La Junta de Castilla y León presenta enmiendas a la Ley de Memoria Histórica para que se reconozca a las víctimas de los dos bandos

El vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de Castilla y León, Francisco Igea, ha remitido a la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática aportaciones al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. La comunidad considera que la ley debería ser de consenso, pero advierte que el texto “ni siquiera pretende alcanzarlo”. El líder de Ciudadanos en Castilla y León considera que se trata de una ley “innecesaria, burocrática, redundante y que no cumple con los objetivos que dice defender”, que busca reparar la memoria de las víctimas de un bando y no a las del otro. “No existe justificación para un nuevo texto cabecera de esta política pública”, ha sentenciado.

Las enmiendas planteadas por la Junta se enmarcan en la solicitud de aportaciones que hizo el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática como parte de la tramitación del anteproyecto. Tras la reunión con el resto de consejeros castellanos y leoneses, Igea ha compartido en una rueda de prensa la posición del Ejecutivo autonómico.

Según ha defendido el vicepresidente, en el anteproyecto de ley “es importante que estén presentes todas las víctimas del totalitarismo, ejecuciones extrajudiciales, fanatismo y barbarie que fueron víctimas por sus creencias, ideas o convicciones”, por lo que considera que la actual propuesta solo reconoce al bando republicano. Igea ha añadido que no cree en una “España de bandos o trincheras”. En el informe de alegaciones remitido al Gobierno de España se apuntan consideraciones acerca de la necesidad de un nuevo texto, aspectos de técnica normativa, observaciones políticas y unas consideraciones finales.

Una Ley de Memoria que debe servir para denunciar y reparar

Según Igea, el anteproyecto parece distinguir dos tipos de víctimas: las que combatieron o se posicionaron a favor del Golpe de Estado –ocasionadas, se supone, por los que combatieron en contra–, y las que produjeron el golpe y la dictadura. Pero eso significa que, según el anteproyecto, todas las víctimas de la violencia de partidos de izquierda en la retaguardia –por ejemplo, las ocasionadas por las milicias en Madrid o los anarquistas en Barcelona–lo fueron por participar en el Golpe de Estado. “Y de este modo las víctimas, en vez de ser reparadas, son estigmatizadas”.

Tampoco gusta que la norma considere que el franquismo “ya homenajeó a sus víctimas”, y que ahora se el momento de que la democracia “rinda tributo a las suyas”. Esta distinción, subraya Igea, traza una línea que une a la izquierda con la República y la Democracia, y otra que vincula a la derecha con el franquismo, por lo que “No parece, desde luego, lo más recomendable para eliminar las trincheras y sanar las heridas”. Para el ejecutivo de Castilla y León es necesario tener en cuenta “que la Democracia debe reconocer a todas las víctimas del fanatismo, el sectarismo, el tribalismo y la barbarie, sin establecer la menor diferencia en torno a la adscripción política de los perpetradores, ni si la dictadura franquista previamente las hizo suyas”.

Igea introduce la posibilidad de reconocer a la que ha venido a ser llamada como la 'tercera España' y asegura que “sería razonable reconocer a los que se resistieron a dejarse absorber por el torbellino polarizador de odio, ayudaron a los que el vendaval derribaba, tuvieron que huir o fueron destruidos por él”.

Olvido de las víctimas de ETA en Democracia

Entre las alegaciones al anteproyecto de ley propuesto por el Gobierno de España se alude a la propuesta de “reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática”, “neutralizar el olvido” y “detectar y desactivar las derivas totalitarias o antidemocráticas” que crecen en el seno de la sociedad. Y que a continuación se establezca un tiempo cerrado de vigencia: desde el Golpe de Estado de 1936 hasta la aprobación de la Constitución. La cuestión, se señala por parte del Gobierno autonómico, es que de este modo quedan fuera de la Memoria Democrática las víctimas ocurridas en democracia por la acción de una banda terrorista, totalitaria y antidemocrática. Es más, se da la circunstancia de que “este anteproyecto parece prestar más atención a las víctimas de ETA producidas en la Dictadura que a las víctimas ocasionadas fruto de sus actos terroristas cometidos en Democracia”.