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Igea pide reformar la Ley de Transparencia para crear un sistema de multas coercitivo

El procurador de Ciudadano en Castilla y León, Francisco Igea, interviene en las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, en una imagen de archivo.

Europa Press

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El procurador Francisco Igea ha propuesto reformar la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León para crear un sistema de multas “coercitivas” ante los datos y conclusiones de la Memoria 2022 del Comisionado de Transparencia.

Tras su lectura y análisis, Igea ha calificado de “brutal” el incremento del 60% en las reclamaciones presentadas con respecto a 2021 así como de las resoluciones emitidas no atendidas por las administraciones. “Se mantiene el incumplimiento de muchas administraciones y ayuntamientos a resoluciones que son de obligado cumplimiento”, ha recordado a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Una situación que se produce, tal y como refleja la propia Memoria, “porque no existe un sistema de multas coercitivas que sea capaz de forzar la ejecución de las resoluciones del Comisionado”. “Esto convierte el derecho al acceso a la información de los ciudadanos en un papel mojado”, ha lamentado. “No existe una manera de obligar a las administraciones a cumplir con sus obligaciones, que incumplen de manera sistemática como refleja la Memoria de 2022”, continúa el comunicado.

En este sentido, el procurador ha propuesto realizar una “pequeña reforma” en la normativa autonómica actual para “obligar a la imposición de multas coercitivas a las administraciones que no cumplan con la obligación de la Ley”. “Los derechos no pueden ser papel mojado. No existe ley si no existe poder coercitivo que la haga cumplir”, concluye.

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