La Junta de Castilla y León declara la inversión de 233 millones anunciada por Iveco como Proyecto Prioritario

La Junta de Castilla y León ha declarado este jueves como Proyecto Industrial Prioritario el anunciado por la empresa fabricante de camiones Iveco España, con su factoría de Valladolid, donde prevé invertir entre 2026 y 2027 unos 233,76 millones de euros, gran parte para dotarse de 92 nuevos robots.

Esta declaración se debe, según ha explicado el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, a razones de “interés general basadas en la magnitud de la inversión prevista”, ya que espera que pueda servir para dinamizar el tejido industrial de la Comunidad y el impacto tecnológico e innovador del proyecto.

La declaración como Proyecto Prioritario implica una agilización en los trámites de una inversión que, en palabras de la Junta, asegura la viabilidad de la planta y refuerza su posición como centro de referencia internacional en la fabricación de vehículos industriales, que emplea en Valladolid a un millar de trabajadores.

En este sentido, el proyecto contempla una transformación integral de la capacidad productiva de la factoría vallisoletana, orientada a la fabricación de una nueva gama de vehículos pesados y a la modernización de los modelos actuales.

Entre las actuaciones más relevantes destaca la implantación de un nuevo proceso de soldadura 100% robotizado con la incorporación de 92 nuevos robots, así como la construcción de una nueva nave de pintura de última generación dotada de procesos totalmente automatizados.

Se trata de mejoras tecnológicas que permitirán a la planta alcanzar una capacidad de producción de hasta 111.000 cabinas al año, según los datos aportados por la Junta de Castilla y León, que calcula que estas inversiones tendrán un impacto sobre el empleo indirecto de unos 100 puestos de trabajo.

La modernización de los procesos productivos también conlleva un avance en sostenibilidad, reduciendo el consumo de gas natural y electricidad, así como las emisiones a la atmósfera, lo que refuerza la compatibilidad de la instalación con el entorno, según la información aportada por la Junta.

Al ser considerado prioritario por la Junta, los plazos administrativos dependientes de esa administración pueden reducirse a la mitad.

Asimismo, la Junta de Castilla y León arbitrará los mecanismos de coordinación necesarios con otras administraciones públicas para agilizar las licencias necesarias, con el objetivo de que las actuaciones comiencen en el plazo máximo de un año.