Ecologistas denuncia a la Mesa de las Cortes por aceptar la modificación de la Ley de Caza

La asociación Ecologistas en Acción ha presentado en la Sala Primara del Tribunal Superior de Justicia una denuncia penal contra Ramiro Ruiz Medrano, el presidente en funciones de las Cortes de Castilla y León hasta la toma de posesión del nuevo responsable, Ángel Ibáñez, y los otros cuatro procuradores que junto a él integran la Mesa de las Cortes, por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, al haber admitido a trámite la Proposición de Ley presentada el pasado 28 de febrero por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos con la finalidad de “pasar por encima” de la suspensión cautelar de la caza ordenada por el Alto Tribunal Regional.

Ecologistas en Acción ha recordado que los dos autos dictados recientemente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo se suman a otra decena de sentencias judiciales firmes del TSJCyL que han anulado buena parte de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Caza de 1998, 2011 y 2015, las Órdenes Anuales de Caza de 1997, 2002, 2010 y 2016, los Planes de Conservación y Gestión del Lobo de 2008 y 2016 y los planes de aprovechamientos comarcales del lobo entre 2015 y 2019. “La ilegalidad reiterada de la regulación de la caza en Castilla y León durante las últimas dos décadas obedece a la incapacidad de la Junta de Castilla y León para hacer compatible esta actividad con la normativa de conservación de la fauna”, han señalado desde la organización en un comunicado de prensa.

Así, tanto la Ley estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como las directivas europeas de Aves y Hábitats y la propia Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León supeditan la caza a la conservación de las especies que puedan considerarse cinegéticas, motivo por el cual los tribunales vienen exigiendo a la Junta de Castilla y León que acredite el cumplimiento de dicha normativa y justifique que la práctica de la actividad cinegética se basa en estudios científicos sobre la situación de las distintas especies silvestres, así como del grado de incidencia de la caza en su conservación.

Por eso, “resulta bochornoso que año tras año” la Consejería de Fomento y Medio Ambiente incumpla este principio básico, y que sean las organizaciones ambientales las que “deban exigir sistemáticamente ante los tribunales de justicia el cumplimiento de la más elemental legalidad”. Por ello, la Federación de Caza de Castilla y León, que ha lamentado de forma rotunda la suspensión de la actividad, debería reclamar a las autoridades un “mínimo de capacidad para sujetarse a la normativa, en lugar de arremeter contra los colectivos sociales y los jueces que están poniendo de manifiesto, sentencia tras sentencia, el absoluto descontrol de la caza en Castilla y León”.

En este contexto, Ecologistas en Acción deplora que los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos y la Mesa de las Cortes de Castilla y León hayan decidido aceptar la “invitación a delinquir” realizada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñónes para que “enmienden su ineptitud y la de los responsables de la Dirección General del Medio Natural de Castilla y León, a través de la Proposición de Ley que se discutirá este miércoles en el pleno de las Cortes.

La denuncia penal considera “evidente el ánimo de infringir el ordenamiento jurídico” vigente en España e “incumplir las resoluciones firmes de los tribunales, al margen del atropello del derecho fundamental de los recurrentes a la tutela judicial efectiva y a la participación, que constituyen la esencia del sistema democrático”. Los ecologistas recuerdan que “los procuradores de las Cortes de Castilla y León, igual que los demás ciudadanos, deben respetar la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales”.

De ser finalmente aprobada por las Cortes, Ecologistas en Acción pedirá al Gobierno, a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y al Defensor del Pueblo que recurran la modificación de la Ley de Caza ante el Tribunal Constitucional, por vulnerar legislación básica del Estado y los derechos fundamentales a la participación y la tutela judicial, entre otros. Asimismo, el propio TSJCyL podría suscitar una cuestión de inconstitucionalidad previa a resolver los recursos judiciales en curso.