Proteger los derechos fundamentales en la España despoblada

En la España despoblada no ha estado vigente un derecho fundamental proclamado en la Constitución: el derecho a elegir libremente la residencia.

Pertenece al bloque de derechos que, como la vida y la libertad, están tutelados por un procedimiento especial ante los tribunales ordinarios y, a través del recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional. Es un derecho que vincula a los poderes públicos, es decir, el Estado está obligado a no lesionar ese derecho y a contribuir que exista realmente. 

Es tal la importancia de este derecho, regulado por el artículo diecinueve de la Constitución, que el Gobierno del Estado no puede, por sí solo, dictar una ley para impedir que elijamos nuestro lugar de residencia y nos movamos por el territorio nacional. Según hemos comprobado durante la pandemia de la COVID-19, para suspender el ejercicio de este derecho el Gobierno tiene que declarar el estado de alarma, contando con el Congreso.  

Sin embargo, a pesar de la primacía del derecho a elegir libremente la residencia, la ciudadanía de la España despoblada hace años que está privada de él. No ha hecho falta publicar una ley para impedir el ejercicio del derecho. Bastó con que los poderes públicos llevaran a cabo una política descuidada y permitieran la degradación de las condiciones de vida, para que las personas se hayan sentido obligadas a migrar, ya que su teórico derecho a la libre elección de residencia solo lo podían ejercer yéndose.  

En efecto, han sido las difíciles condiciones económicas, sociales y laborales, implantadas en las zonas rurales y pequeñas ciudades, las que han impedido que las personas puedan elegir con libertad la permanencia, y las ha forzado, contra su voluntad, a abandonar su tierra, para irse a vivir a otro lugar. En las zonas despobladas, ha habido libertad para migrar, pero se ha negado el derecho a permanecer; por tanto, hablar del derecho a la libertad de residencia es un sinsentido jurídico.  

La migración forzada, por motivos económicos, ha producido la despoblación; un drama demográfico que es el efecto perverso del desarrollo desigual entre los territorios, que los poderes públicos no consideraban como un problema que tuvieran que resolver. De ahí que los gobiernos no hayan llevado a cabo políticas públicas dirigidas a promover el desarrollo sostenible para contener la despoblación, no se hayan propuesto mantener unas infraestructuras públicas socialmente eficientes (el ferrocarril), hayan desmantelado los servicios públicos básicos (centros de salud, escuelas y servicios sociales) y no hayan promovido las conexiones a Internet. Inspirados en los valores del mercado y la competencia, no sólo despojaron a las personas de las zonas despobladas del derecho fundamental a la libre elección de residencia, sino que vulneraron otros derechos vinculados a él, como salud, educación, vivienda y servicios sociales.  

Ante la grave situación de abandono y atraso de la España despoblada, no se ha producido el rescate de la mano invisible del mercado, porque los actores del mercado, empezando por los bancos, abandonan los pueblos cuando dejan de ser un negocio. Han sido necesarias las movilizaciones ciudadanas, para tomar conciencia del trato injusto de las zonas despobladas, que constituyen una fuente de riqueza ecológica, económica, cultural y social, mermada en los últimos años.  

Gracias a la España Vaciada, la despoblación es hoy un asunto prioritario de la agenda política, se aprueba un Plan de reactivación del medio rural y de las pequeñas ciudades, se plantea el Pacto de estado contra la despoblación y aprueban ciento treinta medidas para el reto demográfico. La presión de las movilizaciones ciudadanas ha sido indispensable para que el Estado, en coordinación con la Unión Europea, las comunidades autónomas, y los municipios, se comprometa a promover un desarrollo económico sostenible en las zonas despobladas.  

En respuesta a la despoblación, las comunidades autónomas proponen como estrategia pionera, desgravaciones y beneficios fiscales. Quizás sería aconsejable que insistan también en subrayar la importancia de los valores proclamados por la Constitución y los Tratados de la Unión Europea. En este sentido deberían apelar a la dignidad, libertad, igualdad, democracia y respeto a los derechos humanos.  

Partiendo de esos valores se pueden plantear, como objetivos, remover los obstáculos que han impedido a las personas de la España despoblada participar en la vida política, económica, cultural y social. El fin último sería lograr que, en la España despoblada, las personas tengan libertad para permanecer, si lo desean, porque tienen oportunidades vitales, disfrutan de una vida digna y del derecho a tener derechos.