El TSJ ratifica la condena de 10 años de cárcel para la mujer que simuló secuestro y maltrato por su expareja

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León que condenó a una mujer por simulación de delito y detención ilegal y a un hombre como cómplice de simulación de delito.

La Audiencia Provincial impuso a la mujer un total de diez años de prisión y al hombre siete meses de multa, según han indicado fuentes judiciales a través de un comunicado.

La condenada convenció a un amigo para engañar a las autoridades judiciales y policiales, mediante la simulación de varios delitos de malos tratos y la denuncia a su exnovio como autor de estos y así conseguir que éste fuera detenido y encarcelado.

La mujer recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial de León al entender que hubo error en la apreciación de las pruebas, según ella, “más que a su actuación, a la que se atribuyen sin fundamento una serie de complejas maquinaciones que no se corresponden con sus limitadas capacidades y su frágil personalidad”.

En cambio, la Sala entiende que “la condena del tribunal provincial se halla suficientemente fundada y resulta concluyente frente a la hipótesis exculpatoria que esgrime la defensa”.

Así, “atendiendo al análisis de las pruebas de la sentencia recurrida, se desprende que la intervención de la acusada en los hechos fue la causa eficiente de las privaciones de libertad acordadas para su expareja”.

Agentes y juez como instrumentos

El TSJCyL cree acreditado que los mensajes intimidatorios recibidos se los remitió ella a sí misma y, además, los testimonios de los efectivos de Guardia Civil que realizaron la reconstrucción de los hechos, junto con los de los otros testigos y de ambos condenados, “dejan fuera de toda duda la falsedad del secuestro preparado por la condenada para conseguir que su expareja fuera detenido y encarcelado”.

La Sala estima que “la mujer planeó una utilización de los agentes actuantes y del juez de instrucción como instrumentos para actuar conforme a derecho y acordar la detención y el ingreso en prisión de su exnovio ante unos hechos que, tal y como fueron presentados por la entonces denunciante, revestían fundados indicios de delito y riesgo para su integridad física”.