Unanimidad en las Cortes de Castilla y León para reconocer la categoría de bombero forestal antes de 2026

Todos los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León han aprobado una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE para reconocer antes de que empiece 2026 la categoría profesional de bombero forestal. También se han aprobado, aunque con la abstención de PP y Vox, otros puntos relativos para instar a la Junta a realizar mejoras en el operativo de prevención y extinción de incendios para transformarlo en un servicio público, estable y permanente, así como mejorar la coordinación, los equipos y la cobertura de plazas de agentes medioambientales.

El procurador socialista Pedro González, encargado de defender la propuesta, ha acusado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de ostentar “el triste récord” de mayor superficie arrasada por las llamas. Según ha indicado, tras los veranos de 2021, 2022, con cifras que han ido creciendo, en 2025 se ha alcanzando más de 160.000 hectáreas quemadas y además de la pérdida de cuatro vidas humanas. A su juicio, la gestión de la Junta ha sido “nefasta” y ha despreciado reiteradamente las demandas del colectivo, pese a que los incendios de gran magnitud o “de sexta generación” requieren dispositivos permanentes y bien dotados.

El parlamentario socialista ha recordado que Castilla y León es la única comunidad donde la figura profesional de bombero no está reconocida, para el Ejecutivo autonómico son peones forestales, siendo esta una de las reclamaciones de los trabajadores del operativo. González ha destacado la profesionalidad y entrega de los trabajadores del operativo de extinción, pero denunció las condiciones en las que desempeñan su labor: “son de los peor pagados de España, con contratos precarios que en muchos casos solo cubren seis meses al año”. Paralela al Pleno en las Cortes, en las calles de Valladolid una gran marcha de bomberos y agentes medioambientales de toda España reclamaba mejoras en las condiciones laborales.

El PP traslada la voluntad de la Junta para negociar

El PP ha trasladado la voluntad de la Junta para negociar el reconocimiento de la categoría de bombero forestal. El procurador `popular', José Alberto Castro, ha indicado que esta figura es una “obligación” que recoge la ley estatal, lo que ha propiciado que su grupo se haya mostrado favorable.

Para Castro esta iniciativa del PSOE solo sirve para “utilizar el dolor” para desgastar políticamente al Gobierno autonómico y ha reclamado que “el único culpable de los incendios es quien los provoca”. El procurador ha aludido a que en Castilla y León se han registrado más de 800 fuegos solo en este año y más de 20.000 en la última década, siendo la mayoría causados por negligencias o intencionalidad.

El 'popular' ha defendido que la Junta, aunque responsable de la gestión del operativo, ha incrementado el presupuesto para mejorar el operativo. Castro ha acusado al PSOE de “demagogia” y de utilizar este asunto en campaña, recordando que en ayuntamientos como Zamora o Valladolid los socialistas han mantenido modelos mixtos en lugar de apostar por una gestión íntegramente pública.

El PSOE avisa a la Junta de que las mejores deben ser “reales”

Durante el debate, Pedro González ha avisado a la Junta de que el reconocimiento de la categoría de bombero forestal no puede limitarse a un gesto simbólico: “no basta con una palmada en el hombro, debe incluir mejoras laborales y económicas reales”. Asimismo, el socialista ha reiterado que, en el caso de que los incendios sean provocados, sobre los autores debe recaer “todo el peso de la ley”, pero que la prevención y extinción es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo autonómico.

El PSOE ha puesto como ejemplo al Gobierno de España, que el pasado 16 de septiembre aprobó en Consejo de Ministros un coeficiente reductor de la edad de jubilación para los bomberos forestales. Esta medida permitirá a quienes acrediten 15 años de servicio reducir su edad de retiro en tres años, lo que, en palabras de González, demuestra que hay margen para reconocer los derechos de un colectivo que se juega la vida en cada campaña.

Igea califica a Suárez-Quiñones como “el pequeño Mazón”

Francisco Igea, del Grupo Mixto y exvicepresidente de la Junta, ha pedido votar por separado el reconocimiento de la categoría profesional —algo a lo que el PSOE se ha abierto—, convencido de que se trata de un asunto “clave”. Asimismo, ha aprovechado para acusar al PP de “soberbia y falta de empatía” y ha calificado al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como “el pequeño Mazón”, en alusión a su gestión comparada con la del presidente valenciano ante la DANA.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha señalado que lo vivido este verano en la Comunidad ha sido “una auténtica catástrofe” y ha responsabilizado directamente a la Junta, a la que acusó de ausentarse del debate parlamentario en un asunto de máxima gravedad al solo estar presentes una de las consejeras.

Desde Por Ávila, el procurador Pedro Pascual ha apuntado que la Comunidad necesita un dispositivo estable y ha criticado que este verano, mientras se quemaban 160.000 hectáreas, el operativo seguía siendo “temporal, precario y desbordado”.

En la misma línea, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ha afeado al PP que “le importen tres narices” las resoluciones de las Cortes, ya que muchas de las medidas aprobadas en anteriores sesiones no se han puesto en marcha. Santos ha lamentado que numerosos trabajadores lleven más de dos décadas encadenando contratos temporales, lo que refleja la precariedad estructural del operativo.

Vox carga contra la “ineficiencia de las administraciones públicas” y la Agenda 2030

Desde Vox, el procurador Ignacio Sicilia también se sumó a las críticas a la situación del operativo, aunque en un tono diferente. El parlamentario ha Asegurado que las carencias del operativo —en personal, medios, prevención, formación y coordinación— son consecuencia de la “ineficiencia de las administraciones públicas” y de la creación de un “Estado caro, burocrático e ineficiente” al servicio de “coches oficiales, despachos y sueldos”.

Sicilia ha relacionado la virulencia de los incendios con las políticas europeas del Pacto Verde y la Agenda 2030, que, a su juicio, han impuesto medidas alejadas de la realidad del campo. Vox ha presentado enmiendas a la propuesta socialista, algunas de adición, que fueron rechazadas por considerar que no respondían a las demandas planteadas.