El Ayuntamiento de Burgos no tiene aún informe sobre la incompatibilidad del concejal y presidente de la Diputación ni sabe cuándo estará listo

El Ayuntamiento de Burgos no tiene aún un informe que determine si el concejal, presidente de la Diputación y presidente del PP provincial, Borja Suárez, puede tener el 33% de acciones de una empresa de eventos que recibe contratos municipales. La alcaldesa, Cristina Ayala, encargó un informe al secretario municipal después de que elDiario.es revelase las cuestionables adjudicaciones que ha recibido en los últimos tres años Eventos El Espino, la empresa de Suárez. Transcurridas más de dos semanas, desde el Ayuntamiento aseguran que el informe no está hecho y que tampoco saben cuando se concluirá.

El secretario general del Ayuntamiento es, desde setiembre de 2025, Javier Gallo Terán, que desde 2022 es vicesecretario de la Sociedad Proburgos, la empresa municipal que más contratos ha adjudicado a Eventos El Espino.

“Lo que he hecho es pedir un informe a secretaría general sobre si existe o no incompatibilidad y si, según prevé la ley, existe esa incompatibilidad, el presidente de la Diputación tenga la opción de decidir si se queda con las acciones de esta empresa u opta por no seguir con su acta de concejal y de presidente de la Diputación”, explicó Ayala hace un par de semanas.

Según la alcaldesa, Borja Suárez, habría “renunciado a los derechos sobre sus acciones” antes de coger el acta de concejal, un hecho que se contradice con su declaración de bienes. Además este diario comprobó que Suárez fue citado en abril de 2025 a dos juntas generales de socios de la mercantil, una ordinaria y otra extraordinaria, lo que desmentiría esa supuesta salida del accionariado.

Por su parte, Suárez registró un escrito en el Ayuntamiento en el mismo sentido. Tras publicar elDiario.es la ristra de adjudicaciones del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León, Suárez afirmó desconocer que su empresa había contratado con la empresa municipal ProBurgos y con el Ayuntamiento 12 veces entre los años 2023 y 2025, y que se enteró cuando elDiario.es contactó con él. Añadió además que nunca ocultó su participación en la empresa, aparece en su declaración de bienes la posiesión del 22%, si bien ahora tiene el 33%.

Los cargos públicos están obligados a reflejar en su declaración de bienes las participaciones accionariales que superen el 10% de una empresa, no es un dato aleatorio, es un tope que marca la normativa. Así, existiría una incompatibilidad en el cargo, en virtud del artículo 12 de la Ley 53/1984, que obliga legalmente a optar entre mantener el cargo público o desprenderse de la participación societaria y que puede dar lugar a un procedimiento formal de declaración de incompatibilidad. Existiría también una prohibición de contratar de esa empresa, ya que según el artículo 71.1.g de la LCSP, la empresa no podría contratar con el Ayuntamiento mientras existiera esa participación. Esta prohibición es automática y se aplica aunque se trate de pedidos, contratos menores o pagos por caja fija.

En cuanto a los contratos realizados en esa situación, pueden declararse nulos por haberse celebrado estando la empresa incursa en la prohibición de contratar, y derivarse una responsabilidad disciplinaria o de control por parte de los órganos competentes, como son la secretaría, la intervención o los órganos de fiscalización.