La Junta de Castilla y León obligará a las residencias a tener equipos de protección y ayudará con dos millones de euros a las residencias sin ánimo de lucro

La Junta de Castilla y León obligará a las residencias a tener equipos de protección y ayudará con dos millones de euros a las residencias sin ánimo de lucro, según figura en el nuevo decreto ley de medidas extraordinarias para las residencias aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno.

Este decreto ley obligará a las residencias a disponer de equipos de protección individual (EPIs) según determine el servicio de prevención de riesgos laborales para residentes y trabajadores “en número proporcional a la ocupación real del centro y en función de las necesidades reales de atención”. Además, deberán comunicar a la Junta de Castilla y León el remanente de EPIs con los que cuenten.

Las residencias de ancianos han sido las grandes damnificadas durante esta pandemia. Hasta este viernes, han fallecido 2.591 personas por la COVID-19 y han superado la enfermedad 6.877 usuarios.

La Junta también habilitará unas líneas de ayudas con dos millones de euros para las entidades sin ánimo de lucro que dirijan un centro de atención residencial, entre las que se incluyen las residencias religiosas, las que se integran en Lares o las fundaciones. El objetivo es que todas las entidades que las soliciten puedan recibir ayuda para adquirir guantes, gafas, mascarillas, batas, botas, entre otros, así como la adquisición de test de diagnóstico rápido, serológicos u otro tipo de pruebas, principalmente.

Estas subvenciones serán concedidas de forma directa a las entidades que lo soliciten. La cuantía de la subvención será del 80% del gasto subvencionable hasta un máximo de 2.000 euros por residencia.

La información también es un pilar de este decreto ley, que recoge medidas de refuerzo de la información, control y formación del personal para “garantizar la fluidez y continuidad de la información”. También será obligatorio para las empresas que formen a su personal, compuesto en su mayoría por auxiliares de Enfermería, “ante emergencias sanitarias sobre medidas de autoprotección, desinfección y limpieza de las zonas del centro”.

“Será competencia de la dirección garantizar que los trabajadores cuenten con la formación suficiente para el abordaje de esos supuestos y especialmente para el adecuado uso de los equipos de protección individual”, señala el comunicado remitido a la prensa. De esta manera, la Junta pretende “reforzar las funciones de seguimiento, control e inspección en situaciones excepcionales de salud pública”.

Las residencias deberán contar también con un plan de contingencia que plasme “la experiencia acumulada durante este tiempo” durante la pandemia y que esté adaptado a las características propias de cada centro. Este plan incluirá la organización de los servicios, la constitución de áreas diferenciadas formadas por agrupaciones de usuarios y atendido por un equipo fijo de profesionales y permitirá “la inmediata compartimentación de las dependencias” para evitar la rápida propagación de enfermedades.