Alcázar de San Juan reclama garantizar el aborto en la sanidad pública: hay 41 profesionales inscritos como objetores

La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha se concentró este 27 de septiembre, en Alcázar de San Juan, con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se conmemora hoy, para reclamar que ninguna mujer tenga que salir de la sanidad pública para ejercer un derecho reconocido por ley.

Por primera vez, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha facilitado a la Plataforma a través del Portal de Transparencia el número de profesionales sanitarios inscritos en el registro de objetores: 41 personas. La Administración ha informado también de 198 médicos en el conjunto de los servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales de Castilla-La Mancha, aunque no ha concretado cuántas de las 41 personas objetoras son médicas ni cuál es el número total de profesionales de estos servicios. “Incluso tomando el supuesto más desfavorable —que las 41 personas objetoras fueran médicas— representarían el 20,7 % de los 198 médicos, lo que significa que casi ocho de cada diez no estarían inscritos en el registro de objetores”, explican desde la Plataforma.

La concentración puso el foco en una reivindicación que “sigue pendiente” en Castilla-La Mancha: que el aborto se garantice de manera efectiva en la sanidad pública, con recursos, profesionales y una organización que permita acceder a la prestación sin tener que recurrir a centros privados y sin que las mujeres sean derivadas a otras comunidades autónomas, “como ocurre actualmente en la mayoría de los casos”.

En la sanidad pública de Castilla-La Mancha existen 41 profesionales inscritos como objetores de conciencia para practicar interrupciones voluntarias del embarazo

Las organizaciones que integran la Plataforma denunciaron que las mujeres de Castilla-La Mancha continúan encontrándose con una prestación que, pese a estar reconocida legalmente, se realiza fuera de la red pública. “En 2024, el 99,95 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas, según datos del Ministerio de Sanidad. Y alrededor del 60% de las mujeres que han decidido abortar en los últimos 15 años han tenido que salir de la región para hacerlo”, exponen.

Por ello, reclamaron una red pública de interrupción voluntaria del embarazo integrada en el Sescam, con recursos y profesionales suficientes y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias.

El dato de los objetores “cuestiona la idea de una objeción generalizada”

La Plataforma considera “especialmente relevante” que, después de años reclamando información, el Sescam haya facilitado por primera vez datos oficiales sobre las personas inscritas en el registro de objetores de conciencia.

“Aunque la información proporcionada sigue siendo insuficiente para conocer con precisión la dimensión de la objeción —al no especificarse las categorías profesionales ni la distribución por hospitales y áreas sanitarias—, permite introducir datos objetivos en un debate en el que durante años se ha hablado de una supuesta objeción generalizada”, matizan.

Para la Plataforma, este dato refuerza “la necesidad de dejar de utilizar la objeción de conciencia como argumento para no organizar la prestación. La obligación de la Administración es organizar los servicios sanitarios de forma que una objeción individual no impida ni retrase el acceso de las mujeres al aborto en la sanidad pública”.

La objeción de conciencia es un derecho individual de los profesionales, no una objeción de los servicios, unidades u hospitales. Corresponde, por tanto, al Sescam planificar los recursos humanos y asistenciales necesarios para garantizar la prestación.

La Plataforma reclama que se hagan públicos los datos completos sobre objetores por categoría profesional, número de profesionales de Ginecología y Obstetricia y distribución por hospitales y áreas sanitarias, así como los recursos disponibles y las derivaciones que se producen. “Conocer cuántas personas objetan no puede ser el punto final. Tiene que servir para organizar los servicios”, añaden.

Un solo centro público “no es suficiente”

La Plataforma considera que el anuncio de la creación de un centro público no resuelve por sí solo el problema de acceso al aborto en Castilla-La Mancha. “Es necesario conocer qué centros prestarán la atención, cuándo comenzará, con qué profesionales y recursos y cómo se garantizará el acceso en todas las provincias y áreas sanitarias”.

Señalan que “las mujeres que viven en zonas rurales o tienen dificultades económicas, laborales, familiares o de desplazamiento no pueden encontrar obstáculos adicionales para acceder a una prestación sanitaria en función de su lugar de residencia o sus circunstancias personales”. Por ello reclaman al Gobierno regional que exista: una red pública de aborto en todas las provincias, un calendario concreto, público y verificable para la implantación de la prestación; recursos y profesionales suficientes, garantizando que la objeción de conciencia individual no impida ni retrase el acceso; datos públicos y transparentes sobre profesionales objetores, recursos, derivaciones y prestación realizada dentro y fuera de Castilla-La Mancha; información pública, clara y accesible sobre el derecho al aborto, el itinerario asistencial y los recursos disponibles; y protección efectiva frente al acoso y la intimidación para mujeres y profesionales.

Los sindicatos reclaman el aborto en centros públicos

“Si queremos garantizar un derecho, hay que garantizar también los recursos públicos para ejercerlo. No podemos asumir como normal que prácticamente ninguna mujer pueda acceder a una interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública de Castilla-La Mancha”, señala la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO Castilla-La Mancha, Ana Villaseñor, que participó en la manifestación en Alcázar. “Las mujeres de esta región nos vemos obligadas a desplazarnos para ejercer un derecho que debería estar garantizado en nuestra sanidad pública. Y sí, decimos obligadas, porque los datos que tenemos encima de la mesa no permiten justificar que toda la prestación tenga que salir de la pública”.

La responsable sindical ha reclamado que “la objeción de conciencia debe ser entendida como un derecho individual de cada profesional, pero no puede convertirse en una objeción de los servicios sanitarios, de los hospitales o de toda una comunidad autónoma. La obligación de la Administración es organizar los recursos para garantizar la prestación”.

En este sentido, CCOO considera necesario conocer con mayor precisión la información sobre la objeción de conciencia, incluyendo la categoría profesional de las personas objetoras y su distribución por hospitales y áreas sanitarias, así como los datos relativos a derivaciones y desplazamientos fuera de la región.

“Ninguna mujer debería sentirse culpable o sufrir acoso por querer abortar y ningún profesional debería ser señalado por garantizar una prestación sanitaria”. Del mismo modo, “ningún centro sanitario debería convertirse en un lugar de presión o intimidación”, añade Villaseñor.

En 2024, el 99,95 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas, según datos del Ministerio de Sanidad. Y alrededor del 60% de las mujeres que han decidido abortar en los últimos 15 años han tenido que salir de la región para hacerlo

Por su parte, UGT Castilla-La Mancha también reclama el cumplimiento efectivo del derecho a la interrupción voluntario del embarazo, “un derecho que no será posible”, apunta, “sin la normalización y generalización de la prestación pública y la garantía de un acceso equitativo de las mujeres en todo el territorio español al sistema sanitario público”.

“Desde UGT alertamos de que se está dificultando el ejercicio de un derecho que fue reconocido con la aprobación de la Ley de 5 de julio de 1985 y que se ha completado con la Ley Orgánica 2/2010, y por su reforma de 2023, que refuerza el acceso al aborto seguro y gratuito en la sanidad pública”, asegura Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha.

De igual forma, recuerda que los poderes públicos tienen la obligación de cumplir con las leyes y garantizar los mecanismos que sean necesarios para que la ciudadanía pueda disfrutar plenamente de sus derechos y libertades, y los y las profesionales sanitarios están comprometidos en su cumplimiento.

El sindicato valora la iniciativa del Ejecutivo regional de poner en marcha unidades de abortos en hospitales públicos de la región y le insta a acelerar su entrada en funcionamiento.

Por otro lado, denuncia todos aquellos obstáculos que impidan la garantía de este derecho, acciones cuyo objetivo es limitar la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que la derecha y la ultraderecha alimentan con sus políticas antiabortistas y contrarias a la igualdad de género, impidiendo la efectividad de un derecho constitucional.

“Aplaudimos la propuesta de blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución, que fue aprobada en su día en Consejo de Ministros y registrada en el Congreso de los Diputados en febrero de 2026, y seguiremos exigiendo recursos públicos suficientes para la garantía y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y por el acceso seguro y en condiciones de igualdad en la atención sanitaria pública”, concluye.