Un juzgado zanja en 6,2 millones el pago por un 'robo' de la Diputación de León franquista a la Fundación Sierra Pambley

Un litigio originado hace 72 años por una expropiación encubierta de la mayor parte del Monte San Isidro, el pulmón verde de León capital, con una excusa social de la dictadura sólo espera un acuerdo final que cumpla la decisión judicial de valorar la indemnización en más de 6 millones de euros. 72 años para resarcir una cruel injusticia histórica en León. Una historia de opresión y abuso institucional. Han tenido que pasar 72 años desde que las autoridades del régimen fascista y golpista comandado por Francisco Franco usurparan un valioso terreno del Monte San Isidro de León a la Fundación Sierra Pambley. Más de siete décadas hasta que una jueza ha decidido que aquella 'venta forzada' y el uso que le acabaron dando fue irregular y debe ser indemnizada.

Tras años de litigios y acuerdos que parecían quererse, pero nunca llegaron, finalmente el 'robo' franquista tiene un coste establecido para las arcas de la Diputación leonesa: 6.240.928,98 euros es en lo que ha zanjado el Juzgado de Instrucción 7 de León el valor de las prácticamente 134 hectáreas que en 1949 se quedó a precio de ganga y obligado bajo la presión de una dictadura, en concreto a razón de 1,25 pesetas el metro cuadrado.

Era una bicoca, teniendo en cuenta que se trata del mayor pulmón verde de la capital leonesa y una extensión muy golosa tan cerca de la ciudad. No en vano, en la zona hubo una maniobra especulativa para construir en el año 2004, mano a mano la Diputación y el Ayuntamiento de León, la friolera de 600 viviendas, que por fortuna sólo las presiones vecinales y ecologistas consiguieron frenar.

Además, aquel contrato de la década de los 40 del siglo pasado, aunque leonino, contenía la cláusula de que todo lo que se hiciera en este terreno fuera obligatoriamente de uso social, la cual tampoco se ha venido cumpliendo durante décadas.

Isabel Carrasco y su gestión lo precipitó todo

La conclusión judicial está por fin muy cerca, desde que el Patronato de la Fundación Sierra Pambley impulsara el caso cuando en 2014 la entonces presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, rompiera a las bravas un acuerdo tácito por el que la institución al menos pagaba hasta entonces alguna pequeña cuantía anual a modo de compensación.

La polémica presidenta se negó a formalizar nada, abocando el caso a los juzgados. E incluso ahondó en la injusticia utilizando desde entonces el edificio de San Cayetano, antiguamente dedicado a hospicio, refugio de niños sin familia, a meros despachos de funcionarios, a los que 'desterró' lejos. Hasta casi 300. Poco después de aquel empecinamiento suyo, Carrasco fue asesinada a disparos en la capital leonesa en un episodio difícil de olvidar.

Su posterior sucesor también del Partido Popular, Juan Martínez Majo, se pasó su mandato asegurando que afinaría por la vía del acuerdo un pacto con la Fundación. Y es que para entonces, los informes ya admitían que quedarse con aquellas 134 hectáreas del Monte San Isidro en 1949 fue sólo posible “gracias a una autorización política que hoy resultaría francamente cuestionable (...) en un momento en que el legítimo Patronato de la Fundación estaba neutralizado por la fuerza de la dictadura”.

Hogueras con libros y fusilamientos

De hecho, se habían llegado a purgar los fondos documentales, realizando monstruosas hogueras de libros 'prohibidos', a represaliar e incluso a fusilar a algunos de sus responsables, como ocurrió por ejemplo con Nicostrato Vela (padre del pintor Vela Zanetti), que había sido director de la Granja-Escuela, o el bibliotecario, Pío Álvarez.

En todo ese tiempo, y tras el desuso realmente social del Hospicio, la Diputación estaba empleando la zona para cuestiones de mero carácter administrativo en ese mismo inmueble, a ubicar el Parque Móvil provincial o el propio parque Monte San Isidro como área recreativa natural, con vivero provincial incluido. Pero escasos fines sociales, como estipulaba el contrato forzado de compraventa.

Sin embargo, ante la falta de resolución de la última administración popular, el abogado de la Fundación Sierra Pambley, también en su calidad de vicepresidente del Patronato, Graciliano Palomo, tuvo que acelerar el proceso con una denuncia en 2016.

Ni cuatro ni ocho millones

La presión legal hizo moverse al equipo de Gobierno en la institución, amenazada por una sentencia aún más gravosa, pero todavía realizaron una cuantificación del 'robo' que difería en cerca de cuatro millones de euros de la que estaba dispuesta a aceptar la Fundación (que pidió incluso más de ocho millones), y la que finalmente ha determinado una arquitecta independiente por orden de la jueza que lleva el caso.

Majo llegó a pedir la suspensión de la demanda civil por dos veces, asegurando que se acordaría pronto un pago por anualidades. Pero jamás llegó a cerrarse y satisfacerse.

Por eso, ahora la pelota, una más, está en el tejado de otro equipo de Gobierno, el que ahora preside el pacto entre el PSOE y UPL. Palomo sigue esperando que la institución provincial proponga definitivamente un calendario de pagos y una cuantía anual para resarcir, 72 años después, una carísima injusticia histórica. Una negociación que personalmente lleva el propio presidente de la Diputación, Eduardo Morán.