Calificado como un “conseguidor de armas” el guardia civil del juicio con jurado en Valladolid

Un “conseguidor de armas”, es la definición sobre la actuación del que fue jefe de la Intervención de Armas de la Comandancia de Valladolid, J.M.Z.P, que ha sido facilitada este lunes por el instructor del expediente abierto en 2017 contra el agente al descubrir que, supuestamente, actuaba como intermediario entre los titulares de rifles y escopetas entregados para su subasta y los nuevos adquirientes.

Tal calificativo lo ha aportado el comandante R.F.G, instructor del expediente disciplinario, en la segunda jornada del juicio con jurado que se inició el pasado viernes en la Audiencia Provincial contra el encausado, al que se imputa un delito de negociaciones prohibidas a funcionario.

El instructor, cuyo testimonio ha abierto la jornada, ha explicado que, inicialmente, el procesado se vio inmerso en un expediente por acoso--Europa Press ha podido conocer que fue de tipo laboral sobre una compañera de trabajo--y que en su transcurso causó baja y se le prohibió el acceso a las dependencias de la Intervención de Armas, si bien descubrieron entonces supuestas irregularidades en dos rifles y una escopeta que, al quedar desierta su subasta, habían escapado de su destino final, que no era otro que el achatarramiento, y habían sido transferidos directamente por el acusado.

Las investigaciones, que en principio eran por supuestas irregularidades administrativas, terminaron finalmente en la vía penal, ha explicado el testigo, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en que se pudo averiguar que esas armas cuya puja había quedado desierta en las subastas de 2016 y 2017, en total cinco, habían pasado a manos de quien el acusado calificó el primer día del juicio como “colaboradores” de la Guardia Civil.

El presunto delito estriba en que el jefe de la Intervención de Armas vulneró una circular de 2012 que, de forma taxativa, determina que el destino de estas armas son su achatarramiento--las que no han contado con puja en subastas y luego no han sido reclamadas por sus depositarios--y prohíbe que los funcionarios de dicha unidad las liciten para sí o actúen directamente como intermediarios entre los titulares y nuevos adquirientes.

“Era un conseguidor de armas”, ha mantenido el instructor del expediente tras indicar que de la toma de declaración a los dueños de las armas y los nuevos propietarios se dedujo que el agente había llegado a contactar por teléfono con los primeros, incluso personalmente acudiendo a sus domicilios uniformado, para decirles que la subasta había quedado desierta y, “haciendo de intermediario”, proponerles un nuevo titular, él mismo, un hermano o bien amigos suyos.

“La iniciativa la tomó él. Ningún dueño de estas armas reclamó de nuevo la titularidad y, además, ni éstos ni los nuevos adquirientes se conocían”, ha explicado el comandante R.F.G, quien también ha apuntado que ninguna de las trasferencias se firmó en la Comandancia sino en los domicilios de los depositarios e incluso alguna en un bar y sin que unos y otros llegaran a coincidir en un mismo acto. “Lo lógico es que se hubieran firmado en la Comandancia y a presencia de unos y otros”, ha declarado el testigo, quien no tiene “ninguna duda” de la conducta delictiva del procesado.

“Relación contractual”, no un colaborador

En el caso de tres de las armas que fueron a parar a manos del dueño de un galería de tiro, uno de los supuestos “colaboradores” de la Guardia Civil mencionado por el acusado, tanto el instructor del expediente como el secretario han rechazado que el beneficiario tuviera ese reconocimiento en la base de datos del Cuerpo y han coincidido al rebajar al ámbito “contractual” su relación con el Instituto Armado, en calidad de titular de unas instalaciones donde los agentes realizaban prácticas.

A ambos testigos, sin embargo, no les consta que el acusado hubiera obtenido un enriquecimiento con esta labor de intermediación por cuanto J.M.Z.P. como las personas a las que derivó las armas han asegurado que fue un “regalo”, aunque también han coincidido al señalar el instructor y el secretario del expediente que en ese caso, amén del delito de negociaciones prohibidas a funcionario, se estaría hablando de un segundo delito.

También han declarado que en el caso de una de las armas, el acusado la adquirió para sí previo pago de 300 euros, así como que en otra fue el nuevo adquiriente quien comunicó al agente su interés por una que había visto en la relación de armas objeto de subasta y que luego, casualmente, fue la que obtuvo.

El fiscal del caso solicita para el acusado, con carácter provisional, una pena de un año y tres meses de cárcel, multa de 3.600 euros y su inhabilitación por un periodo de cuatro años y medio.