Justicia despolitizada, base de la regeneración

Hace unos días escuchamos a Juan Carlos Monedero, uno de los referentes del pensamiento de Podemos, decir que “muchos jueces van en las listas de Unidos Podemos para encarcelar a los sinvergüenzas del PP”. Dicho de otro modo, que los jueces deberían actuar en función de la ideología o la estrategia política que determine el Gobierno de turno, metiendo en la cárcel no a los sinvergüenzas en general, sino a algunos sinvergüenzas en particular. Es lamentable que un líder político con la ascendencia de Monedero haga esas declaraciones, más aún que las haga como portavoz oficioso de un partido que se nos presenta como abanderado de la ‘nueva política’ y que presume de ser el representante único de ‘la gente’.

El eco de Podemos viene desde hace meses alimentando un discurso maniqueo, interesado y falso, según el cual España está dividida entre buenos y malos. Los buenos, por supuesto, son ellos, y los malos son todos los que no les bailan el agua. Se atribuyen a la órbita de Podemos, por tanto, todos los conceptos positivos: la solidaridad, la sensibilidad social, la tolerancia, el progreso, el pueblo, la igualdad, etcétera. Hasta la democracia misma. Por supuesto, también la Justicia. Nada menos. Una especie de mundo ideal que invita a confiar en que jueces afines a Podemos son la solución definitiva contra las injusticias y los desmanes de los poderosos porque debemos presuponer que por el mero hecho de ser afines a Podemos son justos y buenos. Evidentemente es una trampa tan peligrosa como lo es la otra trampa, la que nos trata de tender el inmovilismo de los viejos partidos que llevan años controlando el Consejo General del Poder Judicial, que no quieren que nada cambie, esgrimiendo el mantra de ‘o yo o el caos’ y abochornándonos de vez en cuando con algún “Luis, resiste, sé fuerte, hacemos lo que podemos”. Efectivamente, hacen lo que Podemos. ¿Por qué tenemos que escoger entre distintas formas de injusticia?

La separación de poderes ha de ser una garantía irrenunciable tanto en el plano real como en el oficial. No cabe la demagogia en una cuestión tan trascendente. No tiene sentido quitar, como desea Monedero, a los jueces puestos por el PP y el PSOE para poner a jueces de Podemos. Ya en el documento que Pablo Iglesias presentó a Pedro Sánchez tras las elecciones del 20 de diciembre para firmar un pacto ‘progresista’ —aquella sonrisa del destino, ¿recuerdan?— figuraba como condición que los jueces de los más altos estamentos judiciales debían ser afines “al cambio político”. Es decir, tenían que ser de Podemos. No tenían que estar capacitados, o tener una trayectoria contrastada, o contar con el reconocimiento y el prestigio de sus compañeros, no. Tenían que ser de Podemos. En eso consiste el “cambio”.

Lo que propone Ciudadanos es exactamente lo contrario. Se trata de despolitizar la Justicia. Para que los políticos no pongan a los jueces que el día de mañana juzgarán, llegado el caso, a esos políticos. ¿Qué Justicia es esa en la que un proceso a un político de un partido está tutelado por un juez puesto por ese partido?

Ciudadanos, tal como expone de manera explícita en su programa electoral, garantizará un órgano de gobierno del Poder Judicial independiente y sin partidismos. Hasta que se proceda a reformar la Constitución, propondrá la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que doce de los vocales integrantes del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados. Una vez se abra el debate constitucional, se plantearán fórmulas que garanticen la independencia mediante el nombramiento de un consejo reducido y con poderes limitados.

El principio de la lucha contra la corrupción está en la independencia judicial. Estamos hartos de ver en los telediarios casos de corrupción que implican a políticos. Se multiplican los nombres ilustres salpicados en tramas como la Gurtel, la Púnica, los ERES, el caso Puyol, el caso Noos, el del PP de Valencia y tantos otros. Sin embargo, con las mismas vemos como esos políticos rara vez entran en la cárcel, y si lo hacen es para salir al poco tiempo. Sin embargo, hace pocos días leíamos en los periódicos que entraba en prisión un joven de Granada por pagar 79 euros con una tarjeta de crédito falsa —él ni siquiera sabía que era falsa—. Le esperan 6 años de cárcel. En Sevilla, otro joven entró en prisión, también esta semana pasada, por robar una bicicleta del servicio de préstamo municipal. Son solamente dos ejemplos muy recientes del clamoroso desequilibrio entre unos delitos y otros y entre unas penas y otras. Jordi Pujol, verbigracia, ha confesado haber dejado de declarar a Hacienda cientos de millones de euros, guardados en paraísos fiscales. No está en la cárcel ni lo va a estar nunca.

Pero la indignación puede quedarse en el pataleo de sofá o, peor aún, en el sectarismo vengativo del ‘asalto a los cielos’, o puede estar, por el contrario, encauzada a establecer cambios sensatos, valientes y profundos en nuestro sistema judicial para consolidar mecanismos reales y eficaces de despolitización que impidan la protección de tantos y tantos ladrones de cuello blanco y nos procuren a todos los españoles una Justicia más decente, además de más rápida y eficiente. Una Justicia más justa, sin aforados ni padrinos.