35.000 euros para el realojo de 50 familias del asentamiento chabolista en Toledo
La Asociación Socioeducativa Llere, que trabaja en contra de la discriminación, la intolerancia y el racismo, recibirá 35.000 euros para poder trabajar en un Plan Social de Acompañamiento destinado a las cerca de 50 familias que viven actualmente en el asentamiento ilegal llamado ‘El Cavero’ en la localidad toledana de Olías del Rey. A través de este plan, la organización trabajará con las familias para ayudarlas en el proceso de adaptación a las nuevas viviendas donde serán realojadas.
El Gobierno regional ha aprobado conceder esta ayuda, según señala el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, porque el desalojo es inminente, debido al estado del edificio abandonado donde viven las familias. El inmueble es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y presenta “graves” daños estructurales, con lo que las familias y los menores que viven en ‘El Cavero’ se encuentran en una situación de “riesgo y precariedad”.
Tras evaluar la situación, y gracias también a acciones de presión por parte de partidos políticos como Podemos, el Ejecutivo castellanomanchego ha señalado que es su deber el realizar un Plan Social para estas familias, pero que ha decidido autorizar las ayudas para la Asociación Llere que ya trabaja con los vecinos del asentamiento, debido a la complejidad del proceso.
Las ayudas se aprobaron en el último Consejo de Gobierno, y se entregarán en dos tandas: la primera, del 50% de la subvención, en el momento en que se emite la resolución de concesión y la segunda, una vez justificado el primer pago, a partir del próximo diez de diciembre. La Asociación Llere tiene la obligación de apoyar a las familias cuando abandonen las viviendas, en las que llevan asentadas cerca de dos décadas, y también acompañarlas en el proceso de adaptación de las nuevas viviendas, así como trabajar en la inclusión de los vecinos en las localidades donde vayan a residir.
La Asociación tendrá la obligación también de tender los lazos entre las administraciones locales donde vayan a vivir las familias, como ocurre con la Corporación Local y los servicios sociales del pueblo toledano de Olías del Rey.
El asentamiento de ‘El Cavero’ debía ser desalojado, por orden judicial, a finales de julio. El Gobierno central aceptó posponer este proceso durante dos meses, ya que las casi cincuenta familias que viven en el asentamiento no tenían otra opción de vivienda, e irían directos a la calle. El Gobierno de Castilla-La Mancha intervino en el proceso, junto a Podemos Castilla-La Mancha, que comenzó a trabajar en el problema haciendo especial hincapié en la necesidad de comunicación y cooperación entre las diferentes administraciones, independientes del color político.
La Junta de Comunidades señaló entonces que se necesitaban dos meses para poder trabajar en un plan de reinserción para las familias que viven en ‘El Cavero’, mientras tanto el Gobierno regional como Podemos lamentaron la falta de “voluntad” de la Tesorería General de la Seguridad Social, que cedió en sus intenciones de desalojo en el último momento.
