La desaparición de las niñas de Aguilar de Campoo, en 1992, llega a Estrasburgo

La desaparición de Manuela y Virginia, conocidas como las niñas de Aguilar, llega a Estrasburgo con la esperanza de mantener abierta la investigación y saber qué les ocurrió en abril de 1992, cuando fueron a Reinosa (Cantabria) a pasar la tarde y nunca regresaron a sus casas en Aguilar de Campoo (Palencia).

Ayer miércoles, el Despacho Criminológico - Jurídico Balfagón & Chippirrás, que representa a las familias de las niñas, presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo la demanda por la desaparición de Virginia Guerrero Espejo y Manuela Torres Bougueffa, ocurrida el 24 de abril de 1992 en la localidad de Reinosa (Cantabria) cuando tenían 14 y 13 años.

La demanda presentada ante Tribunal Europeo se produce ante la negativa del Tribunal Constitucional español de admitir a trámite el Recurso de Amparo presentado por las familias el pasado 18 de octubre de 2022 y que fue resuelto, casi un año después, mediante Providencia el 18 de septiembre de 2023, según ha informado a Efe el criminólogo y portavoz de las familias Ramón Chippirrás.

Con la presentación de esta demanda ante el Tribunal Europeo, sigue abierta la esperanza de que se siga investigando lo que ocurrió con Virginia y Manuela, una vez que se han agotado todas las vías judiciales en España exploradas por la representación legal de las familias para conocer el paradero de Manuela y Virginia.

Lo último que se sabe de ellas es que fueron a pasar la tarde a Reinosa, que hicieron auto stop para volver a su casa en Aguilar de Campoo, que estuvieron en una discoteca y en un parque y que se subieron a un Seat 127 color blanco o crema.

En mayo de 2021, se reabrieron las investigaciones a raíz del testimonio de una mujer en un programa de televisión y un año después el Juzgado de Cervera de Pisuerga acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones asegurando que “no constaba autor conocido en la perpetración de los hechos objeto de denuncia”.

La Audiencia Provincial de Palencia confirmó después el auto judicial y la representación legal recurrió al Tribunal Constitucional para determinar si había habido una vulneración de derechos fundamentales en la sentencia que archivaba definitivamente la causa. La representación legal defiende que se han vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva.

También señala que durante la investigación reabierta en 2021 no se admitió ninguna de las diligencias planteadas por la representación de las familias y pone en evidencia “los errores” en que incurre la sentencia de la Audiencia Provincial. Ejemplo de ello es la petición de que se volviera a inspeccionar la mina Fontoria (una mina de magnesita en Cantabria, donde se buscó en 1992 tras dos llamadas anónimas a la Guardia Civil) y la Cueva Cervatos (un lugar cerca de Reinosa idóneo para ocultar los cadáveres según la propia investigación) para buscar restos biológicos de las niñas, usando las técnicas y los recursos que existen ahora y que no existían cuando se hizo tras su desaparición hace más de 30 años.

Ahora recurren la no admisión del recurso ante el último tribunal que les queda, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, recordando que España está adherida al convenio de Naciones Unidas para buscar a personas desaparecidas e insistiendo en las lagunas legales que existen en las causas de personas desaparecidas y sobre todo cuando son menores.