Fiscalía de Valladolid pide 4,7 años al funcionario municipal acusado de amañar el contrato de señalización

Fiscalía de Valladolid solicita una condena de cuatro años y siete meses de cárcel para el empleado del Ayuntamiento de la capital acusado de un delito continuado de cohecho por, presuntamente, amañar durante años distintas adjudicaciones del contrato de señalización a favor de una empresa a cambio de distintas prebendas, entre ellas un coche para su disfrute, jamones por Navidad y entradas para espectáculos.

Después de que la presente causa pasara por la fase de instrucción en el Juzgado número 3, los hechos serán vistos en fecha aún por dilucidar pero probablemente no antes de marzo de 2021 por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, a cuyo tribunal la Fiscalía acude ya con una petición de cuatro años y siete meses de privación de libertad y el pago de una multa de 15.000 euros, junto con la inhabilitación para empleo o cargo público del acusado por espacio de diez años y medio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el proceso está también representado el propio Ayuntamiento en calidad de acusación particular--aplica la agravante de prevalimiento como empleado público--y que denunció los hechos ante la Fiscalía en enero de 2016. Solicita tres años de prisión, multa de 6.480 euros y el pago de una responsabilidad civil que se concretará en el acto del juicio oral, mientras que la defensa interesa un fallo absolutorio al entender que los hechos no son constitutivos de delito.

El banquillo lo ocupará José Luis G.M, quien como funcionario de carrera ocupó distintos puestos dentro del Área de Urbanismo y Vivienda, en concreto Seguridad y Vialidad, y quien en julio de 2000 fue nombrado jefe de la Sección de Licencias y Autorizaciones de la División de Control de la Legalidad Vial.

El acusado fue el encargado de fijar los criterios de valoración, tanto técnica como de la proposición económica, de distintas ofertas presentadas para la adjudicación de contratos de señalización de calles, los cuales fueron incorporados al pliego de cláusulas administrativas particulares que debían regir la contratación, y también fue el que emitía informe de valoración de las ofertas y elevaba la propuesta a la mesa correspondiente.

Pues bien, la acusación pública sostiene que el técnico, lejos de actuar con imparcialidad y en lugar de defender los intereses municipales, tuvo como único objetivo propiciar que la adjudicación de un contrato de señalización, por cuatro años prorrogables a un máximo de dos, en un expediente tramitado en 2008 recayera en una de las empresas licitantes, API Movilidad S.A.

A tal efecto, rechazó la oferta más barata por considerarla “desproporcionada o anormalmente baja”, sin dar audiencia a la empresa afectada--Campezo S.A--para justificar los valores que ofrecía, tal y como exigía la Ley de Contratos del Sector Público vigente en esa fecha.

A su vez, siempre según la Fiscalía, el técnico, bajo el epígrafe 'otras mejoras', admitió varias que no estaban contempladas en el pliego de condiciones, estableciendo así unos criterios o reglas de valoración no reflejadas en el mismo que favorecían a API Movilidad S.A, tan solo buscando las “ventajas personales” que le iba a suponer la adjudicación del contrato en favor de esta mercantil, entre ellas la puesta a su disposición de un Volkswagen Passat que el encausado disfrutó entre los días 23 de octubre de 2009 y 2013.

Un hijo empleado por el grupo

Al margen de esta supuesta prebenda, el acusador público sostiene que el empleado recibió otras en fechas navideñas, en forma de localidades gratuitas para corridas de toros, entradas para partidos de fútbol o invitaciones a comidas, sin olvidar que su propio hijo, desde el inicio de su vida laboral, ha trabajado y lo sigue haciendo para sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial, entre ellas 'Aplicación de Pinturas API S.A', 'Salmantina de Seguridad Vial S.A', 'API Movilidad S.A' y la UTE 'Señaliza Madrid S.A'.

Pero al margen de aquel expediente, también se le vincula con otro en 2015 en el que se encargó de elaborar la memoria justificativa para la contratación de la señalización vertical y horizontal de tráfico en la ciudad.

Al igual que en el caso de 2008, sus dictámenes iban encaminados a que la mesa de contratación se los adjudicara a dos empresas del citado grupo, de forma que se establecieran dos lotes, uno de señalización vertical y otro horizontal, y ello a pesar de que en la justificación del pliego de condiciones se planteaba un único contrato para realizar así un mejor control por parte del Ayuntamiento.

En esos contratos, en lugar de apostar por trabajos de mantenimiento, lo hizo mayoritariamente por la renovación pese a ser ésta una opción mucho más costosa para las arcas municipales y, a la par, más lucrativa para las licitantes, Imesapi S.A y API Movilidad S.A, a las que la mesa de contratación adjudicó los contratos en julio de 2015 confiando en el informe final de valoración--les otorgó la máxima puntuación--confeccionado por el técnico municipal.

La propuesta de adjudicación elaborada por José Luis G.M. planteaba un importe máximo de 600.000 euros por el de señalización vertical para Imesapi y de 900.000 por la señalización horizontal para API Movilidad, es decir, 1.500.000 euros para los años 2015 y 2016, con una posible prórroga de otros dos, con lo que el presupuesto final del contrato se elevaba a 3 millones de euros.

Sin embargo, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2015, en una decisión ratificada el 18 de noviembre, acordó paralizar la adjudicación de esos contratos por resultar llamativo el elevado coste y la existencia de otras ofertas con precios mucho menores que fueron excluidas por el acusado al considerarlas desproporcionadas.

Las empresas adjudicatarias recurrieron al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León y éste les dio la razón, por lo que la Junta de Gobierno Local, el 9 de marzo de 2016, acordó adjudicar el contrato.

Con anterioridad, el 1 de diciembre de 2015, el Ayuntamiento ya había iniciado la tramitación de un expediente disciplinario contra el encausado y más tarde, el 18 de enero de 2016, por decreto del entonces concejal del Área de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica, se acordó poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Valladolid.

Denuncia de un extrabajador

El expediente se inició a raíz del escrito que dirigió al alcalde en noviembre de 2015 un trabajador despedido de API Movilidad, Pablo M.G, en el que denunciaba “una situación de corrupción y abuso de poder” que se venía produciendo desde hace años en el departamento ocupado por el empleado investigado.

El operario en cuestión, que trabajó para la citada mercantil durante una década, aseguró que desde hacía tres o cuatro años conocía directamente por lo visto y oído--carecía de documentación acreditativa--que la empresa ajudicataria del contrato de señalización horizontal y vertical había cedido a José Luis G.M. un vehículo para su disfrute particular y que su hijo había sido contratado por el grupo. a

A ello sumaba otros regalos en forma jamones por Navidad, entradas a festejos taurinos y al palco del estadio Santiago Bernabéu, junto con invitación a comidas, viajes, estancias pagadas a ferias del sector en Amsterdam o a los pinchos de la Feria de Día.