Una asociación de bomberos profesionales denuncia a la Diputación de Ávila por dejación de funciones en el incendio de Navalacruz

La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), la mayor asociación de bomberos profesionales del Estado, ha puesto una denuncia en los Juzgados de Ávila contra la Diputación provincial abulense para que se tomen medidas judiciales tras el mayor incendio que se ha producido en la provincia en los últimos 40 años y que ha arrasado más de 22.000 hectáreas.

La catástrofe medioambiental, a juicio de la CUBP, ha dejado de manifiesto “la precariedad” existente en el Servicio de Prevención y extinción de incendios en la Diputación de Ávila en particular y en Castilla y León en general.

La denuncia de los bomberos consiste en exigir responsabilidades ante la falta de inmediatez a la hora de extinguir el vehículo que posteriormente provocó el incendio forestal.

Recuerdan que el fuego se inició el pasado 14 de agosto de 2021 a las 10:27 horas en el punto kilométrico 38 de la N-502, cuando un vehículo comienza a arder en el término de Navalacruz, a 40 kilómetros de Ávila.

La voz de alarma se produjo previsiblemente con la llamada a la Sala de Emergencias del 112 correspondiente del propietario del vehículo que informa de que su coche está ardiendo. Sin embargo, por razones que se desconocen, critican que no se actúa de forma inmediata por parte de ningún servicio público de prevención, extinción de incendios y salvamento, ni tampoco la respuesta del sistema de emergencias parece haber sido correcta a tenor de la situación.

Los efectivos que se activan en un primer momento no llegan al lugar de los hechos hasta casi una hora después del aviso, y tras detectar que efectivamente hay un vehículo ardiendo en la zona no se procede a su extinción inmediata. “Si esa actuación hubiera sido inmediata, diligente y adecuada, el fuego podía haberse evitado, apagando el fuego del vehículo con inmediatez, evitando que se extendiera al monte de forma inexorable”.

Lo ocurrido, continúa el colectivo denunciante a través de un comunicado recogido por Europa Press, es algo que se venía avisando desde hace años por la Plataforma de Bomberos públicos de Castilla y León, porque lo cierto es que para ofrecer servicio a toda la provincia de Ávila--8.000 kilómetros cuadrados con 100.000 habitantes y 247 municipios--solamente cuentan con un Parque de Bomberos profesional, el del Ayuntamiento de la capital abulense.

Teniendo en cuenta esta cuestión, afirman que los tiempos de respuesta, es decir, el tiempo medio que tarda un servicio de emergencia a un punto en concreto en su zona de actuación, “no son propios de un país desarrollado y que dejan en muy mal lugar a la Junta de CyL, en comparación con otras comunidades autónomas”.

Desde el punto de vista de la asociación, hay un claro incumplimiento de la Ley Básica de Régimen Local, (art.36C) que regula la prestación de dicho servicio público como una de las competencias propias de la Diputación.

Recuerda además, y según la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, se debe desempeñar mediante un servicio de bomberos profesionales y agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Recientes sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo No3 de León (20/2020) y del TSJCL (275/2020) refuerzan las mencionadas leyes, tanto la autonómica como la estatal, creando jurisprudencia al respecto en Castilla y León.

“Entendemos que ha habido dejación de competencias en materia de prevención y extinción de incendios por parte de la Diputación de Ávila, lo que podría generar responsabilidades penales a la vista de lo acontecido en Navalacruz, con inacción y/o actuación tardía y poco efectiva, además de una importante descoordinación entre las diversas administraciones”, añaden.

En la denuncia se ha hecho especial hincapié en que se preserven todas las grabaciones de voz de cualquier tipo, telefónicas, redes de comunicaciones propias...y registros de datos que existan en los Centros de Atención y Despacho de Llamadas de Urgencia 112 de las distintas administraciones intervinientes, no solo Castilla y León.

“Como profesionales, creemos que es el medio para demostrar lo denunciado”, concluye.