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CATALUNYA

Catalunya plantea medidas para frenar la compra de pisos de desahuciados por fondos buitre

El Gobierno muestra su preocupación por las grandes operaciones de compra de viviendas por parte de fondos de inversión internacional que ya venían denunciando los afectados

La PAH considera que se trata de una medida "electoralista" que ofrece soluciones parciales, a diferencia de las propuestas de la ILP

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Protesta contra Blackstone en Nueva York. /EDU BAYER

Protesta contra Blackstone en Nueva York en apoyo a una acción de la PAH en Barcelona / EDU BAYER

Finalmente parece que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o 500x20 no son los únicos que se preocupan por cómo los fondos buitre han visto en la crisis de las hipotecas una oportunidad de negocio. La Generalitat de Catalunya ha anunciado un decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para reforzar la protección de las familias en riesgo de vulnerabilidad residencial "después de que se hayan detectado operaciones de comercialización internacional de grandes paquetes hipotecarios y de vivienda, procedentes de ejecuciones hipotecarias, donde viven familias en situación de vulnerabilidad ", afirma el Gobierno en una nota.

La PAH lo venía denunciando con acciones desde hace semanas –algunas desalojadas por la policía y otras con apoyo internacional– el hecho de que el fondo de inversión Blackstone hubiera adquirido la gestión de las hipotecas de CatalunyaCaixa y como esto dejaba las familias afectadas en situación de indefensión. Con el nuevo decreto se debería impedir que sigan proliferando este tipo de operaciones financieras que perjudican a las familias más vulnerables, pero la PAH no lo ve claro.

Las claves del decreto

Derecho de tanteo y retracto. Las entidades financieras deberán comunicar a la Generalitat la venta de viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias, y ésta y los entes locales tendrán preferencia para comprar el piso al mismo precio para destinarlo a alquiler social. Esta medida se aplicará hasta el 2021.

Rehabilitación de pisos de desahucios. En seis meses después de la aprobación del Decreto, las entidades financieras estarán obligadas a rehabilitar las viviendas provenientes de desahucios o daciones en pago para garantizar su buen estado. También tendrán la opción de cederlas a la administración para que realice las obras y durante 10 años las dediquen a familias en riesgo de exclusión.

Ayudas para afectados en alquiler social. Las familias que hayan perdido su piso pero sigan viviendo en él con un alquiler social tendrán prioridad a la hora de obtener ayudas al alquiler.

Registro de pisos vacíos. Se creará en un plazo de tres meses un registro –como el que tienen algunos municipios que han aprobado la moción de la PAH– de pisos vacíos propiedades de entidades financieras.

Desde la PAH, Carlos Macías considera que se trata de una medida electoralista y lamenta que se apruebe por la vía del decreto ley sin consultar a nadie, "ni siquiera a las entidades que estamos trabajando e impulsando la ILP de medidas urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética"."Lo que hace CiU es lo mismo que hizo el PP presentando la ley de segunda oportunidad en periodo electoral, colarnos un tanto reduciendo nuestras demandas al mínimo", critica.

Macías asegura que hasta que no se publique el decreto no podrán evaluar a fondo las medidas, pero avanza que lo que ha planteado este martes el Govern es insuficiente. "Sólo habla de los pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias y daciones, no de todos los pisos vacíos que tienen los bancos rescatados con dinero público, ni de los desahucios por alquiler, que son cada vez más en Catalunya". Además, el portavoz de la PAH considera que estas medidas plantean "transferir aún más recursos públicos a los bancos con la compra de las viviendas".

Menos contundente que la ley en vigor

Este decreto avanza algunos contenidos del proyecto de ley del impuesto sobre las viviendas vacías que se está tramitando actualmente en el Parlament de Catalunya. El texto propuesto por el Govern preveía crear el registro de viviendas vacías y establece que el gobierno pueda cobrar un impuesto de entre 500 y 1.650 euros a los propietarios de viviendas que lleven más de dos años desocupadas "sin causa justificada". En cambio, la ley en vigor, aprobada por el tripartito, ya contemplaba multas que pueden alcanzar los 900.000 euros por vivienda. Sin embargo, esta medida no ha sido nunca aplicada por la Generalitat.

Además de plantear medidas para poner los pisos vacíos a disposición de un alquiler asequible, la ley del derecho a la vivienda de Catalunya de 2007, también contemplaba otras medidas como el alquiler forzoso o la expropiación temporal en caso de incumplimiento de la función social de la vivienda. No obstante, estos artículos de la ley, similares a la famosa legislación aprobada por el gobierno de Andalucía, fueron eliminados por el gobierno de CiU con el apoyo del PP entre las medidas de la ley Ómnibus.

Lo que aún mantiene la legislación, y que algunos ayuntamientos catalanes empiezan a aplicar a partir de mociones presentadas por la PAH, es la posibilidad de sancionar como infracción muy grave el hecho de mantener desocupada una vivienda después de que la Administración haya adoptado las medidas establecidas para evitar la desocupación permanente. La multa puede ser de hasta 900.000 euros si la impone la Generalitat, 500.000 si lo hacen los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes o de 250.000 si lo hacen los de más de 5.000.

Sufriendo por los fondos buitre

A diferencia del proyecto de ley, en la presentación del nuevo decreto la Generalitat habla de "operaciones de comercialización internacional de grandes paquetes de títulos hipotecarios y de viviendas", un problema que las entidades sociales llevaban semanas denunciando. "Ahora mismo en una de las entidades financieras con más hipotecas en Catalunya, CatalunyaCaixa, el 90% de la gestión hipotecaria pasará a manos de un fondo buitre, que es Blackstone", denuncia Carlos Macías.

Esta situación perjudica especialmente a las familias que se encuentran en una situación de incertidumbre, pendientes de la venta de la gestión de estas hipotecas, que parece que no estará cerrada hasta la primavera. Mientras, CatalunyaCaixa ofrece a los afectados una oportunidad que está siendo duramente criticada por la PAH, los llamados "contratos de espera". La entidad ofrece a las familias que no pueden pagar la hipoteca un contrato que les permite seguir en su casa por cuotas de 300 o 400 euros al mes hasta marzo, cuando Blackstone se haga cargo de la gestión.

La contrapartida, sin embargo, es que los afectados no protesten. Deben firmar el compromiso de "no iniciar ni directa ni indirectamente ningún tipo de acción contra el banco durante la vigencia del acuerdo". Desde la PAH consideran que estos contratos, por un lado no solucionan los problemas de las familias, y por otro eliminan su derecho a la protesta.

Y las administraciones que deberán estar implicadas en la aplicación del nuevo decreto tampoco están exentas de responsabilidad en la agresiva entrada de fondos buitre aprovechando la crisis. La plataforma vecinal 500x20 denuncia desde hace meses que se están vendiendo pisos de protección oficial a fondos de inversión. 298 viviendas de protección concebidas para jóvenes en Barcelona están en manos de un fondo de inversión que ya compró pisos de protección oficial en Madrid. La sociedad del Consejo Comarcal del Barcelonès que gestionaba los pisos vendió el derecho de explotación de estos cuatro bloques a una sociedad de inversión: Colón Viviendas. Los vecinos denuncian que se saltan la normativa de las viviendas de protección anunciandolas en el mercado y los obligan a pagar cuotas elevadas, como un parking obligatorio.

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