la arqueología de gestión por la aparición deGestores del Patrimonio Arqueológico” que han combinado la práctica arqueológica con el urbanismo, planificación urbana e infraestructuras, ya que algunas administraciones se han dotado de profesionales para ello, al tiempo que han aparecido iniciativas empresariales que dirigen (es el caso del yacimiento de Guarrazar) o gestionan (el de Cota 667) y difunden (Pequeños arqueólogos). En todo caso el sector reclama la creación de una titulación o acreditación específica de la categoría profesional ya que, hasta el momento, cualquier licenciado en las ramas de humanidades puede realizar labor arqueológica. Norma que estaba establecida cuando los titulados eran escasos, pero, hoy en día la práctica arqueológica ha avanzado tanto y es tan compleja que requiere una verdadera profesionalización.

Urge, por tanto, un amplio debate en jornadas donde confluyan legisladores, administraciones implicadas, profesionales de la arqueología y promotores, para ir avanzando en la práctica y gestión arqueológica.  Hay que desarrollar la idea de la creación de equipos multidisciplinares en la práctica arqueológica, un planeamiento del conjunto de acciones destinadas a preservar los restos arqueológicos y, también, para la investigación comprensiva y difusión de resultados. Los medios tecnológicos actuales, los avances en los análisis en biología o geología, la cooperación necesaria con docentes o, incluso, el periodismo especializado, es fundamental para que, no sólo se realice óptimamente la prevención, realización de excavaciones, labores de restauración y conservación, sino también la formación y divulgación de la práctica arqueológica entre los ciudadanos. 

Efectivamente, una más amplia conexión con el sistema escolar y la población en general lograría una arqueología más cercana y más querida al acervo cultural común de todos los castellano-manchegos. Solamente valorando el interés intrínseco del objeto arqueológico e informados de la ecuanimidad que la ley persigue, la colaboración ciudadana podría ser más intensa y sincera.

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