Ante unas elecciones a cara de perro

Ninguno de los difusos e inconsistentes (por no decir falaces) argumentos esgrimidos por el presidente de la Junta hacía inevitable su abrupta decisión de disolver el 20 de enero las Cortes para celebrar elecciones anticipadas el 13 de febrero. Había margen en el calendario para tratar de salvar los Presupuestos de la Comunidad para 2022 y no digamos para esperar a que remitiera la virulenta sexta ola de la pandemia, ya que hasta el 10 de marzo no existía riesgo alguno de esa hipotética moción de censura contra el gobierno autonómico.

Solo Alfonso Fernández Mañueco sabe por qué precipitó su decisión en un momento tan sumamente intempestivo. Lo que consta es que lo hizo de común acuerdo con Pablo Casado, lo que confirma el móvil netamente partidista de la convocatoria. Con el viento de los sondeos soplando a su favor, ambos esperan salir reforzados del 13-F. Mañueco, buscando una mayoría similar a la obtenida por Isabel Díaz Ayuso que le garantice la reelección para cuatro años.

Casado, que se va a volcar en la campaña, apuntándose la previsible victoria electoral del PP como un hito más en su carrera para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. El riesgo de votar en plena crisis sanitaria.

Sondeos de opinión aparte, el día elegido para acudir a las urnas conlleva un riesgo tal vez no suficientemente calculado desde el Colegio de la Asunción. Y no es otro que la situación epidemiológica y sanitaria de la comunidad autónoma. Todo induce a pensar que los efectos de la sexta ola van a seguir muy presentes el 13 de febrero, una fecha demasiado cercana para la que atención primaria haya salido del absoluto colapso en que se encuentra y en la que la presión hospitalaria y el grado de ocupación de las UCI pueden ser más acusada que ahora.

Si ello se confirma, el PP tendría un serio hándicap electoral, máxime cuando está y estará sin cumplir la promesa realizada en septiembre pasado por el presidente Mañueco de recuperar la atención presencial médica y de enfermería en los 3.600 consultorios locales. La Sanidad Pública es desde hace tiempo el talón de Aquiles de la gestión de la Junta y como tal estaba llamada a ser la madre de todas las llamadas electorales. Y a ello se añadiría el hecho de haber sido emplazados a acudir a las urnas en un momento crítico de la pandemia, responsabilidad ésta exclusiva de quien ha fijado la fecha.

Más difícil de evaluar resulta la repercusión de otros dos factores inéditos en esta precipitada convocatoria electoral. Uno de ellos es que por primera vez las elecciones autonómicas no se van a celebrar al mismo tiempo que las municipales, lo que elimina el “efecto arrastre” de los candidatos a las Alcaldías en favor de las listas a las Cortes de sus respectivos partidos. En principio, ello perjudicaría en alguna medida a los dos partidos mayoritarios por ser los que mayor número de listas municipales presentan.

Pero también es cierto que la existencia de una sola urna prima la elección de la papeleta en clave de política nacional, lo que de otro lado favorece especialmente las expectativas de Vox.

En cuanto a la irrupción de candidaturas asociadas a la España Vaciada, que están proliferando como setas en todas las provincias, su comparecencia electoral no parece que vaya a resultar determinante. Salvo el caso de Soria ¡YA!, avalada por una larga y acreditada trayectoria paralela a la de Teruel Existe, todas las demás carecen hoy por hoy de suficiente arraigo para afrontar con éxito en unos comicios tan polarizados políticamente. A priori, la plataforma soriana es la única con posibilidades de hacerse con un procurador en las próximas Cortes.

Ajuste de cuentas en campaña

Lo que es seguro es que Castilla y León va a asistir a una campaña electoral a auténtica cara de perro, sobre todo cuando el comité nacional de Ciudadanos confirme que el defenestrado vicepresidente único de la Junta, Francisco Igea, asumirá de nuevo el cartel electoral de Ciudadanos.

En un partido en proceso de liquidación, cualquier otro candidato no habría tenido apenas protagonismo en la campaña. Pero después de su humillante defenestración y del cruce de acusaciones de “deslealtad” y “traición” con Mañueco, resulta obvio que Igea se propone ajustar cuentas con el presidente que le ha utilizado a él y a Ciudadanos como un verdadero kleenex.

Conociendo cómo se maneja el ex vicepresidente contra sus adversarios políticos, la campaña electoral no va a ser nada cómoda para quien se ha convertido en su “bestia negra” personal. Y aunque Mañueco haga todo lo posible por eludir ese “cuerpo a cuerpo”, tendrá que verse las caras con Igea en los dos debates a que obliga la Ley Electoral de Castilla y León.

A esa enconada hostilidad entre los ex cónyuges de conveniencia en la Junta tendrá que adaptar su estrategia de campaña el que fue su víctima propiciatoria, el socialista Luis Tudanca. Los socialistas han atribuido el adelanto electoral al calendario judicial sobre los casos de corrupción por los que se van a sentar en el banquillo ex altos cargos de la consejería de Economía en una etapa en la que el ahora presidente de la Junta era el secretario autonómico del PP.

A esos casos y al cui prodest de la presunta financiación irregular en la que habría incurrido el PP salmantino para favorecer la victoria de Mañueco sobre Antonio Silván en las primarias autonómicas celebradas en 2017. Junto a la gestión sanitaria de la Junta, la corrupción será el caballo de batalla de un PSOE de Castilla y León que en 2019 ganó las elecciones autonómicas bajo el lema “La alternativa decente”.