Hachazo del Partido Popular a las políticas activas de empleo

La Comisión Europea recomienda para la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral que se combine un apoyo a la renta, unos mercados de trabajo inclusivos y el acceso a unos servicios de calidad.

En España existen rentas mínimas por parte de cada comunidad autónoma, un servicio público de empleo y un Plan extraordinario de activación para el empleo firmado por el Gobierno de la nación y los agentes sociales que contempla una ayuda de 426 euros para las personas que hayan agotado cualquier tipo de ayuda, prestación o ingreso social. Pero que es casi imposible poder cobrar debido a los restrictivos requisitos introducidos de forma unilateral por el Ejecutivo (la perciben unas 31.300 personas, cuando el universo al que se dirigía era más de 300.000).

Tenemos, a priori, los ingredientes necesarios para el cumplimiento de la recomendación europea. Pero, ¿Cuál es la realidad?

En nuestro país hay más de dos millones de personas que llevan más de dos años sin encontrar un empleo, lo que denominamos paro de larga duración. Un número que lamentablemente ha ido en aumento de forma notable: un millón de personas más en cuatro años.

También ha crecido la pobreza y han aparecido nuevos perfiles como el de los “trabajadores y trabajadoras pobres” debido a la precariedad y debilidad del mercado laboral. En España y en nuestra región tenemos trabajadores y trabajadoras cada vez más pobres y desprotegidos.

Ha habido, además, un incremento del número de personas que cobran rentas mínimas de inserción. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en nuestro país hay más de 217.300 personas que perciben estas rentas, con diferencias notables entre comunidades autónomas en lo que respeta a cuantías y número de perceptores. Además, en la mayoría de las comunidades autónomas no existe un ingreso adecuado capaz de proporcionar una red de seguridad y garantía.

Sin embargo, pese a esta dura realidad la estrategia del Gobierno en nuestro país ha sido la del recorte en políticas activas de empleo. Se ha dejado de invertir dos de cada tres euros, esto es un 66% de recorte, en los fondos destinados a que las comunidades realicen políticas activas de empleo. Se han recortado en 6.868 millones de euros, de los que 6.437 millones son fondos estatales.

En el cuatrienio anterior, entre 2008-2011, el volumen de fondos transferidos fue de 12.107 millones de euros, de los que 2.332 eran fondos europeos. Cada año se transfirieron 922 euros por persona parada, de los que 745 eran fondos estatales y los 178 restantes eran europeos. Entre 2012 y 2015 se han transferido 5.239 millones.

Y en este recorte se ha penalizado más a aquellas regiones que precisamente más necesitan de estos fondos. Se ha recortado más a las comunidades autónomas con menor riqueza y menos a las más ricas. Andalucía (-93% de reducción), Castilla-La Mancha (-91%), Extremadura (-91%) y Galicia (-85%) han sufrido mayores recortes, frente a Navarra (-49%), Madrid (-51%) o Cataluña (-53%).

Además, en el momento de mayor número de personas que no tienen un empleo, cuando el paro de larga duración se dispara y dos de cada tres personas paradas llevan más de un año sin trabajo, el PP elimina prácticamente la financiación de los contratos a personas desempleadas por parte de los ayuntamientos. Mientras que entre 2008 y 2011 se repartieron 1.093 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar estas contrataciones, el PP ha repartido en los cuatro años siguientes 2,76 millones de euros, un recorte brutal.

La actuación llevada a cabo por el PP en los últimos cuatro años ha sido una maquinaria infernal. Han impuesto una Reforma Laboral que ha facilitado el despido, dando al empresario el poder de poder echar a la calle a sus trabajadores y trabajadoras sin apenas indemnización; destruido miles y miles de empleos; ejecutado brutales recortes en políticas activas de empleo; recortado las prestaciones…

De continuar esta preocupante senda nos veremos abocados a políticas de empleo de exclusión que dejarán sin protección a las personas con más dificultad y cada vez más alejados del mercado de trabajo. No podemos permitir que por intentar ajustar políticas económicas nos olvidemos de quienes más lo necesitan, las y los desempleados.

En dos semanas estamos llamados a las urnas para elegir a quien queremos que nos gobierne en los próximos cuatro años, para decidir si queremos continuar con un gobierno conservador que no tiene en cuenta a las personas, o queremos optar por uno progresista que sitúe a las personas en el centro de la acción política. Es el momento de cambiar gobiernos y, por ende, políticas.