Ecologistas en Acción presenta alegaciones a la Junta para que rechace una solicitud para una mina a cielo abierto en Segovia

Ecologistas en Acción de Segovia ha decidido presentar alegaciones ante la Junta de Castilla y León con el objetivo de que rechace la solicitud de autorización minera de la empresa Explotación de Rocas Industriales y Minerales para abrir una “gran mina a cielo abierto en la provincia de Segovia, en una amplia zona comprendida entre Duruelo y Cerezo de Abajo”.

Según han detallado en un comunicado, el fin de esta mina sería la extracción “de gravas de cuarzo para la obtención de cuarzo metalúrgico cuyo destino final sería su exportación hacia Noruega y otros países”. Se trata de una filial de la compañía noruega Elkem, cuyo accionista mayoritario es el grupo chino National Bluestar, han detallado.

Según la documentación presentada por la empresa solicitante de la concesión de explotación a la que hace referencia el grupo ecologista, la concesión solicitada ocuparía 97 cuadriculas mineras y una superficie de 2.785 hectáreas, de la cual el recurso explotable ocupa una superficie total de 1.658 Has.

“La razón de la enorme superficie afectada es que el material con interés minero ocupa una capa muy superficial del terreno cuyo espesor medio es de 1,62 metros”, han explicado.

Además, desde Ecologistas en Acción han avisado de la “larga duración de la concesión”, que es de 30 años prorrogables y que “conllevaría un impacto no sólo amplio sino también duradero en el tiempo”.

“Profundo impacto en zonas explotadas”

Si bien han precisado que el proyecto contempla que la mayoría de los materiales extraídos sean devueltos al terreno una vez cribados, “lo cierto es que el sistema de explotación a cielo abierto conllevaría un profundo impacto en las zonas explotadas incluyendo cambios drásticos en la estructura del suelo y en su porosidad del suelo”.

Además, el grupo ecologista ha asegurado que la magnitud de la destrucción ambiental que provocaría el proyecto “contrasta con la escasa creación de empleo” porque en el periodo de explotación minera “solo sería necesario contar con un operador de retroexcavadora, un operador de la pala cargadora, un operario encargado de la planta móvil de cribado y un titulado de minas, más los conductores de los camiones que transporten el material extraído”.

“En este sentido, parece evidente que los perjuicios económicos para los pueblos de la zona superarían con creces los posibles beneficios”, han hecho hincapié.

Por otro lado, también han apuntado la “pérdida” calidad ambiental para los vecinos de los municipios afectados debiado a “los ruidos, el polvo y los riesgos asociados al trasiego constante de camiones por los caminos y carreteras locales”.