El Consejo de Seguridad Nuclear denuncia presiones de la Junta de Castilla y León y de Berkeley para autorizar la mina de uranio en Salamanca

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) denuncia presiones de la Junta de Castilla y León y de Berkeley para autorizar la mina de uranio en Salamanca: la primera explotación a cielo abierto de Europa. Según publica el diario El País, la empresa minera ha emprendido en los últimos tres meses una campaña para instar al consejo a que resuelva el expediente de esa autorización en el municipio salmantino de Retortillo, en la que también ha participado el Gobierno autonómico. Desde el 16 de octubre, la compañía minera ha enviado varias cartas órgano supervisor de le energía atómica: una firmada por Francisco de Paula Bellón, presidente de Berkeley, dos de asociaciones que supuestamente defienden a los accionistas y otra más del despacho de abogados.

En un escrito de protesta ante el Congreso presentado este miércoles, el CSN incluyó carta fechada el 8 de julio de 2019 y firmada por el exdirector general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León Ricardo González Mantero, que dejó el cargo en agosto de ese mismo año. En ese escrito, González Mantero, defiende el proyecto de la mina e insta a que el informe definitivo sobre la planta se lleve al pleno del Consejo de Seguridad Nuclear para su aprobación. Tras describir los beneficios que del proyecto y las autorizaciones que ya ha recibido, el alto cargo asegura que “por motivos que, lamentablemente, no parecen exclusivamente técnicos” la tramitación de la autorización “aparentemente se ha detenido”. El presidente del CSN, Josep María Serena i Sender, considera que esta contiene “solicitudes e insinuaciones impropias”.

Según la información de El País, todas las cartas dejan entrever consecuencias judiciales si no se autoriza el proyecto. El despacho de abogados Herbert Smith Freehills Spain sostiene en su escrito que la enmienda propuesta por PSOE y Podemos para prohibir la minería de uranio en España es “inconstitucional y expropiatoria”. “De aprobarse finalmente nos llevará a reclamar cuantas responsabilidades nos ampare el Estado de Derecho”, sostiene el despacho. Más directo, Aemec afirma que si no se concede la autorización habrá “a buen seguro numerosos conflictos jurídicos que pueden derivar en la exigencia de cuantas responsabilidades personales, patrimoniales o de otra índole sean exigibles a sus responsables como consecuencia de la falta de diligencia de este consejo [en referencia al CSN], y ello no solo ante los tribunales españoles sino también internacionales”.

En todas las misivas se lamenta la tardanza en conceder la autorización definitiva a la planta, que según la empresa y los accionistas lleva cuatro años tramitándose. Y en la del despacho de abogados se solicita una reunión con el CSN para abordar este asunto y, en su defecto, se pide que se les traslade “con la mayor precisión posible” la fecha en la que se emitirá el informe sobre la autorización. El presidente del CSN ha rechazado reunirse con Herbert Smith Freehills Spain y ha emplazado al despacho a ponerse en contacto con la Abogacía del Estado.