El juez del caso de favores entre un guardia civil y empresarios persiste en excluir a altos mandos del Cuerpo
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid mantiene su decisión de excluir en la lista de investigados a altos cargos de la Benemérita por el caso de la presunta trama de favores entre un guardia civil de la Comandancia vallisoletana y una decena de empresarios, al no considerar acreditado que los primeros estuvieran al tanto de las supuestas negociaciones de su subordinado.
Así lo acuerda el instructor, José María Crespo, a través de un nuevo auto, en segundo dictado en dicha causa, después de que el primero fuera anulado por la Audiencia de Valladolid al estimar un recurso de la Fiscalía y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC)-también está personada en las diligencias la Unión de Oficiales-para devolver las actuaciones al juez a fin de que ampliara investigaciones y concretara delitos y los supuestos responsables.
En su nuevo auto, el juez vuelve a transformar las presentes diligencias previas en procedimiento abreviado contra los mismos investigados, el agente J.C, así como contra a C.E.R, E.O.C, J.G.C, D.E.A, D.C.F, J.R.R, J.A.O.C, F.G.J, M.A.E.M. y J.A.T.G, a los que se imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos y prevaricación administrativa.
Al mismo tiempo, se da traslado del auto Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas para que en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Operación Rosado
Las diligencias se originaron en 2018 a raíz de unas intervenciones telefónicas autorizadas en otra investigación, la 'Operación Rosado' contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), que se saldó con la detención de casi medio centenar de personas, entre las que figuran el guardia civil y algunos de los investigados en el procedimiento por las supuestas prebendas entregadas al mismo.
Las conversaciones intervenidas durante 2017 y 2018 en el marco de la 'Operación Rosado', coordinada por Instrucción 1, permitieron descubrir otras actividades supuestamente delictivas del agente de la Benemérita y de otros arrestados, actividades que se han investigado en un procedimiento judicial distinto.
Según recoge el auto, el agente del Instituto Armado influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones “incompatibles con su condición” de agente de la autoridad.
Las grabaciones, señala el juez, reflejan “la potestad de la que hacía gala el agente frente a terceros de intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición, sin perjuicio de que realmente pudiera tener dicha capacidad” y de que realmente realizara las gestiones que aseguraba haber realizado y por las que habría percibido una compensación.
El magistrado instructor mantiene que existen indicios de que el guardia civil, valiéndose de su condición de servidor público, accedía a bases de datos de carácter reservado y facilitaba dicha información a terceros; consultaba antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y “vendía” esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal.
Además, de la investigación realizada hasta ahora, se desprenden indicios de que el agente alteraba expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad. Para ello, facilitaba identidades de conductores que no se correspondían con los infractores-en un caso se colocó a un fallecido-y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo.
Igualmente, se sospecha que podría haber intervenido para beneficiar a un constructor con la adjudicación de un contrato para la realización de unas obras en la Comandancia de la Guardia Civil de León.
