El bono social de Rajoy, una “trampa” para servicios sociales y cooperativas de consumo
El pasado 9 de octubre entró en vigor el nuevo bono social eléctrico a través de un Real Decreto del Gobierno central. Está basado en criterios de renta y supone descuentos de hasta el 50% en la factura de la luz para los consumidores más vulnerables. Se trata de una medida que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha ‘vendido’ como un avance contra la pobreza energética pero contra la que se acumulan numerosas quejas y denuncias por parte de diferentes colectivos y, sobre todo, de las comunidades autónomas. Algunas como Castilla-La Mancha la consideran una “trampa irresponsable” ya que el decreto establece que sean los servicios sociales, es decir, la Administración autonómica, los “responsables” de posibles impagos y se hagan cargo de los mismos. Esto no solo “sobrecarga” a los trabajadores sociales, sino que da al traste con el Plan contra la Pobreza Energética de esta comunidad autónoma y de otros similares en el resto de regiones.
El Gobierno castellano-manchego está actualmente estudiando el decreto. En su día ya presentó alegaciones a un borrador que rechazaba porque invadía competencias de la comunidad autónoma, y también en este caso las ha registrado desde la Consejería de Bienestar Social, desde la de Sanidad y desde la Dirección General de Energía. Según explica a eldiarioclm.es el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, el bono social establece una serie de bonificaciones que trasladan a los servicios sociales autonómicos la responsabilidad “e incluso la culpa” de futuros impagos de la factura de la luz.
“Esto es una barbaridad”, afirma, sobre todo cuando “todas las comunidades autónomas tenemos prestaciones económicas para hacer frente a situaciones de emergencia, así como convenios con las compañías eléctricas donde les avisamos de que no se realice un corte de suministro y establecemos un plazo mientras hacemos un acompañamiento a la familia”.
Con el nuevo decreto, que además se ha aprobado “sin pacto ni negociación”, el Estado ahora puede remitir misivas a los usuarios en situación de pobreza aconsejándoles que si tienen problemas para pagar, acudan a los servicios sociales. Es decir, la Administración autonómica se queda con ese 50% de la factura para que a estas personas no se les corte el suministro. “Nos traslada así esa responsabilidad, no a la compañía ni al Ministerio, sino a nuestros servicios sociales, que son la primera puerta de entrada para los más desfavorecidos”.
En la Junta de Castilla-La Mancha quieren trasladar esta situación en los plenarios de bienestar social de las cinco provincias para detallar a los trabajadores sociales cómo les puede afectar el decreto, con una “sobrecarga tremenda” que también es un “atropello” y genera “mucha incertidumbre”. Además, la Consejería de Bienestar social también está estudiando el texto con sus servicios jurídicos por si cabe recurso contra el mismo por invasión de competencias.
Otro problema es que ahora el Ejecutivo regional puede verse obligado a revisar su Plan contra la Pobreza Energética, donde se incluyen convenios con las empresas eléctricas para pedirles que frenen cortes de suministro. Ahora estas empresas deben atenerse al decreto y decirle a los usuarios que acudan a los servicios sociales si no pueden pagar. Por todo ello la Junta ya está en contacto con otras comunidades autónomas para medir el “impacto y desborde” de los servicios sociales que supone el nuevo bono social. El director general de Acción Social recuerda que las autonomías ya gestionan su propio sistema de prestaciones económicas y de emergencia social ante impagos, en el caso de Castilla-La Mancha “con precisión técnica y con intervención social”. “Por lo tanto, no es que no queramos pagar, ya lo estamos haciendo, pero esto viene a sobrecargar a nuestros trabajadores sociales, que todavía están recuperándose después de la crisis”.
Es la misma tesis que defienden desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Aquí lo resumen en un “yo invito, tú pagas”, o lo que es lo mismo, la “genialidad” del Ministerio consiste en evitar el corte de electricidad a los hogares que acrediten vulnerabilidad severa “si los servicios sociales –locales o autonómicos- abonan la factura”. Este colectivo asegura que el decreto está “tan magníficamente tramado” que en su propia memoria justificativa afirma que el coste total de las medidas contenidas “no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias”.
Recuerdan que el proceder de las eléctricas ante un impago será informar a sus clientes de que acudan a los servicios sociales y si estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el suministro. Consideran así que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, “se hace una foto preciosa gracias a su sensibilidad, las eléctricas tendrán a quien culpar en caso de corte de suministro y los servicios sociales que atienden ya a más de ocho millones de personas al año recibirán toda la presión de la demanda”, agregan.
Los “efectos perversos” del “impacto presupuestario”
Finalmente, señalan algunos “efectos perversos” como el “impacto presupuestario” en ayuntamientos y comunidades, “ni previsto ni pactado” en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales; y el hecho de que, obviamente, no haya garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales. “Se han obviado y ninguneado los sistemas de protección gestados ya en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos; se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales; y se trata de una norma ”antipedagógica y paternalista“. ”Las comercializadoras y el Ministerio se convierten en sonrientes irresponsables y la culpa de un corte de suministro se carga a un servicio público dependiente de otras administraciones“, concluye.
Pero la afectación a los servicios sociales no es la única consecuencia prevista. También las cooperativas de consumo, una alternativa a las grandes empresas eléctricas que poco a poco se va haciendo hueco entre los consumidores, mantienen algunos temores sobre el bono social. Desde la Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Energías Renovables (UNCCUER) han alertado sobre esta medida. Explican que el Gobierno de Rajoy plantea que sean la totalidad de las empresas comercializadoras las que financien el bono social (la parte no sometida al impago), estando incluidas estas cooperativas. Todas ellas actualmente operan en mercado libre por lo que no pueden ofrecer tarifas en el mercado regulado o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), a pesar de que “quieren ser agentes activos en la lucha contra la pobreza energética”.
Ejerce la vicepresidencia de esta asociación la primera comercializadora alternativa de Castilla-La Mancha, Econactiva, que apela a que los criterios aplicados “se basen en parámetros de proporcionalidad a los ingresos brutos de las compañías eléctricas, o en el peor de los casos, a la energía vendida”. Afirman que el propio Gobierno reconoce que el suministro de energía eléctrica constituye un “servicio de interés económico general”, y por eso subrayan que las condiciones de aplicación como de financiación del Bono Social “deben ser abordadas desde los criterios de proporcionalidad y progresividad, desvinculándolas de la tarifa eléctrica y aplicando los mecanismos de solidaridad ya existentes que hacen partícipe a toda la sociedad”.
“El suministro de energía no debería ser un artículo de lujo, sino un bien básico garantizado. Desde la Unión tendemos la mano a todos los agentes sociales y políticos para trabajar de manera conjunta en el desarrollo del Real Decreto y garantizar así un suministro eléctrico al alcance de toda la ciudadanía”.
