Castilla y León aprueba aumentar su capacidad de endeudamiento en 231 millones de euros para afrontar la crisis de la COVID-19
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha acordado acceder a 231 millones de euros para operaciones de endeudamiento a largo plazo, que se financiarán a través del Fondo de Facilidad Financiera para Comunidades Autónomas que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. La Junta habilita así recursos financieros para atender las necesidades de liquidez en un contexto marcado por la crisis del COVID-19.
Castilla y León suma esta cantidad a los 515,84 millones ya firmados con Administración General del Estado para cubrir las necesidades de endeudamiento, que incluye amortizaciones y anualidad de liquidaciones negativas. Las condiciones financiera son las mismas. Se trata de una operación a un plazo de 12 años (cuatro años de carencia y 8 de amortización). De esa cantidad, 163 millones de euros devengarán un tipo de interés del 0%, y 68 millones al tipo establecido para las disposiciones del segundo trimestre.
El Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales establece que pueden adherirse al compartimento Facilidad Financiera, las Comunidades Autónomas que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, respeto a las reglas fiscales y cumplimiento de los límites del periodo medio de pago a proveedores.
Endeudamiento 3 puntos inferior a la media en 2019
Castilla y León ha reducido su nivel de endeudamiento al cierre de 2019 hasta el 20,8% sobre el PIB, medio punto porcentual menos que en 2018 y casi 3 puntos inferior a la media autonómica. Este dato mantiene a la Comunidad como la octava autonomía más saneada del país, según los datos publicados por el Banco de España el pasado 31 de marzo.
La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es limitada, de acuerdo con los datos facilitados por el organismo regulador. En concreto, al término de 2019 se cifraba en el 4,2 % del total de las comunidades autónomas.
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