Una ley para que las 175.000 personas con discapacidad de Castilla y León definan su proyecto de vida

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el proyecto de ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad, que busca un “enfoque personalizado”, un “proyecto de vida” para las 175.000 personas con discapacidad que hay en esa Comunidad, “teniendo en cuenta sus preferencias” y para facilitar las transiciones en las diferentes etapas vitales.

Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha comparecido junto al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, para defender que este texto garantiza el desarrollo personal de las personas con discapacidad a lo largo de su vida.

El proyecto de ley pasará ahora a las Cortes autonómicas para su tramitación con el objetivo de que esté aprobado antes de final de año, ha explicado la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades.

“Las dificultades derivadas de la condición de persona con discapacidad no pueden marcar la diferencia a la hora de afrontar los cambios en su ciclo vital, que debe poder desarrollarse con plena normalidad”, según la referencia del Consejo de Gobierno sobre este proyecto de ley.

Por ejemplo, se garantiza a las familias que cuando ellos falten sus personas con discapacidad mantendrán los recursos por los que han optado, y si han elegido un centro para personas con discapacidad no pasarán a una residencia de mayores.

Se pasa de un modelo de apoyos sociosanitarios a otro en el que se deciden los apoyos que se quieren en cada momento, en el que son las personas con discapacidad, y no los profesionales, quienes definen su proyecto de vida, ha explicado Blanco.

Además, garantiza la transición de unas etapas a otras, desde la atención temprana, que se presta a unos 3.561 usuarios, a las etapas de más mayores, cuando los padres o familiares falten, con búsqueda de itinerarios de empleo o la figura del asistente personal, cuyo uso va en aumento en Castilla y León, ha analizado Blanco.

En esa línea se garantiza el paso de la atención temprana al sistema educativo, de éste a la inserción en el mercado laboral, la integración en comunidad o su adaptación a un envejecimiento activo.

La meta no es otra que lograr, a través de los medios necesarios, ya sean asistencia personal o apoyo técnico y formativo, que las personas con discapacidad puedan prepararse para una vida autónoma y participativa orientada hacia donde ellos deseen, según la referencia del Consejo de Gobierno.

Se plantean apoyos en las tareas del hogar, en la movilidad, en la comunicación y relación con el entorno y ayuda y asesoramiento en la toma de decisiones, pero, sobre todo, un aprendizaje continuo para alcanzar el máximo grado posible de independencia.

La ley busca además, a través del desarrollo de la normativa estatal, garantizar el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, especialmente orientado a las situaciones de vulnerabilidad.

El texto está compuesto por 24 artículos distribuidos en tres títulos, a través de los cuales se pretende que tanto el colectivo como sus familias vivan integrados socialmente y puedan desarrollar su proyecto vital.

El texto regula además otras situaciones en las que este colectivo necesita apoyos, como la promoción de la igualdad efectiva, la prevención de la violencia y malos tratos hacia las personas con discapacidad y también contra su explotación.