El 26J podemos

La entrada en las instituciones por parte de Podemos durante el pasado año significó mucho más que una cuestión de avance político de una formación nueva o la inédita irrupción de un partido diferente en unas circunstancias excepcionales. Significó la pretensión de que los representados lograran representarse a sí mismos y al mismo tiempo no diferenciarse de lo que son, de esa gente normal de la que las instituciones habían prescindido con opacidad y engaños cada vez más burdos, la gente que gritaba “¡No nos representan!”

Lo sorprendente no fue su éxito. Quizá lo más sorprendente fue la virulencia de la reacción que provocó, unificando a la vieja política y todos sus actores contra ese movimiento. Quizá lo más sorprendente es que sobreviviera a esa turba de insidias, mentiras, pruebas falsas, unanimidad de los medios, campañas de imagen, encuestas manipuladas, querellas continuas y minuciosas investigaciones con jugosas recompensas en varios continentes. Quizá lo más sorprendente es que el aparato del poder ya no funciona contra Podemos.

Las elecciones del 26 de junio son mucho más que una mera alternancia en el poder de unos por otros, son mucho más que la oportunidad de formación de un gobierno progresista; estamos ante una oportunidad histórica de que un partido sin deudas ni controles previos afronte, de manera técnica y profesional, la democratización de las instituciones; que sea capaz de hacer que el país dé un salto adelante en su estructura democrática, en un momento que se antoja crítico, cuando la Unión Europea ha optado por un desarrollo regional dual donde la periferia ha de asumir un papel de pequeño “tercer mundo”, dedicado a los servicios y a moderar el precio de sus propios salarios. Y no sólo en términos materiales. Es la ocasión de dignificar a la gente de este país, la que lo levanta cada mañana, a sus trabajadores, a sus instituciones, su justicia, su sanidad, su educación, sus servicios sociales, sus estudiantes, sus mayores, sus mujeres, sus trabajadoras y trabajadores, una ocasión para dejar de contemplar el espectáculo de la corrupción como el emblema de un país del que se nos transmite que es así y que no tiene remedio.

Todos y todas hemos podido constatar, desde hace décadas, que las formas de hacer política en este país no respondían a criterios de igualdad y de conformación de un estado de derecho, un estado social, un estado pensado para su ciudadanía, un estado de bienestar. Claro que ha habido progresos materiales, pero hemos podido comprobar que cuanto más aumentaba la riqueza del país más “difícil” era afrontar los compromisos del pacto de la transición. Al final, la crisis descubrió un sistema que, a través de la captación de las élites conformaban de una forma casi mafiosa –y demasiadas veces sin “casi”- unas políticas dirigidas a la minoría más poderosa de éste país, estableciendo estructuras de corrupción que nos han llevado a la actual situación de crisis y a los peores datos de económicos de la zona euro de los últimos años.

Por eso ahora es tan importante darnos cuenta de la oportunidad que tenemos de reconfigurar las formas de hacer política, no solo de qué política hacer, sino de la forma de hacerla. Frente al miedo de siempre, en este país se ha abierto una grieta en la historia, una ventana de oportunidad para que la mayoría social pueda reconfigurar las instituciones y salir del círculo de empobrecimiento, miedo y dependencia social.

Porque cuando hablas en serio de las instituciones, la realidad es al revés. Los poderosos, cuanto más poderosos son, más detestan que las instituciones hagan su trabajo. Está bien figurar, cobrar, ir en coche oficial… pero que desde ellas no se haga nada. Ellos no sólo no necesitan que nadie les garantice sus derechos, sino que son más poderosos cuando nadie los tiene garantizados, cuando nadie tiene derecho a nada.

Las instituciones son un multiplicador del cambio. El problema no suele estar en las instituciones, el problema llega a éstas cuando los poderosos las devalúan, las mercantilizan, las desprecian, las consideran un acomodo de los intereses particulares, las hacen formar parte de una estructura que sólo ve el beneficio a corto plazo de  las élites, las destruyen para no competir con el modelo de negocio de los que pagan sus campañas.

La gente normal sí necesita que las instituciones funcionen, que se respeten las leyes, los derechos sociales e individuales. Que exista un cuerpo legal honesto y justo. Podríamos poner muchos ejemplos. Lo que está pasando con el TTIP es un caso claro de lo que les molestan las instituciones, los parlamentos, los jueces y las leyes a los poderosos.

Necesitamos que las instituciones funcionen, somos la única fuerza fuera del control de ése  sistema. Y se nota. No nos quieren. Pero nosotros estamos aquí para hacer que el sistema funcione. Que funcione de verdad. Para que las cosas sean de verdad lo que dicen que son.

Podemos y cada una de nosotras es consciente del valor de las instituciones, del valor de las instituciones para la gente, para el sistema que la gente normal mantiene a duras penas con su esfuerzo, el de los pequeños negocios que abren cada día, el de los trabajadores que cumplen con su trabajo aunque su trabajo no cumpla con ellos; la gente de nuestros pueblos que nos da de comer a todas y todos; nuestros funcionarios, que tratan de mantener los servicios pese a los recortes; nuestros sanitarios, nuestros maestros… ése sistema, éste país, esa gente, es todo lo que defendemos.