Fracasa en León la medida estrella de la Junta de Castilla y León para cerrar a los hosteleros incumplidores en la pandemia

Después de tres 'olas' duras de coronavirus -la primera de marzo de 2020 cuando se declaró la pandemia por covid-19, la segunda después del verano pasado y la tercera después de Navidad-, confinamientos domiciliarios, perimetrales, toques de queda y cierres de hostelería, casas de apuestas y gimnasios, la Junta decidió a finales de marzo del presente año dotarse de una competencia explícita para cerrar de manera inmediata y durante un periodo que podía oscilar de los 2 a los 5 años cualquier bar, pub o discoteca que incumpliese de manera grave o muy grave la normativa vigente para frenar los contagios.

Era su medida estrella, anunciada a bombo y platillo, para controlar donde creía que estaba el problema, en la hostelería y especialmente en su interior, una vez que decaía el estado de alarma estatal. Se presupone que los incumplimientos y su repercusión en la incidencia de la pandemia preocupaban tanto a la autoridad autonómica que se atribuyó la capacidad para cortarlos en un ámbito de su plena competencia.

En solo un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), la Policía Local de León abrió tres expedientes a sendos locales de ocio nocturno de la capital, los cuales se siguen tramitando, confirman fuentes municipales.

Sin embargo, a la Junta no le consta ninguno en León. Y desde abril hasta hoy no se ha abierto ninguno más, a pesar de que hace un par de fines de semana los agentes del cuerpo municipal de Policía desalojaron un pub que triplicaba el aforo permitido o que alumnos de vuelta de un viaje de estudios a Mallorca hicieran una refiesta en el Húmedo que expandió el brote importado de las Baleares, ocasionando la que muchos denominan ya como la quinta ola que está afectando de manera importante a jóvenes de 12 a 29 años.

La primera por muchos excesos

La primera propuesta de cierre de un local hostelero en la capital se efectuó el pasado 17 de abril, viernes. Los agentes tramitaron contra el responsable de un bar del Barrio Húmedo de León sanciones por expender alcohol hacia el exterior a través de una ventana a la calle, vender alcohol a menores, promocionar bebidas alcohólicas, incumplir los aforos permitidos e incumplir las medidas específicas de higiene y desinfección.

Al día siguiente, el sábado 18 de abril, los agentes acudieron a otro local hostelero a las 21.00 horas y comprobaron que la música estaba a gran volumen, las personas que se encontraban en su interior superaban el aforo establecido, se contabilizaron 80 cuando había autorización para 54, y además se encontraban consumiendo de pie, bailando sin mascarilla y sin mantener distancia de seguridad. 

Por todo ello, la Policía Local procedió a desalojar el local y propuso para sanción al responsable del establecimiento por incumplir el aforo permitido y por incumplir las medidas sanitarias decretadas y permitir a sus clientes consumir de pie, bailar sin mascarilla y no guardar distancia de seguridad. Además, propuso al establecimiento para estudio de sanción accesoria y/o medida provisional de cierre temporal o suspensión de la actividad. La segunda en el mismo fin de semana.

De la tercera no se ha informado específicamente. No obstante, las tres están notificadas y se encuentran en estos momentos en periodo de alegaciones, pero el proceso para resolverlas es judicial, largo y lento, que escapa a los tiempos que marca el Consistorio leonés.

En la delegación territorial no consta ninguna

En algún momento, tales propuestas de sanción deberían llegar a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, dado que es esta administración la que tiene la competencia para efectuar el cierre temporal de los establecimientos, tal y como además reforzó desde marzo. No obstante, por el momento y en repetidas ocasiones se ha asegurado a este medio que no ha sido así. Pasados dos meses, a la Junta no le consta que haya ninguna. Ni en León ni en toda la provincia.

Tal y como defendió el propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, a preguntas de ILEÓN, estas medidas anticovid que se pusieron en marcha para controlar la actividad en la hostelería no se pusieron en marcha con el único fin de poner sanciones económicas o incluso el cierre definitivo de los establecimientos sino que pretendían “concienciar con el cumplimiento de las normas”.

Por ello, y a pesar de desconocer el dato de locales cerrados por ser reincidentes en las sanciones, Igea destacó que estas acciones “han ayudado a mantener y reducir” la incidencia del virus. “Nuestro balance es muy satisfactorio. No nos preocupa a cuánta gente molestamos o cuántos locales cerramos; no son objeto de ser punitivos o recaudatorios, sino si han conseguido su objetivo, que es el control de la incidencia acumulada. Y ahí, estamos satisfechos”.

Poco le ha durado esa supuesta satisfacción. El último repunte de la incidencia ha llevado a la Junta a pedir al Gobierno que obligue de nuevo al uso de la mascarilla al aire libre, ha pedir que se adelante el cierre del ocio nocturno y que se estudie un toque de queda entre la 1 y las 6 de la madrugada, algo que por el momento se ha rechazado tajantemente desde el Ministerio de Sanidad.

La conclusión es que en estos más de tres meses de competencia ha sido imposible conocer cuántas proposiciones de cierre de locales hosteleros se han llevado a cabo en Castilla y León. Y si esto sucede con las sanciones más graves, conocer al detalle las sanciones leves o moderadas también ha supuesto una travesía por el desierto administrativo.

Otras sanciones por incumplimientos COVID en la hostelería

Si contabilizar y dar cuenta de las proposiciones de cierre de la hostelería lo llevan las delegaciones territoriales de la Junta, las sanciones 'menores', por llamarlas así, las lleva Protección Civil, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la propia Junta.

Desde mayo de 2020 hasta el pasado 30 de junio, se informa a este medio de 3.651 denuncias por incumplimiento del horario nocturno (toque de queda), que se tradujeron en 1.898 expedientes sancionadores de los que se han resuelto un tercio, 1.167. Lo que se desconoce es cuántos de esos expedientes resueltos concluyeron en sanción. La Junta no da ese dato.

Le siguen como infracciones más numerosas, aunque muy lejos de los incumplimientos del toque de queda, las reuniones privadas, 64, que dieron inicio al mismo número de expedientes, de los cuales se resolvieron únicamente 8.

Las últimas sanciones que tipifica la administración autonómica son las consecuentes por “obstrucción de la hostelería”, es decir, según la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuando los agentes acudían a un local hostelero a comprobar el cumplimiento de las medidas COVID y el dueño no se lo permitía. De este tipo se contabilizaron 14 denuncias, que resultaron en el inicio de 10 expedientes, de los cuales 9 están resueltos.