Una Legislatura lastrada por el sesgo ideológico de Vox

Hubiera constituido un escándalo mayúsculo demorar hasta después de Semana Santa el descarado bloqueo de la investidura mantenido por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, a fin de que su partido, Vox, arrancara del PP nuevas concesiones que no figuraban en el 'Acuerdo de Legislatura' firmado entre ambas formaciones el pasado 10 de marzo.

Y tras dos semanas de tenso tira y afloja, acuciados por el calendario, Santiago Abascal y Alfonso Fernández Mañueco acordaban dar por concluido un pulso en el que, si bien el PP apenas ha transigido en lo referente a las funciones y competencias que pretendía Vox para la vicepresidencia, la extrema derecha ha impuesto rotundamente su agenda ideológica, otorgando máxima prioridad a dos iniciativas legislativas, la llamada Ley de Violencia Intrafamiliar y a una “normativa en materia de Concordia” que no figuraba en el acuerdo del 10 de marzo.

En el pacto inicial tan solo se mencionaban dos nuevas Leyes, una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural (punto 1) y la citada Ley de Violencia Intrafamiliar (punto 10). Según el acuerdo, la primera de ellas incluirá “medidas de apoyo a la actividad productiva, internet y garantizando los servicios públicos a las personas del mundo rural” (sic). Pero no será esta Ley de Desarrollo y Competitividad Rural, ciertamente de máxima urgencia, la primera que tramitarán las nuevas Cortes. Un partido que enarbola la bandera de la defensa del medio rural y que ha se ha reservado para sí la gestión de la consejería de Agricultura ha decidido sin embargo otorgar la máxima prioridad a esas dos iniciativas legislativas de marcado contenido ideológico, a las que además ha puesto fecha de tramitación. Ello indica claramente el orden de valores con el que la extrema derecha aterriza en la Junta de Castilla y León, anteponiendo su marchamo ideológico a la infinidad de problemas económicos y sociales que aquejan a esta comunidad autónoma.

PP y Vox han acordado que la Ley de Violencia Intrafamiliar, el engendro legal que pretende diluir la Violencia de Género, comience a tramitarse antes del próximo 31 de julio. Y no consta si, como aseguró Fernández Mañueco, si esa nueva Ley, inédita en España, coexistirá con la vigente Ley de Violencia de Género vigente desde 2010. Lo que es seguro es que no verá la luz la “Ley de atención integral a las víctimas de la violencia de género” anunciada por el PP en su programa electoral (punto 473) y que tenía como objeto adaptar la de 2010 a los contenidos del Pacto Estatal aprobado en 2017. El Anteproyecto, presentado por la consejera de Familia el pasado mes de septiembre, se sometió a partir de entonces a consulta y su contenido estaba ya muy perfilado.

Más prisa aún se darán PP y Vox en promulgar esa “normativa en materia de Concordia”, que, pese a no figurar en el acuerdo del 10 de marzo, comenzará a tramitarse antes del 30 de junio, sin que se especifique cual será su rango legal. El objetivo no es otro que enterrar cuanto antes el decreto autonómico sobre Memoria Histórica Democrática mediante el cual la Junta ha venido colaborando desde 2018 con las labores de “localización, exhumación e identificación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura”. En Castilla y León se tiene constancia de alrededor de 500 fosas comunes que albergarían entre 6.000 y 7.000 cadáveres, de los cuales solamente se han recuperado los restos de una tercera parte. El arduo trabajo tendrá que proseguir sin la colaboración de la Junta.

Frontispicio del “piso piloto”

Al situar estas dos iniciativas en el frontispicio de esta Legislatura Vox impone claramente su agenda ideológica en la nueva de etapa que se abre en Castilla y León y se garantiza una gran repercusión política y mediática en toda España. Para el partido de Abascal, que abomina del Estado de las Autonomías, todo lo demás es secundario. Al contrario que el PP, que, con tal de mantener el poder, ha claudicado compartiendo esta agenda ideológica de la extrema derecha, situada por delante de las verdaderas prioridades de la comunidad autónoma.

Al PP de Fernández Mañueco no le ha importado lo más mínimo cargar con esta mochila ideológica de Vox mientras el socio de gobierno no le arrancara mayores parcelas de poder de las pactadas el 10 de marzo. En este terreno se ha mantenido inflexible en lo que se refiere a las dos principales competencias reclamadas para la vicepresidencia reservada a Juan García-Gallardo. Confiarle la presidencia de la comisión de secretarios generales de las Consejerías suponía dejar en manos del socio minoritario el semáforo que regula los asuntos a tratar en las sesiones del Consejo de Gobierno. Y no menos osada era su pretensión de controlar la Dirección de Comunicación, habida cuenta de que está adscrita directamente al Presidente y ni siquiera la ejerció, pese a ser Portavoz de la Junta, el anterior vicepresidente.

Fracasado en el intento de hacerse con estas dos competencias estratégicas, García-Gallardo estará al frente de una vicepresidencia sin cartera que, a modo de cajón de sastre, aglutinará una larga lista de funciones de muy escaso fuste y en su mayor parte de carácter representativo. En realidad, como ya se apuntamos aquí, su papel será el de ejercer como una especie de edecán de Abascal, el primo de Zumosol al que dará cuenta puntualmente del estado del “piloto” y en especial de cualquier “desviacionismo” en que incurra el PP. A Vox “no le temblará el pulso para abandonar la Junta si el PP incumple los acuerdos alcanzados para gobernar en coalición”, dejó dicho hace semanas el líder de la extrema derecha. La desconfianza mutua entre los dos socios de gobierno no puede ser mayor, tanto por la tortuosa negociación mantenida como por rivalizar por la franja electoral que les separa.

CCOO Y UGT, “enemigos de España”

Nada consta en los acuerdos dados a conocer acerca del Dialogo Social, el foro de concertación establecido entre la Junta y los agentes sociales (UGT, Comisiones Obreras y CEOE) en torno a las políticas económicas y sociales de titularidad autonómica. Pero el hecho de que la consejería de Industria y Empleo, encargada de su coordinación, sea una de las tres gestionadas por Vox hace presagiar fuertes nubarrones en el horizonte. La ultraderecha, que se ha dotado de su propio sindicato, Solidaridad, tiene declarada una auténtica cruzada contra los sindicatos de clase, a los Abascal considera “enemigos de España”. A partir de esa premisa y después de que UGT y CC.OO. abogaran por “cordón sanitario” que excluyera a Vox del gobierno de la comunidad, el terreno está absolutamente minado.

Presumir ante toda España de haber erradicado las subvenciones públicas a los sindicatos de clase es una medida con la que Vox puede darse el gusto de reivindicarse ante su electorado. Tras la investidura de Fernández Mañueco, se anuncia que los nuevos consejeros no tomarán posesión hasta después de la Semana Santa, es decir cuatro meses después de que el actual gobierno quedara en funciones tras el adelanto electoral perpetrado por Fernández Mañueco el pasado 20 de diciembre. Cuatro meses de mera gestión administrativa y con unos Presupuestos prorrogados, coincidentes con una situación de emergencia económica a la que la Junta de Castilla y León no ha estado en condiciones de dar respuesta. Una parálisis política que, para mayor escarnio, ha mermado la capacidad de aprovechamiento de los nuevos fondos europeos imprescindibles para afrontar la recuperación económica. Y como pronto, el gobierno PP-Vox no dispondrá de unos Presupuestos propios hasta el próximo mes de julio. En la actual coyuntura, amén de un plan de choque que complemente las medidas estatales, Castilla y León necesitaría alcanzar amplios consensos de comunidad sobre los grandes problemas que arrastra, tales como la reforma de la Sanidad Pública, el desplome demográfico y la descohesión política, social y territorial. Pero la presencia de Vox en el gobierno ahuyenta cualquier posibilidad de consenso entre la Junta y Oposición, abocadas a una dura confrontación incentivada además por la proximidad de las elecciones municipales. La fatídica Ley de Murphy sigue ensañándose con esta desdichada comunidad autónoma.