La Junta aprueba por decreto el catálogo del personal funcionario que la Justicia había anulado

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha elaborado un nuevo catálogo de puestos de trabajo tipo en la Administración autonómica con la forma y tramitación de un decreto e incluyendo los informes y estudios previos, las dos cuestiones que el fallo del TSJ apuntaba como motivos de la declaración de la nulidad del catálogo anterior.

El consejero del área, José Antonio de Santiago Juárez, ha explicado este jueves tras la celebración del Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado este decreto que el catálogo de puestos tipo establece los tipos de puestos con los que puede contar la Administración a la hora de elaborar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT). Al estar ya predeterminados los tipos de puesto se “facilita mucho” la actualización de las plantillas de la Administración, que hasta la aprobación del anterior catálogo llevaban más de 20 años sin modificarse.

En septiembre de 2017 la Junta aprobó el primer catálogo de puestos tipo con el voto favorable de 4 de los 5 sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación, pero en diciembre de 2018 la sala de lo contencioso-administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia lo anuló por dos motivos. Por un lado, consideró que debía adoptar la forma de decreto y tramitarse como tal, no como Acuerdo de Junta, y, en segundo lugar, porque debían constar en el expediente los informes o estudios previos que se hubieran realizado en la elaboración del catálogo de puestos tipo.

Aunque la sentencia no es firme y está recurrida, la Consejería de la Presidencia ha optado finalmente por elaborar un nuevo catálogo de puestos tipo atendiendo a las consideraciones de la sentencia para poder tener un instrumento que permita dar de alta nuevas plazas si es necesario, sin que penda sobre ellas una amenaza de nulidad.

Por otro lado, un nuevo catálogo atendiendo al contenido del fallo del TSJ y la consiguiente adaptación de las relaciones de puestos de trabajo al mismo permiten afrontar con mayores garantías los recursos que se presentan sistemáticamente contra los actos y resoluciones de la Administración en materia de personal.

Para elaborar  el catálogo se ha partido del estudio de las relaciones de puestos de trabajo, tanto de las que  existían en julio de 2017 -más de 17.400 plazas- como de las actuales -16.800-. El catálogo se ha negociado con intensidad, se han celebrado hasta seis mesas de negociación entre los meses de enero, febrero y marzo y ha sido informado favorablemente en el Consejo de la Función Pública.

Durante estos meses se ha trabajado con las consejerías, se ha expuesto a trámite de participación en el Portal de Gobierno Abierto donde se han realizado más de 40 aportaciones, se ha sometido a trámite de audiencia e información pública aunque no era una exigencia legal y se ha remitido también a las juntas de personal aunque no tienen entre sus funciones intervenir en la tramitación de estas disposiciones. El proceso ha sido transparente y muy participativo.