Teletrabajo: la Junta “agotará todas las posibilidades de negociación” con los funcionarios y defiende su propuesta

La Dirección General de Función Pública ha convocado a las organizaciones sindicales de la Junta de Comunidades el próximo lunes, día 22, a una nueva reunión de la Mesa General de Negociación del Personal Empleado Público para seguir examinando el contenido del borrador del proyecto del nuevo Decreto por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según apunta, lo hace “pese a que la mayoría de estos sindicatos decidieron ayer, miércoles, levantarse de manera unilateral de esa mesa y detener el proceso negociador de dicha norma”

Desde la Dirección General de Función Pública se ha decidido mantener abierta la vía de diálogo con los sindicatos e intentar retomar las negociaciones el próximo lunes con la convocatoria de nueva reunión, a la cual espera que asistan estas organizaciones sindicales, ya que considera que la elaboración del nuevo decreto debe contar con la participación y las sugerencias de estos representantes.

El proceso negociador con los sindicatos se inició el pasado martes con la convocatoria de la Mesa General de Negociación Personal Empleado Público para estudiar el contenido de este borrador y continuó al día siguiente, miércoles. En esas dos sesiones se revisaron los primeros ocho artículos del nuevo decreto, que consta de un total de 18 artículos estructurados en cinco capítulos, recogiendo los representantes de la Administración regional las sugerencias sindicales y aclarando sus dudas, con la voluntad de alcanzar un acuerdo consensuado sobre el contenido de esta norma.

Sin embargo, cuando se empezó a examinar el artículo 8, que regula el tiempo máximo de teletrabajo en la Junta, la mayoría de los sindicatos, según el Gobierno, plantearon a los representantes de la Administración regional que se aceptase su propuesta de modificar el texto inicial o, “en caso contrario, no continuarían negociando el nuevo decreto, una postura incompatible con cualquier proceso negociador”. “Ante la negativa a aceptar esa imposición, los sindicatos solicitaron suspender la reunión del miércoles, cuestión que se produjo sin que atendiesen la petición de la Dirección General de Función Pública de proseguir con la sesión para poder debatir el resto del articulado pendiente de examinar, pese a la discrepancia con ese artículo concreto”, agrega.

Pese a esa decisión sindical, la Dirección General de Función Pública, en aras a “mantener el clima de diálogo necesario” para tramitar este tipo de normativa, convocó de nuevo hoy a la Mesa General de Negociación del Personal Empleado Público, pero no pudo constituirse por falta de quórum necesario, al no presentarse dichos sindicatos a esta convocatoria.

Pese a ello, el director general de Función Pública, José Narváez, ha remitido una carta a los representantes sindicales convocándoles de nuevo el lunes a la mesa de negociación, porque entiende que el decreto debe ser explicado y debatido en su totalidad con las organizaciones sindicales. En ese sentido, ha reiterado que desde la Administración regional se va a llevar a cabo todo el esfuerzo negociador que se requiera para alcanzar ese objetivo, y aunque siendo consciente de que puede haber discrepancias con los sindicatos respecto a determinadas partes del contenido de esta nueva norma, no debe impedir la continuidad de la negociación, pues en su desarrollo es posible seguir acercando posturas.

El nuevo decreto “mejora” la regulación actual

La Junta sostiene que el nuevo decreto, por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración regional, sustituirá a la actual regulación autonómica vigente desde hace siete años, siendo Castilla-La Mancha una de las pocas comunidades autónomas con un marco regulador propio en esta materia.

Su objetivo es “mejorar la aplicación del teletrabajo” en la Junta de Comunidades, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los últimos años, así “como adaptar esta normativa a la nueva regulación estatal, que fue aprobada en la Conferencia Sectorial de Administración Pública el pasado mes de septiembre del año pasado, ya que era inexistente hasta esa fecha”.