Memento, o el olvido de la Memoria Democrática

El olvido, y su traducción en amnesia política y social, intenta borrar del mapa lo alguna vez acontecido, lo vivido como gloria o como tragedia. Es la goma de borrar de nuestras escenas compartidas, disolviéndolas hasta no dejar nada sino un puro vacío de historia. El olvido no hace conjunto, no genera espacio ni lugar para porvenir colectivo alguno. El totalitarismo del olvido aniquila cualquier esfuerzo por archivar los mapas y territorios que guían la finalidad y el sentido de nuestros propios actos porque en su presencia no sólo olvidamos quiénes somos, sino también lo que queremos, lo que hacemos y porqué lo hacemos.

El pasado día 3 de marzo realizamos una rueda de prensa para informar sobre el grado de aplicación en nuestra región de la ley 52/2007, conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica. Contamos entonces con distintas asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, a la recuperación de la memoria histórica y su presencia en la agenda política. Es de recibo reconocer el esfuerzo y trabajo del movimiento asociativo en nuestra tierra a la hora de mantener viva una Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, de la cual ciertas instituciones políticas parecen desentenderse aludiendo a motivos distintos, todos poco justificables. Desde esa atalaya, y su extensión en los medios de comunicación, algunos dicen que no representa un problema ni una demanda ciudadana. Pero tal actitud nos recuerda a quien piensa que la pobreza o la exclusión social no son un problema porque no las padece en carne propia.

En la citada rueda de prensa, los representantes de las asociaciones hicieron hincapié en la importancia de tramitar una Ley de Memoria Democrática que permitiera dotar a la comunidad autónoma de herramientas jurídicas para aplicar efectivamente la ley 52/2007, ampliándola y recogiendo las recomendaciones del Relator de Naciones Unidas con el objetivo último de promover la verdad, la justicia y la reparación. Es preciso recordar que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura -incluyendo el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura- ha sido, y sigue siendo, víctima de falta de voluntad política para su aplicación. En 2012 los presupuestos dedicados a la Ley se redujeron en un 60%. En los años 2013 y 2014 ha quedado sin dotación presupuestaria para su aplicación. Asimismo, el gobierno suprimió en 2012 la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, encargada de coordinar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos.

Ciudadanos por la República se hizo cargo de la tarea de redactar una Ley de Memoria Democrática para Castilla-La Mancha que intentara mejorar la Ley 52/2007. En su borrador de ley, entre otras cuestiones, se señala la obligatoriedad de la administración regional de aportar recursos públicos para poder llevar a cabo las exhumaciones. La vulneración de los compromisos jurídicos vinculantes del Estado en investigación, localización, exhumación e identificación de los desaparecidos ha sido denunciada en noviembre de 2013 por el Comité de la Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada y, posteriormente, en el Informe de 22 de julio de 2014 del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del Consejo de Naciones Unidas sobre Misión a España.

Tal y como se anunció en rueda de prensa el 3 de marzo, la asociación remitió a la Secretaría de Movimientos Sociales y Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos-Castilla-La Mancha una Proposición de Ley de Memoria Democrática cuya redacción fue respaldada por otros movimientos memorialistas. El grupo Parlamentario Podemos-CLM procedió a su registro en las Cortes –como suele hacer cuando la sociedad civil organizada requiere presentar iniciativas parlamentarias- para su toma en consideración y posterior debate en comisión parlamentaria. Finalmente, como es sabido, el Consejo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page se ha opuesto a su tramitación parlamentaria.

Vivimos tiempos en los que las leyes, y los derechos que ellas nos otorgan y debieran garantizar, quedan relegados frente a los imperativos de la economía. Las leyes mueren de inanición cuando no se las dota presupuestariamente. Nuestro derecho al trabajo, a la vivienda, a la sanidad, a la educación o a la justicia y la reparación son papel mojado si el dinero público se dedica a menesteres que no favorecen a la ciudadanía en su conjunto o, lo que es peor, sirven para ahondar la brecha entre los que cada vez tienen menos de todo y los que cada vez acaparan más de todo.

Las excusas, la inacción y el sometimiento evidente a los dictámenes de poderes apolíticos ahondan en el descrédito de una política de partidos más dedicados a mirarse el ombligo que a trabajar decididamente porque se hagan efectivos nuestros derechos y libertades como ciudadanos. No es una responsabilidad política y ejecutiva que exijamos nosotros, está escrita en el artículo 4 de nuestro Estatuto de Autonomía.