El Juzgado ratifica el reconfinamiento de los municipios vallisoletanos de Íscar y Pedrajas, al que se oponen los alcaldes

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha ratificado íntegramente las órdenes de la Consejería de Sanidad, publicadas hoy en el Bocyl, relativas a las medidas preventivas para la contención de la COVID-19 en las localidades vallisoletanas de Íscar y Pedrajas de San Esteban. Estas actuaciones preventivas, que estarán estarán en vigor 14 días, desde este 19 de septiembre y hasta el viernes, 2 de octubre, han provocado el rechazo de los regidores de ambos municipios, cuyos pueblos estuvieron confinados la primera quincena de agosto, y que amenazaron con recurrir la decisión por la vía administrativa, como ha hecho el Pedrajas este sábado.

En su Auto, el magistrado resuelve que las medidas ratificadas “son justificadas a la vista de los antecedentes documentales que se aportan, que dan cuenta de la evolución seguida por la enfermedad. También cabe entenderlas idóneas al fin perseguido que no es otro que preservar la salud de la población, haciendo frente a la expansión y propagación del virus evitando su expansión descontrolada y el riesgo de transmisión fuera del núcleo urbano. Y se entienden proporcionadas pues no se propone una prohibición absoluta y temporalmente ilimitada de todo movimiento de la población ni un confinamiento domiciliario, sino una restricción o limitación de la libre entrada y salida del ámbito territorial afectado; un cordón sanitario temporalmente limitado”, señala.

En ambos casos el magistrado advierte que la ratificación judicial solicitada “debe entenderse limitada tan sólo a aquellas personas que manifiesten explícitamente o por hechos concluyentes su oposición a la observancia y cumplimiento de las medidas ordenadas por la Autoridad sanitaria, y siempre con el carácter estrictamente temporal reseñado en la Orden. En buena lógica, las personas que voluntariamente no excedan en su comportamiento del ámbito en el que actúan las medidas que se ratifican, no son afectadas por aquellas”.

Su incumplimiento podrá constituir infracción administrativa sancionable, según establece el Decreto-ley 7/2020, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención para afrontar la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 en Castilla y León, con multas que, dependiendo de la catalogación de la infracción, oscilan entre los 100 y los 600.000 euros.

Recurso administrativo ante la Junta

La localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban ha registrado este sábado un recurso administrativo por vía telemática ante la Junta de Castilla y León contra las medidas restrictivas que afectan por segunda vez a los municipios de Pedrajas e Íscar a fin de controlar los contagios de Covid-19 y que contemplan el cierre de ambos pueblos durante 14 días.

El alcalde de Pedrajas, Alfonso Romo, ha argumentado que “los contagios son de carácter social y familiar”, dos circunstancias que “no se van a poder evitar con el cierre de ambos pueblos”. En dicha resolución, el Ayuntamiento de Pedrajas insta a la Consejería de Sanidad a derogar la orden por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en lo relativo a la restricción de la libre entrada y salida de personas del municipio por considerarla “lesiva” para los intereses de la corporación.

Entre los motivos esgrimidos por el Consistorio, se critica que la medida es “desproporcionada y no guarda la más mínima relación, ni tiene la más mínima justificación técnica, ya que no existe evidencia técnica que justifique que la limitación de entrada y salida de sendos términos municipales vaya a suponer una reducción del número de contagios en estos municipios, teniendo en cuenta, además, que los actuales brotes existentes en sendas localidades son de carácter social provocados por reuniones familiares y de amistades”.

Por su parte, el regidor de Íscar, Luis María Martín, ha advertido de que seguirá la estela de Pedrajas y presentará también su propio recurso administrativo “lo antes posible”, un trámite que, previsiblemente, quedará cerrado a lo largo del fin de semana.